El Tribunal Supremo de Israel celebra una audiencia histórica para decidir si acepta que Netanyahu recorte sus poderes

Nunca en los 75 años de historia del Estado de Israel se había visto algo igual. Los 15 magistrados del Tribunal Supremo, es decir, la totalidad de los miembros de la corte, se han reunido por primera vez desde su creación en 1948 para atender una audiencia histórica. Durante este martes, los jueces están escuchando las peticiones en contra y a favor de la primera de las leyes de la reforma judicial impulsada por el gobierno ultraderechista de Binyamín Netanyahu. Las calles de Israel llevan días en ebullición a medida que escalan las protestas del movimiento civil sin precedentes surgido a raíz de este proyecto legislativo que consideran peligroso para su democracia. 

Israel aprueba una ley para limitar el poder del Tribunal Supremo

“Hoy estamos aquí con millones de ciudadanos para detener el golpe del gobierno”, ha dicho desde la sede judicial Eliad Shraga, presidente del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, encargado de presentar la petición junto con otros grupos de la sociedad civil. “Juntos preservaremos la democracia israelí”, ha defendido. También los activistas derechistas han expresado su opinión a las puertas de la Corte Suprema. “¡El pueblo es el soberano!”, han gritado una cuarentena de personas que sostenían carteles afirmando haber votado a Netanyahu, no a la presidenta del elevado tribunal, Esther Hayut. En esta audiencia, los magistrados deben decidir si aceptan límites a sus propios poderes, ya que eso es lo que pretende la ley de razonabilidad aprobada por el Parlamento en julio. 

Esta ley se convirtió en realidad con 64 votos a favor y ninguno en contra, ya que los diputados de la oposición abandonaron el pleno en protesta. Establece que los jueces ya no pueden anular decisiones ministeriales utilizando el estándar legal de “razonabilidad”, acabando así con una de las enmiendas de las Leyes Básicas del sistema democrático israelí. El Estado hebreo no cuenta con una constitución pero funciona a partir de 13 leyes básicas. El alto tribunal cuenta con la capacidad de un Tribunal Constitucional para anular aquellas leyes que chocan con alguna ley básica. Lo ha hecho una veintena de veces desde que en los años noventa, se le concedió este poder para evitar decisiones gubernamentales o nombramientos considerados poco sólidos o corruptos. 

36 semanas de protesta

Las multitudinarias protestas en Israel contra la reforma judicial fuerzan las negociaciones para lograr consenso

Hasta ahora, la Corte Suprema no ha tumbado una ley básica como está tratando de decidir ahora. El cariz inédito de la ocasión podría desembocar en una crisis constitucional sin precedentes. En las últimas semanas, el Gobierno en el poder, el más conservador en la historia de Israel, ha lanzado severas advertencias contra el tribunal. Netanyahu y sus aliados de extrema derecha consideran que no cuenta con el poder para tumbar la ley y que esto “podría llevar a la anarquía”. Amir Ohana, presidente de la Knesset, el Parlamento israelí, vaticina un “abismo” y afirma que la cámara legislativa “no permitiría sumisamente ser pisoteada”. Netanyahu no ha aclarado si acatará la decisión del tribunal. “Espero que no lleguemos a eso”, ha dicho.

Decenas e incluso cientos de miles de personas llevan 36 semanas consecutivas saliendo a la calle para protestar contra esta polémica reforma judicial. Defienden la importancia de garantizar estos poderes de la Corte Suprema que actúan como garante del carácter secular de Israel, como protector de sus minorías y como baluarte contra el autoritarismo de sus líderes. A lo largo de este martes, de nuevo, todas esas masas de israelís se han tirado a las puertas de los edificios institucionales para defender su democracia. 

Mientras, la polarización ya se ha extendido por todo Israel. Una encuesta del Instituto de Democracia de Israel concluye que el 34% de los israelíes cree que las peticiones para derogar la ley deberían aceptarse, el 37% cree que debería rechazarse y el 29% no lo sabe. La Corte Suprema puede alargarse hasta enero para decidir si permite que el Ejecutivo le arrebate el poder que le permite, de alguna manera, controlarlo, pero que el Gobierno considera que es desproporcionado.