El Tribunal Supremo del Reino Unido tumba el plan del Gobierno para deportar a migrantes a Ruanda

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha tumbado este lunes por unanimidad los planes del Gobierno para deportar a Ruanda a los migrantes que lleguen de forma irregular al país. Los jueces han aceptado los argumentos presentados por las organizaciones de derechos humanos y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que sostienen que el país africano no ofrece las garantías suficientes en la tramitación de las solicitudes de asilo y que existe el riesgo de que personas con el derecho a obtener el estatuto de refugiado sean deportadas a sus países de origen, poniendo en riesgo su vida. El presidente del tribunal, Robert Reed, ha confirmado la sentencia del Tribunal de Apelación, que llegó a las mismas conclusiones a finales de junio.

"ACNUR ha presentado pruebas de una serie de deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda. La importancia de estas pruebas radica en que si las solicitudes no se tramitan adecuadamente, las reclamaciones auténticas pueden ser rechazadas erróneamente", ha asegurado Reed en la lectura de la sentencia. Los magistrados han basado sus deliberaciones en los compromisos internacionales adquiridos por el Reino Unido en materia de protección y asilo. Unos compromisos materializados en la firma de varios convenios de las Naciones Unidas y de la Convención Europea de los Derechos Humanos y que impiden, bajo el principio de no devolución, las deportaciones a países que no puedan garantizar la seguridad de los refugiados.

El Tribunal de Apelación británico frena los planes del Gobierno para deportar refugiados a Ruanda

Golpe para Sunak

La decisión supone un duro golpe para el primer ministro, Rishi Sunak, quien ha hecho del combate a la inmigración irregular uno de sus principales lemas para tratar de recuperar la confianza de los votantes más acérrimos del Brexit. En un intento por acallar las críticas del ala más dura de su partido, Sunak ha endurecido su discurso tras conocer la sentencia y ha anunciado la redacción de un nuevo tratado internacional con Ruanda, en el que se garantizará que el país es seguro para impedir que los tribunales nacionales puedan volver a bloquear la medida. "Daremos el paso extraordinario de introducir una legislación de emergencia. Esto permitirá al Parlamento confirmar que, con nuestro nuevo tratado, Ruanda es segura y asegurará que no se retrasan aún más los vuelos [de deportación]", ha explicado.

El primer ministro ha apuntado también a que impulsará las medidas necesarias para evitar el bloqueo por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), que ya impidió la salida de un primer vuelo hacia Ruanda en junio del año pasado. "El objetivo fundacional del Convenio Europeo de Derechos Humanos no es impedir que un Parlamento soberano expulse a inmigrantes ilegales a un país considerado seguro por la ley parlamentaria y el derecho internacional vinculante", ha señalado Sunak. "No permitiré que un tribunal extranjero bloquee estos vuelos", ha añadido, en la línea de lo que reclamaba la exministra del Interior, Suella Braverman, quien acusó este martes al 'premier' de incumplir sus promesas y de evitar incluir cláusulas en la ley que permitan esquivar los compromisos internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos.

Revisión del marco legal

Sunak pretende evitar nuevos bloqueos judiciales sin abandonar los convenios internacionales de derechos humanos, aunque todavía no está claro qué mecanismos concretos utilizará para esquivar las posibles trabas del TEDH. El primer ministro confía en que los primeros vuelos a Ruanda se materialicen a principios del próximo año, pero ha evitado ofrecer garantías de que las deportaciones se activarán antes de las elecciones, independientemente de las posibles batallas legales. Algunos diputados del ala dura del partido le han llegado a pedir que ignore la sentencia del Supremo, algo que Sunak no se ha mostrado dispuesto a hacer.

La única certeza por ahora es que el Ejecutivo no podrá implementar su plan original, que impedía reclamar asilo ante las autoridades británicas a cualquier persona que llegara de forma irregular al Reino Unido, ofreciendo Ruanda como alternativa. En caso de que esa solicitud fuese aceptada por el país africano, los migrantes podrían permanecer en su territorio pero nunca regresar al Reino Unido. La sentencia de este lunes no entra a valorar la externalización del sistema de asilo —algo que sí permite la ley británica— sino la capacidad de Ruanda de garantizar que las personas que sufren persecución no serán deportadas a sus países de origen. El Gobierno del país africano insiste en que ofrece todas las garantías necesarias y ha destacado el trabajo con el Gobierno británico para asegurar "la integración de los solicitantes de asilo reubicados en la sociedad ruandesa".