Arrecian las protestas en el Reino Unido tras la llegada de la primera 'cárcel flotante' para inmigrantes

La llegada de la barcaza ‘Bibby Stockholm’ a la isla de Portland, en el sur de Inglaterra, ha puesto en pie de guerra a las autoridades locales, a los vecinos y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Han sido varias las manifestaciones convocadas a la entrada del puerto, gestionado por una empresa privada, desde que la llamada “cárcel flotante” amarró el pasado martes. Entre ellas, la de activistas de la organización ‘Stand Up For Racism’, contrarios a las políticas migratorias del Gobierno, y de la plataforma vecinal ‘No to the Barge’, que ha criticado con dureza la medida ante el temor de que afecte a la economía y a la convivencia en el municipio.

Una de las representantes de la plataforma, Kate Robson, critica que la decisión no ha sido consultada en ningún momento a los habitantes del municipio y señala que no hay infraestructura suficiente para acoger a los cerca de 500 solicitantes de asilo que el Gobierno prevé instalar en la barcaza. “La población en la isla de Portland es de poco más de 13.000 habitantes. Tan solo hay dos médicos de familia y la gente está sufriendo largas colas para acceder a los servicios de salud tras el cierre del hospital local el año pasado”, explica a EL PERIÓDICO. Algunos vecinos sostienen además que la llegada del ‘Bibby Stockholm’ tendrá un impacto negativo en el turismo vacacional y han mostrado su preocupación ante un posible aumento de la inseguridad. 

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Financiación del Gobierno

Unas preocupaciones que también han expresado algunos representantes políticos locales, aunque el Ayuntamiento finalmente ha accedido a la voluntad del Gobierno y recibirá cerca de 1,7 millones de libras (unos 2 millones de euros) como compensación por los 18 meses que está previsto que la barcaza permanezca en el puerto. Un dinero al que se sumarán otras 377.000 libras (424.000 euros) destinadas a dar apoyo y a ofrecer actividades a los residentes. El Ministerio del Interior ha asegurado, además, que ofrecerá una “financiación sustancial” para mejorar los servicios de salud y la policía en los municipios cercanos, con el objetivo de “minimizar el impacto en la comunidad”.

A pesar de las promesas del Ejecutivo, las organizaciones de defensa de los derechos humanos han insistido en rechazar una medida que consideran “inhumana”. “Este barco fue construído para 200 personas y posteriormente remodelado para albergar a más de 500, en espacios poco más grandes que una plaza de parking”, ha explicado a ‘Channel 4’ el representante de ‘Stand Up For Racism Dorset’, Philip Marfleet. “Esta no es la forma en la que los refugiados deben ser tratados. Son personas que han escapado de la guerra y de las invasiones y que tienen derecho a pedir asilo y no a ser tratados de esta forma”, ha añadido. Los activistas han atacado con dureza las políticas migratorias del Gobierno de Rishi Sunak, quien ha insistido en la necesidad de reducir los gastos destinados al alojamiento de los solicitantes de asilo.

El Ejecutivo asegura que destina cerca de 6 millones de libras diarios (unos 7 millones de euros) a financiar los gastos en hoteles para unas 51.000 personas refugiadas y que el uso de barcazas y de otras instalaciones, como bases del Ejército, servirán para reducir esos gastos de forma sustancial. Unas afirmaciones discutidas por las organizaciones ‘Reclaim the Seas’ y ‘One Live to Live’, que calculan en un reciente informe que el Gobierno tan solo ahorrará cerca de 5.000 libras diarias con la nueva medida, sin tener en cuenta posibles gastos extraordinarios. Hasta ahora el Ministerio del Interior no ha revelado cuál será el impacto económico que esta tendrá en las arcas públicas.

Ley polémica

La llegada del ‘Bibby Stockholm’ se ha producido apenas unas horas después de la aprobación de la polémica Ley de Inmigración Ilegal. Una norma que obliga al Gobierno a detener y a deportar a todas las personas que lleguen de forma irregular al país y que ha tardado meses en salir adelante debido a las múltiples enmiendas presentadas en la Cámara de los Lores. La gran mayoría de ellas, sin embargo, han sido desestimadas por la Cámara de los Comunes, como la propuesta de reducir el período máximo de detención de los menores no acompañados de ocho días a 24 horas. La norma también contempla el traslado de los refugiados a Ruanda mientras se tramita su solicitud de asilo, aunque el Gobierno todavía no ha puesto en marcha la medida a la espera de que el Tribunal Supremo decida si esta cumple con la legalidad.

La decisión del tribunal será clave para las aspiraciones electorales del Partido Conservador, que necesita cumplir con una de las principales promesas del Brexit para recuperar la simpatía de los votantes más conservadores. La norma, sin embargo, ha contado con el rechazo de la oposición, de organismos internacionales como la ONU e incluso de representantes de los ‘tories’, como la exprimera ministra Theresa May, quien ha alertado de que la nueva ley contribuirá al enriquecimiento de las mafias que trafican con personas.

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