Investigaciones policiales españolas acreditan crímenes de guerra en Ucrania

Dos misiles rusos Iskander se llevaron este lunes las vidas de siete civiles e hirieron a otros 88 en la ciudad donbasiana de Pokrovsk, al destruir un restaurante, un hotel y la manzana de viviendas que los rodeaban. Una nueva masacre aporta relieve a la lista de los crímenes de guerra en Ucrania, dando fundamento al aviso del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en Logroño hace dos semanas, tras la reunión de ministros europeos de su sector: los crímenes de guerra se perseguirán, "se hará responsables a los que los cometieron" y la UE continuará ayudando a la Fiscalía General de Ucrania “en la investigación de los delitos, la atención a las víctimas y la construcción de un registro de daños para el Consejo de Europa".

Y eso apunta a la sugerencia del eurocomisario, de dar continuidad a las misiones policiales europeas que han ayudado a Ucrania en la certificación de crímenes cometidos por la Federación Rusa en su suelo.

Entre esos grupos de investigación está uno español, constituido por 20 policías y guardias civiles. Las pruebas que recabaron en invierno están ya en manos de la fiscalía ucraniana.

Pesquisas entre ruinas

Puede que hoy los recuerdos de los integrantes del Equipo Policial de Apoyo (EPA) que España envió a Ucrania sean sobre todo las noches sin luz en el área de Kiev, o las horas entre apuntes e informes en el refugio antibombas, o, en fin, la desesperación de la población. Pero lo que queda son los datos y las reconstrucciones que recavaron para la investigación en diez escenarios de ataques rusos. Cada uno había sido bombardeado al menos dos semanas antes, cada uno dos o tres veces, y cada uno con varias explosiones de bombas, drones o misiles.

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"La destrucción de centrales eléctricas y de calefacción tenía un gran impacto en la población -ratifica O. P., comandante de la Guardia Civil y jefe del EPA-. Afectaba realmente a la moral de la gente, aunque estaban determinados a seguir luchando".

El tipo de crimen que ha tocado investigar al equipo español es la destrucción de infraestructuras críticas. Sus áreas de pesquisa han sido las ruinas de subestaciones eléctricas, centrales termoeléctricas y zonas residenciales devastadas.

Desde el invierno Rusia tiene convertidas en objetivo de guerra las plantas de cogeneración, las calderas y las torres de alta tensión, dejando sin luz ni calefacción, en una gélida oscuridad, a sus víctimas. Este tipo de sabotaje es una forma de ataque a la población civil, señalado como crimen de guerra por la Convención de Ginebra.

Pero a menudo los policías y guardias españoles se encontraban devastado no tanto el objetivo buscado por la artillería rusa, sino también -o en su lugar- las viviendas, comercios y oficinas de alrededor. "Era frecuente -confirma el comandante-. El misil llegaba a la zona, pero o estaba mal lanzado o las medidas antimisil en tierra le hacían perder la trayectoria y reventaba un edificio residencial".

Así había pasado en uno de sus trabajos en Vishgorod, al norte de Kiev. Un misil que buscaba una central eléctrica acabó destruyendo "las casas de un barrio obrero y deprimido. Cayó a 20 metros de un parque infantil...", recuerda el jefe de la misión. El saldo fue de 10 muertos y 30 heridos. Otro lote para la suma de 9.369 civiles muertos y 16.646 heridos que cuenta el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Fúnebres escenas

"El objetivo de estos ataques era hacer sufrir a la población", sentencia O. P. Los agentes del EPA lo veían en directo. Dejaron amigos en la fiscalía y la policía ucranianas. Ahora, tras algún gran bombardeo, les escriben desde España: "¿Estáis bien? ¿Y vuestras familias?".

Kiev y el oblast de Kiev fueron la principal zona de trabajo del grupo. Con 8.300 millones de euros en daños a infraestructuras -según la Kiev School of Economics-, es una de las regiones más atacadas por esa estrategia rusa de dejar sin techo, agua o energía a la población.

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Tras unas pesquisas en Járkov fue aconsejable centrarse en la región de Kiev. Járkov quedaba al alcance de la artillería rusa, "y las condiciones de seguridad eran complejas", recuerda O. P. A los especialistas en análisis forense y mapeo les daban escolta, además de agentes del Servicio de Seguridad Interior de Ucrania, un equipo del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y geos de la Policía.

Coordinaban el grupo dos especialistas del área de inteligencia: el comandante O. P. trabaja en el Servicio de Información de la Guardia Civil; su segundo, el vicecoordinador, ha sido un inspector jefe de la Comisaría General de Información de la Policía. Nadie en el EPA llevaba uniforme, para evitar que los rusos tomaran como fuerza militar a quienes estaban en una misión policial.

Los españoles se planteaban en principio un triple trabajo: apoyo forense para identificación de causas de muerte, modelados 3D de escenarios de delitos con escáneres y drones, y una identificación de explosivos y armamento prohibido por agentes TEDAX. El segundo objetivo se convirtió en el principal de la misión.

En un viaje de preparación previo, O. P. visitó varias morgues ucranianas. Comprobó lo escasas que están en medios, y cómo los cuerpos se les amontonaban superando su capacidad: a un depósito apto para una autopsia al día le llegaron 3.000 muertos en un mes.

La pesadilla de la guerra extrema en Ucrania su crudeza. En una de esas visitas, en Jarkov, por falta de espacio en el depósito de cadáveres los abrumados forenses tenían guardados muchos cuerpos en la calle, en un contenedor refrigerado, a la puerta de la morgue. Un misil ruso acertó en aquella cámara frigorífica, y toda la calle quedó salpicada de muertos.

Trabajar en el refugio

Datos electrónicos e infográficos y pruebas fotográficas recogidas por el EPA obran en manos del fiscal ucraniano Andryi Konstin. Son pruebas recogidas de día y ordenadas de noche. Los investigadores enviados por Interior necesitaban la luz del día para tomar datos. "Cuando se ponía el sol, nos íbamos al hotel a hacer el tratamiento", relata el coordinador de la misión.

Pero pocas veces se podía trabajar en la comodidad del hotel. Durante la estancia del equipo español, sobre las áreas en las que estaban cayeron 144 misiles y drones suicidas, O. P. recuerda que recibían alertas antiaéreas por un sistema a la vez antiguo y moderno: "En la ciudad sonaban sirenas como de la Segunda Guerra Mundial, y también avisaba una app, con una alerta en el móvil. Pero muchas veces podías oír además el motor del dron. La gente ya se ha hecho a ese sonido".

Cuando sonaba la alarma bajaban a la planta -1 del hotel, al refugio. "Y allí podías estar 20 minutos... o cinco horas", recuerda el comandante. Los agentes se bajaban sus ordenadores, para seguir trabajando.

El bombardeo nocturno es insidioso, agotador. "La gente se acostaba temprano, porque no tienen luz ni calefacción. Pero si te acuestas a las once, y a las 12 te sacan de la cama para ir al refugio, y así día tras día... se acaba nervioso, cansado. Era penoso ver a los que no tienen sótano yendo al metro...", relata.

En su memoria se quedan las noches del refugio, el olor de las morgues, el dolor de los dedos helados cuando se sacan del guante para coger el móvil, unos kievitas llevándoles, como regalo, verduras de sus huertos, o que les saludaran en castellano, de repente, en una acera de Kiev. Eran antiguos niños de Chernóbil, de esos chavales que se estuvieron trayendo acá familias y oenegés, para darles un respiro.

Control de daños

Cuando, el pasado 12 de mayo, se reunió en Varsovia el multinacional Grupo Asesor sobre Crímenes Atroces (ACA), el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, llevó al foro un recuento de 82.000 casos de crímenes de guerra.

Formado por la UE, Estados Unidos y el Reino Unido, el ACA asesora a la fiscalía ucraniana en la recogida de pruebas para futuras actuaciones judiciales. También en cómo entrevistar a víctimas y testigos vulnerables, cómo recoger testimonios de presos, de niños o de víctimas de violencia de género...

Pero hay además un aspecto importante en la recogida de datos para una causa criminal: la valoración de daños a infraestructuras críticas. Un estudio de la Kiev School of Economics, también de mayo pasado, valora los daños causados a todo tipo de instalaciones públicas, sociales, viarias e industriales en 134.800 millones de euros.

De ese montante, se llevan una tercera parte las 158.000 viviendas y edificios residenciales destruidos o dañados. Las agresiones a instalaciones energéticas ocupan también un puesto alto en la valoración de daños: 7.310 millones de euros. Son cifras reunidas para el proyecto Russia will pay (Rusia pagará), que integra a diversas entidades ucranianas.

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