Vacante desde 2022

Mataró busca a su próximo Defensor de la Ciudadanía

El cargo quedó vacante en junio de 2022, tras la muerte de Jordi Puigderrajols i Coll, que ostentaba el cargo desde su creación, el 15 de enero de 2001

El Síndic de Greuges de Rubí, nuevo presidente del Fòrum de Defensors Locals de Catalunya

Vecinos de Mataró en una imagen de archivo

Vecinos de Mataró en una imagen de archivo / ÀNGEL GARCÍA

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Mataró buscará, durante los próximos treinta días, a su siguiente Defensor de la Ciutadania, después de casi dos años con el puesto vacante. El ayuntamiento ha informado de la apertura del proceso de selección, que restará abierto desde hoy y hasta el 15 de abril. Una vez se cumpla el término, se procederá a la valoración de las candidaturas por parte de la Junta de Portavoces y será el Pleno municipal del mes de julio el que aprobará finalmente al candidato seleccionado.

La capital Maresme carece de defensor de la ciudadanía desde julio de 2022, cuando falleció Jordi Puigderrajols i Coll, que ostentaba el cargo desde su creación, el 15 de enero de 2001. El consistorio recuerda que "se podrá presentar cualquier persona residente o vinculada al municipio de Mataró" y que adjunte un proyecto de organización de la tarea de Defensoría de la ciudadanía en su solicitud.

Una vez propuesta la candidatura, resultará escogida si obtiene una mayoría de las tres quintas partes del Pleno. Si no se logra esta mayoría, en la segunda votación será suficiente la mayoría absoluta.

La presentación de las candidaturas se tiene que hacer vía telemática a través de la Sede Electrónica de la página web municipal o presencialmente en las Oficinas de atención y asistencia a la ciudadanía. La Defensoría de la Ciudadanía tiene la función de defender y proteger los derechos de las personas respecto a las actuaciones del Ayuntamiento de Mataró y de los organismos y empresas públicas.

Las tareas propias de la persona que ostente el cargo tienen que ver con la supervisión de actuaciones de la administración municipal; la resolución de las quejas que se le presenten; la investigación y actuaciones de oficio sobre fenómenos sociales o actividades municipales; la mediación, conciliación y otras fórmulas de resolución de conflictos, entre la administración y el sujeto de la queja; o la emisión de dictámenes o informes generales en materia de su competencia.

Además, el futuro síndico deberá difundir los derechos humanos en la ciudad; proponer o recomendar la aprobación de modificaciones normativas; y cuidarse de garantizar el derecho a una buena administración.

Las sindicaturas están implantadas en 46 ayuntamientos de Catalunya, dando servicio a 4,6 millones de habitantes. Precisamente este jueves, el Fòrum de Defensors Locals de Catalunya ―la asamblea que incorpora a todos los síndicos del país―, escogió a su nuevo presidente, el Síndic de Greuges de Rubí, Carles Aluju Ferrer.

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