El increíble caso del okupa convergente

¿Se imaginan que un consejero municipal –un concejal de distrito-  de un partido que ha gobernado la ciudad viviera 27 años en un edificio de propiedad municipal sin pagar el alquiler–sin pagarlo él ni ningún otro vecino-, y sin avisar de esa anomalía? ¿Se imaginan que además ocupara la vivienda contigua a la suya aprovechando que los anteriores inquilinos han fallecido?

Dejen de imaginarlo. Existe y vive en Barcelona. Se llama Joan Figuerola Borràs. Al principio del mandato le pillaron con las manos en la masa. Pero no se asusten, no ha perdido la plaza: sigue siendo consejero municipal del PDECat en Sarrià-Sant Gervasi. Puede percibir dietas, hasta un valor máximo de 10.000 euros.

Como consejero de distrito destacó en la labor de denunciar las ocupaciones de inmuebles en el distrito. De hecho, cuando este diario publicó su caso y le llamó para recabar su versión de los hechos, el hombre creyó que se le preguntaba por algunas fincas ocupadas en Sarrià. Pero el okupa era él.

El cobrador dejó de venir

Cuando el equipo de Barcelona en Comú tomó el mando en el consistorio, se encontró el edificio en un cajón. Es el inmueble que se encuentra en la esquina que forman el número 12 de la calle de Isaac Albéniz y el 10 de Tres Reis. Apenas 100 metros por debajo de la Ronda de Dalt, junto a la Via Augusta. Erigido en el emplazamiento en el que antes había una torre, el edificio era de propiedad privada y fue expropiado en 1989 para la realización de una operación urbanística que luego fue anulada.

El privado rechazó recuperar la casa y el ayuntamiento, nuevo propietario, se olvidó de hacer contratos nuevos y de cobrar el alquiler. Al parecer, alguno de los vecinos hizo inicialmente el gesto: llamó a la antigua propiedad para preguntar por qué el cobrador que se presentaba un domingo de cada mes –a unas 2.000 pesetas mensuales por pisos de unos 50 metros cuadrados- ya no lo hacía. Le dijeron que ellos ya no tenían nada que ver.

A partir de aquí, el asunto funcionó más o menos como en 'La comunidad', de Álex de la Iglesia: se impuso un manto de silencio por interés económico. Existe un matiz: en la comunidad de De la Iglesia, los vecinos se conjuran para intentar recuperar la quiniela premiada que un vecino esconde para no compartir el dinero ganado. En el edificio de Sarrià el beneficio se logró: además de vivir 27 años sin pagar el alquiler, los inquilinos del consistorio tampoco pagaron el IBI. No existían para las cuentas municipales.

El jefe de los vecinos

En su momento, alguno de los vecinos contó que Figuerola decía a los demás que él, con sus contactos políticos, se aseguraría de que no tuvieran problemas. También se fue de la lengua en un tema más espinoso: admitió ante alguno de sus compañeros de edificio que, una vez muertos los inquilinos del 4º 1ª, él, que vive en el 4º 2ª, había cambiado la cerradura y había ocupado la vivienda. Para que no hubiera bichos. Por allí se resquebrajó la trama.

En febrero del 2016, una comitiva municipal intentó abrir la puerta del 4º 1ª: el piso iba a ser entregado temporalmente a una familia sin recursos. La llave no encajó. Al día siguiente, acudieron de nuevo y Figuerola abrió su puerta y les dijo que allí seguía viviendo la misma pareja de Tamarite de Litera (Huesca) que, en realidad, había fallecido cinco años antes. A la tercera, el consejero de distrito admitió ante agentes de la Guardia Urbana que su hijo, desempleado ocupaba la vivienda, y que había entrado con unas llaves que él tenía. “No puede ser que los antiguos inquilinos se la dieran, se llevaban fatal”, aseguró otro vecino sobre ese dato.

El desahucio

El ayuntamiento procedió entonces a iniciar un proceso de recuperación de la vivienda. No fue sencillo. Figuerola intentó inicialmente que el consistorio adjudicara el piso a su hijo, pero no se daban las condiciones para que recibiera un alquiler social, a precio reducido. Al final, en mayo del 2016, el hijo se presentó en el consistorio y devolvió la llave.

El PDECat, entonces CiU, consideró que la trama no afectaba al padre, sino al hijo. Y optó por mantenerlo en el cargo. Aunque parezca increíble. Figuerola fue regresando al anonimato, pero esta vez con un contrato de alquiler a razón de 350 euros el mes, y por cinco años. Y eso que él de entrada rechazó ese trato: supo que algunos de sus vecinos habían logrado un contrato vitalicio a un precio inferior por su situación precaria y exigió las mismas condiciones. Cuando lo iban a echar, aceptó la oferta

Tuits sobre vivienda

Desde entonces, Figuerola ha seguido su vida sin aparente incomodidad del PDECat. El okupa convergente no se corta. En sus dos cuentas de Twitter ha publicado mensajes acusando a Gerardo Pisarello, concejal de Sarrià cuando se destapó el caso, de inventarse la ocupación.

También ha criticado la política de vivienda de Colau. Y que se entregue pisos a extranjeros.

Y la semana que viene: ‘ Good Bye, Lenin’, Colau y la memoria histórica: estatuas retiradas, calles rebautizadas.