El Tribunal de Apelación británico frena los planes del Gobierno para deportar refugiados a Ruanda

El Gobierno británico ha recibido un nuevo revés este jueves en su plan para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda y frenar la llegada irregular de inmigrantes al Reino Unido. El Tribunal de Apelación ha dado la razón a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que presentaron un recurso el pasado enero contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia, que había dado luz verde al proyecto del Gobierno pocos meses antes. 

Los jueces del Tribunal de Apelación han justificado la sentencia argumentando que Ruanda no cumple con las garantías suficientes para proteger los derechos de los refugiados y que existe el riesgo de no respetar el artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. "Hay razones fundadas para creer que existe un riesgo real de que las personas enviadas a Ruanda sean devueltas a sus países de origen, donde sufrieron persecución u otros tratos inhumanos, cuando en realidad tienen una razón sólida para solicitar asilo", han especificado los jueces en la sentencia, leída por el presidente del tribunal, Lord Ian Burnett, y que ha contado con dos votos a favor y uno en contra.

Reacciones en contra

La decisión supone un duro golpe para el primer ministro, Rishi Sunak, y para la ministra del Interior, Suella Braverman, quienes han hecho del combate contra la inmigración una de sus principales banderas, conscientes de que gran parte de sus opciones para ganar las próximas elecciones pasa por cumplir con una de las grandes promesas del Brexit. "Creo firmemente que el Gobierno ruandés ha dado las garantías necesarias para asegurar que no hay riesgo real de que los solicitantes de asilo reubicados en virtud de la política ruandesa sean devueltos erróneamente a terceros países", ha afirmado Sunak a través de un comunicado, en el que ha confirmado las intenciones del Ejecutivo de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

Algunos diputados conservadores también han mostrado su desacuerdo con la sentencia e incluso han apuntado a una posible salida del Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ya frenó la salida a Ruanda de un avión el pasado junio con siete refugiados a bordo.  

El Gobierno ruandés tampoco ha tardado en reaccionar a la decisión. En un comunicado emitido por una de sus portavoces, el país africano ha rechazado los argumentos expuestos por el tribunal y ha calificado al país como "uno de los más seguros" del mundo. "Hemos sido reconocidos por ACNUR y por otras instituciones por nuestro trato ejemplar a los refugiados. Ruanda continúa comprometida en hacer que esta colaboración funcione. Cuando lleguen los migrantes, les daremos la bienvenida y todo el apoyo que necesiten para construir sus nuevas vidas", ha asegurado. Por ahora, el país ha recibido 140 millones de libras (unos 160 millones de euros) para financiar la medida, que contemplaba el traslado de 1.000 solicitantes de asilo en una primera fase. Sólo en 2022 llegaron más de 45.000 personas a través del Canal de la Mancha.

Ley polémica

El Gobierno británico confía en la aprobación de la polémica Ley de Inmigración Ilegal, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria, y que prevé dar mayores facilidades para la deportación de solicitantes de asilo a terceros países, así como dar instrumentos para ignorar las decisiones del TEDH. La ley ha sido objeto de controversia esta semana por los gastos asociados al traslado de los inmigrantes a Ruanda, que según un documento publicado por el Ministerio del Interior ascenderían a cerca de 169.000 libras por persona (unos 200.000 euros), 70.000 euros más que lo que costaría mantenerlos en el Reino Unido. El Ejecutivo ha justificado el gasto asegurando que la medida tendrá un impacto disuasorio para futuras llegadas al país y que será rentable a largo plazo.

Los planes del Gobierno han sido muy criticados por las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos, que han celebrado la decisión del Tribunal de Apelación este jueves. La entidad benéfica Asylum Aid, una de las impulsoras del recurso junto a una decena de los solicitantes de asilo afectados por la medida, ha asegurado que la sentencia supone una “reivindicación de la importancia del Estado de Derecho y de la equidad básica cuando están en juego derechos fundamentales". La de este jueves supone una pequeña victoria para ellos, aunque han lamentado que no se haya cerrado la puerta a las intenciones del Gobierno de forma definitiva.