protección del ámbito marino del parque natural
Agricultura cede y acepta pactar el plan de usos del Cap de Creus
Las alegaciones se resolverán conjuntamente con los ayuntamientos
La Conselleria d'Agricultura ha cedido a las presiones y ha aceptado pactar con los ayuntamientos el plan rector de uso y gestión (PRUG) del ámbito marino del parque natural del Cap de Creus. En una nota de prensa conjunta redactada con los municipios de Roses, Cadaqués y El Port de la Selva, el departamento que dirige Josep Maria Pelegrí aboga por el «consenso» (la palabra aparece seis veces en el comunicado) «ante la polémica surgida» por la tramitación de una normativa «que ha generado mucha inquietud en el territorio», reconoce el texto.
Entre otras medidas, el PRUG prohíbe el fondeo libre en las calas del parque y prevé que las barcas de recreo solo puedan amarrarse, con reserva previa, a las 265 boyas que se instalarán y por las que se podrá cobrar una tasa de entre 20 y 40 euros por día, en función de la eslora.
SUBMARINISTAS
La normativa también afecta a los cruceros turísticos de pasajeros, que dispondrán de tres boyas, y a los clubs de buceo, que pueden ver restringida su actividad, ya que el gestor del parque puede limitar el número de inmersiones y amarres diarios en las zonas en las que considere que la sobrefrecuentación de submarinistas pone en peligro los hábitats marinos.
Desde que se conoció que la conselleria había aprobado el plan de forma inicial y había iniciado su tramitación poniéndolo a exposición pública, se han prodigado las protestas de los municipios y de los sectores afectados. El miércoles pasado, Pelegrí se reunió con los alcaldes de Roses, Cadaqués y El Port de la Selva y acordaron que las alegaciones que se presenten al PRUG serán resueltas «conjuntamente» por su departamento y por la Junta Rectora del parque, en la que participan los 8 municipios cuyo territorio forma parte del espacio protegido.
«Pelegrí ha hecho ahora lo que tenía que haber hecho desde un principio: negociar el plan con los municipios implicados, porque nosotros estamos en medio de los empresarios, que lo quieren todo, y de los ecologistas, que no quieren nada. Somos los más interesados en que haya un equilibrio entre la protección del parque y su sostenibilidad económica», explicó ayer una fuente municipal de uno de los ayuntamientos afectados.
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