El Gobierno británico redobla su lucha contra la inmigración irregular en un mes crítico

El Gobierno británico se ha propuesto poner el combate contra la inmigración irregular en el centro del debate público esta semana. Y lo ha hecho con la presentación de un conjunto de medidas, perfectamente dosificadas a lo largo de los últimos días, que se han sumado al traslado de los primeros solicitantes de asilo a la barcaza ‘Bibby Stockholm’ del pasado lunes. La maniobra del Ejecutivo de Rishi Sunak, destinada a lanzar el mensaje de que está avanzando en su objetivo de frenar la llegada de embarcaciones a través del canal de la Mancha, llega a las puertas de unos días críticos, en los que la cifra de llegadas podría dispararse debido a las buenas previsiones meteorológicas.

El secretario de Estado de Migración, Robert Jenrick, ha destacado que las cifras se han reducido en lo que llevamos de año respecto al año anterior. Poco más de 14.700 personas han cruzado el canal de la Mancha entre enero y julio, mientras que 16.400 lo hicieron en el mismo período del año pasado. "Creo sinceramente que el Reino Unido tiene el plan más completo de todos los países europeos para abordar este problema", ha asegurado Jenrick este miércoles a ‘Sky News’. 

El Gobierno británico traslada a un primer grupo de migrantes a la barcaza 'Bibby Stockholm'

Nuevos acuerdos

Sin embargo, el secretario de Estado ha sido prudente y no ha querido anticipar el número total de llegadas de este año, consciente de que el mal tiempo de las últimas semanas ha podido jugar un papel importante en la reducción de las cifras. "Esto podría cambiar, pero demuestra que nos estamos ocupando de este asunto y que empezamos a avanzar". Según datos del Ministerio del Interior, agosto y septiembre fueron los meses con más llegadas el año pasado, unos datos que el Gobierno confía en reducir gracias a las últimas medidas anunciadas esta semana. 

Entre las medidas anunciadas está el acuerdo con las empresas tecnológicas para mejorar la detección de anuncios publicados por las mafias en las redes sociales, que ofrecen viajes al Reino Unido; una mayor persecución de los abogados que ayuden a tramitar solicitudes de asilo fraudulentas y un endurecimiento de las multas a las empresas que den trabajo a inmigrantes sin la documentación en regla. El Gobierno británico también ha anunciado un nuevo acuerdo con Turquía que permitirá una mayor cooperación entre los servicios de inteligencia de los dos países en su intento por detectar las redes de tráfico de personas. 

El objetivo ha sido poner encima de la mesa el debate sobre la inmigración en la misma semana en la que se ha inaugurado la polémica barcaza 'Bibby Stockholm' con la llegada de los primeros 15 ocupantes. Pero gran parte de las pretensiones del Gobierno se han quedado en papel mojado, después de que una veintena de solicitantes de asilo se negaran a trasladarse a la embarcación, apoyados por las organizaciones de derechos humanos. 

"Cárcel flotante"

La negativa ha supuesto un nuevo contratiempo para el Ejecutivo, que ya se vio obligado a retrasar el traslado de los primeros refugiados al barco, calificado de "cárcel flotante" por los activistas, y que ha amenazado ahora con retirar el apoyo prestado a las personas que rechacen el traslado. “No hay un menú a la carta en el que la gente pueda elegir el hotel o el lugar que más le convenga. Si eres indigente, obviamente aceptarás el alojamiento decente que el Estado pueda proporcionarte", ha advertido Jenrick. A pesar de que la capacidad de la barcaza se duplicó para dar cabida a 506 personas, el Gobierno insiste en que cubre todas las necesidades básicas.  

El primer ministro, Rishi Sunak, es consciente de la importancia de reducir el número de llegadas irregulares al país para cumplir con una de sus principales promesas. Pero las múltiples trabas técnicas y legales que están sufriendo sus planes, incluida la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, le están añadiendo cada vez más presión tanto dentro como fuera de su partido y algunos altos cargos del Ministerio del Interior ya han reconocido estar estudiando opciones alternativas a la de Ruanda en caso de que el Tribunal Supremo decida tumbar definitivamente el proyecto. 

Isla en el Atlántico

Entre las posibles opciones está una salida del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos o la búsqueda de destinos alternativos para los solicitantes de asilo, como la remota isla de Ascensión en pleno océano Atlántico. Una opción que ya fue descartada por el Gobierno de Boris Johnson, debido a su elevado coste, y que ha sido criticada por organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras, que la han comparado con el centro de detención para refugiados que Australia financió en la isla de Nauru y que provocó numerosos casos de suicidio e importantes secuelas psicológicas para los internos.