ANTEPROYECTO
Baleares declara la guerra a las cápsulas de café no reciclables
Las cápsulas de café de un solo uso tienen los días contados, al menos en Baleares, según un anteproyecto de ley del que es pionero el Govern balear. Y no solo las cápsulas, los bastoncillos para los oídos, las maquinillas de afeitar de un solo uso, los mecheros de usar y tirar desaparecerán de estancos, las pajitas de plástico y platos, cubiertos, vasos de plástico de un solo uso y palos de piruletas y chupachups. De la misma manera, se plantea restricciones a las toallitas húmedas, que ocasionan graves problemas de contaminación y saturación en el alcantarillado.
La medida, contemplada en anteproyecto de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de las Islas Baleares -que todavía no ha entrado en el Parlamento-, vetará las cápsulas de un solo uso que no estén fabricadas con material compostable y solo permitirá las comercializadas por empresas que sigan un proceso de recogida y reciclaje de estas en caso de no estar fabricadas con estos componentes. La regulación previsiblemente entrará en vigor el 1 de enero del 2020.
En este mismo contexto, el Govern prohibirá a los comercios y puntos de venta de alimentos tirar comida en buen estado. Esta futura ley contempla el desarrollo de un reglamento que, además de prohibir que se desechen como basura alimentos aptos para el consumo, regulará la donación de la comida sobrante de comedores escolares, hospitales, residencias y otras grandes cocinas colectivas.
Entregar los alimentos no consumidos
El borrador de la ley, que el Govern ha sacado a exposición pública, recoge que cuando la ley entre en vigor establecerá la obligación para bares y restaurantes de entregar a sus clientes los alimentos que hayan pagado pero no consumido.
La normativa impulsada por la Conselleria de Medio Ambiente del archipiélago se avanza a la regulación europea al adelantar a enero del próximo año la prohibición de distribución de bolsas de plástico de un solo uso por parte de las tiendas, que solo podrán emplear "bolsas compostables muy ligeras" en el caso de productos alimentarios.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, el Gobierno sancionará a quien la incumpla con multas de 300 euros para las infracciones más leves y de hasta 1,7 millones de euros para las muy graves.
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