Lula lanza la batalla para salvar la Amazonia

En las profundidades de la reserva indígena de la etnia Yanomami, localizada en el corazón de la jungla amazónica brasileña, no lejos de la frontera con Venezuela, se está librando una batalla de crucial importancia para la preservación de la mayor selva tropical del planeta. Se trata de la expulsión de miles de mineros clandestinos, los llamados garimpeiros, que en los últimos años han abierto en canal esta inmensa reserva para extraer oro, diamantes y casiterita, entre otros codiciados minerales. Un expolio que amenaza la supervivencia de los yanomamis y pone en riesgo decenas de miles de hectáreas de naturaleza.

Las perniciosas consecuencias de la minería clandestina —los garimpeiros contaminan con mercurio ríos y tierras, además de transmitir enfermedades a los indígenas y amenazarlos violentamente si se oponen al tráfico de oro— habían proliferado durante el Gobierno del negacionista climático Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño hoy en un exilio voluntario en Estados Unidos. Pero ahora, bajo el nuevo gobierno de Lula da Silva, el Estado brasileño ha vuelto a hacer acto de presencia en la zona y la radiografía que paulatinamente emerge es dramática. 

Avionetas y helicópteros

Los 9.6 millones de hectáreas de la reserva, donde viven 28.000 indígenas repartidos en 370 aldeas, están amenazados por la presencia de 20.000 mineros. En esta área del tamaño de Portugal y caracterizada por la selva virgen los mineros han abierto yacimientos que ocupan una zona equivalente a 1.500 campos de fútbol. También han construido 75 pistas de aterrizaje para que las avionetas y los helicópteros de los traficantes de oro puedan abastecer a los invasores de víveres, alcohol, armas y maquinaria.

El resultado de este pillaje para los yanomami es una oleada de violencia y la flagrante violación de sus derechos humanos, pues los mineros contaminan sus caladeros de pesca, disparan contra las aldeas que se rebelan contra el poder del dinero y abusan sexualmente de sus menores.

En esta área del tamaño de Portugal, viven 28.000 indígenas repartidos en 370 aldeas, amenazados por la presencia de 20.000 mineros.

Ejemplo del martirio impuesto por los mineros son las recientes imágenes de niños yanomami con vientres hinchados, que revelaron que el hambre también es una realidad en una de las regiones más ricas y biodiversas del mundo cuando el crimen organizado prevalece sobre el Estado. “El caso de los yanomamis es una catástrofe humanitaria. La invasión de los mineros llevó a un alto nivel de violencia, conflictos y degradación medioambiental”, dijo hace unos días Joenia Wapichana, nombrada por Lula para ser la primera indígena a ocupar la presidencia de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).

Genocidio

Tras la visita de Lula en enero a la región para denunciar lo que calificó como un “genocidio”, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Brasil pusieron en marcha una operación de expulsión que inició la semana pasada y probablemente durará meses. Agentes de la Policía Federal, del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) y de la Fuerza Nacional —todos armados con armas semiautomáticas y sirviéndose tanto del apoyo de los servicios de inteligencia como de la capacidad operativa del Ejército— montaron una base en el principal río de la región, el Uraricoera, para impedir el transporte de suministros. 

El objetivo es estrangular la logística de los mineros y traficantes de oro para, de esta forma, fomentar que salgan de la tierra yanomami por su espontánea voluntad. Los que no se vayan serán arrestados y sus barracones incendiados. “La lógica es destruir o neutralizar la infraestructura del crimen e impedir la actividad del infractor”, explicó Jair Schmitt, experimentado agente del IBAMA que dirige el departamento de Protección Medioambiental.

En paralelo, los investigadores brasileños han comenzado a arrestar a los cabecillas, con detenciones en lugares tan distantes de la Amazonia como Sao Paulo, de donde el oro se exporta a medio mundo. Se sospecha que en este lucrativo negocio (en una sola aeronave se han hallado hasta 110 kilos de oro) habría también involucrados miembros de grupos criminales brasileños que trafican con droga.

Ofensiva diplomática

Contemporáneamente a la operación para salvar a los yanomami, Brasil lanzó una ofensiva diplomática destinada a capitalizar este renovado compromiso medioambiental, que ha quedado de manifiesto con los primeros datos de deforestación del Gobierno Lula. En enero, primer mes desde que asumió el poder, la deforestación cayó un 61% respecto al mismo mes del año anterior, según datos oficiales.

En enero, primer mes desde que asumió el poder Lula, la deforestación cayó un 61% respecto al mismo mes del año anterior

El pasado 10 de febrero, Lula se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca para, entre otras cosas, pedir a la primera potencia económica del mundo que se sume al Fondo Amazonia, creado durante el anterior gobierno de Lula para recibir apoyo internacional a la lucha por la defensa de la selva y de sus habitantes. “En los últimos años, la Amazonia fue invadida por la irracionalidad política, por la irracionalidad humana, porque tuvimos un presidente que ordenaba deforestar. Asumí el compromiso de llegar a la deforestación cero en 2030”, le dijo Lula a Biden, en una clara referencia a Bolsonaro.

Washington se ha comprometido a aportar 50 millones de dólares, una cifra casi insignificante. Se contempla, sin embargo, que haya un nuevo aporte, de mayor relevancia, durante la inminente visita a Brasil de John Kerry, enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos. Se prevé que lo haga este mismo mes de febrero.

Cuarenta y ocho horas antes de la visita a Washington de Lula, fue la canciller francesa, Catherine Colonna, quien prometió en Brasilia que el Elíseo contribuirá al Fondo Amazonia, que hasta ahora solo ha recibido donaciones de Alemania y Noruega. También se especula con que Reino Unido, Suiza y la Unión Europea realicen donaciones al fondo que, congelado por la administración de Bolsonaro, cuando la deforestación aumentó un 60 por ciento, puede convertirse en un eje central para la preservación de la Amazonia.

El gobierno brasileño percibe el Fondo Amazonia como parte de una ecuación mayor: un foro para la cooperación entre países desarrollados y en desarrollo con el objetivo de premiar financieramente a los segundos si éstos logran frenar las emisiones de gases con efecto invernadero causantes de la crisis climática.

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