Blinken defiende en Australia la persecución judicial de Assange

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha defendido este sábado los argumentos de su país para procesar al fundador de la página web Wikileaks, Julian Assange. En una conferencia con su homóloga australiana, Penny Wong, durante su encuentro mantenido en Brisbane, Blinken insistió en que las acciones presuntamente cometidas por Assange "pusieron en peligro la seguridad nacional en beneficio de nuestros adversarios y pusieron en grave riesgo a las fuentes nombradas" en las filtraciones.

Estados Unidos lleva años intentando lograr la extradición de Assange, ciudadano británico nacido en Australia, que ahora mismo se está quedando sin opciones legales para defenderse. La Judicatura norteamericana quiere juzgar a Assange por cargos de espionaje y, si es declarado culpable, se enfrenta hasta 175 años de prisión. Wong, por su parte, incidió en que Australia no tiene intención de inmiscuirse en un proceso que atañe a otros países pero sí trasladó el sentir de buena parte de la población australiana, que considera que el proceso se está alargando en exceso y el deseo del Gobierno australiano "es que termine lo antes posible".

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Sensibilidad de Australia

En respuesta, Blinken se limitó a asegurar que EEUU entiende "la sensibilidad que comporta este caso" para la población australiana. "Pero es importante que nuestros amigos entiendan nuestra preocupación sobre esta situación", ha añadido. Assange, de 52 años, está acusado de robar y publicar material secreto de operaciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, poniendo así en peligro la vida de informantes estadounidenses. Por el contrario, los partidarios de Assange lo ven como un periodista que sacó a la luz crímenes de guerra.

Desde su arresto en 2019, Assange ha estado recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres. Anteriormente pasó varios años en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su detención. Más recientemente, vio cómo fracasaba una apelación contra su extradición en el Tribunal Superior de Londres. Esta decisión debe ser revisada y, de volver a ser rechazada, la única opción sería apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.