Bulgaria sigue procesando las demandas de extradición de Rusia y Bielorrusia contraviniendo a la UE

Era una situación surrealista, el inicio de una pesadilla de la que se prolongaría durante mes y medio y que aún no ha acabado del todo. El pasado 18 de noviembre, Viktoria Trofimchuk, una ucraniana de 36 años originaria de Járkov, recorría el puente internacional Danubio que cruza el cauce del río homónimo y que une Rumanía y Bulgaria a la altura de la localidad búlgara de Ruse, acompañada de su marido Dmitri y sus tres hijos. Los cinco huían de la guerra, tras haber dejado atrás, en las primeras horas de la invasión rusa, su domicilio familiar, haber vagado durante meses por territorio comunitario y haber cruzado fronteras sin ningún incidente digno de reseñar. Buscaban dónde asentarse, barruntando incluso la idea de abrir en el Estado balcánico, miembro de la UE y la OTAN, un punto de ayuda a refugiados ucranianos, como existe en otros países comunitarios.

En cuanto llegaron al puesto de control de pasaportes, todos sus propósitos se derrumbaron. Dmitri fue arrestado en aquel mismo lugar, flanqueado por la bandera búlgara y por la estrellada insignia azul y amarilla comunitaria, sin recibir explicaciones acerca del motivo del arresto. "No sabía lo que sucedía; los niños lloraban", rememora Viktoria entre sollozos para EL PERIÓDICO en un café de Varna, en la costa búlgara del mar Negro.

Al día siguiente, una vez trasladado a Ruse, localidad a pocos kilómetros del paso fronterizo, el mal sueño empezó a tomar cuerpo. Sobre su esposo existía una notificación roja, una solicitud emitida por un Estado y trasladada a las fuerzas de seguridad de todo el mundo a través de Interpol para que, de forma provisional, sea arrestado un individuo a la espera de su extradición. En su caso, la demanda procedía de Bielorrusia, un país al que apenas Dmitri había visitado y en el que había trabajado hacía más de un decenio, durante tan solo un año. En concreto, Minsk le acusaba de evadir impuestos, una imputación que las autoridades judiciales rusas y bielorrusas suelen emplear contra disidentes y activistas democráticos. "Me decían que tenían que actuar según el mandato de Interpol y que no podían hacer nada", continúa.

"Riesgo de fuga"

A partir de aquí, todo fueron decepciones. En la primera comparecencia ante el juez, éste negó la demanda de arresto domiciliario presentada por el abogado de oficio de Dmitri, dictando en cambio prisión incondicional, a la espera de la llegada de los documentos pertinentes desde Bielorrusia y ante "el riesgo de fuga" que, según el magistrado, existía. También rechazó examinar todos las pruebas presentadas por la defensa, referidos a la actividad de Dmitri en Bielorrusia, que demostraban que no ejerció en ningún caso responsabilidad financiera alguna. Finalmente, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Sofía, donde su esposa Viktoria tan solo pudo verlo en una ocasión a través de un cristal, prohibiéndosele incluso entregarle comida u objetos.

La mujer, que padece epilepsia, no puede trabajar y carece de ingresos, tan solo alcanza a especular acerca del porqué de semejante persecución contra su esposo procedente de Bielorrusia, el único aliado que le queda al Kremlin en Europa. "Dmitri es experto en derecho internacional y en crímenes de guerra", aventura, en velada referencia a la inquietud que a todas luces genera en Moscú la posibilidad de que políticos rusos sean juzgados por un tribunal internacional. En la segunda comparecencia, Dmitri fue liberado, aunque sin ser autorizado a abandonar el país.

Los ministros de Justicia de la UE decidieron, al inicio de la guerra, detener toda cooperación judicial con estos dos países en casos criminales

Un calvario similar está viviendo Alekséi Alchin, un ciudadano ruso residente en Varna desde hace seis años. Ya antes de que se iniciara la guerra, prometió que si la invasión finalmente se materializaba, quemaría públicamente su pasaporte como muestra de rechazo a formar parte de la ciudadanía "de un país agresor". Tras participar en la primera manifestación ante el consulado ruso de la ciudad búlgara, finalmente cumplió su promesa durante otra acción de protesta dos días después, manteniendo además una frenética actividad en las redes sociales con amigos y conocidos de Europa, advirtiéndoles de que la invasión del país eslavo "generaba una situación muy peligrosa para todo el continente". La actitud de Alchin entraba en colisión frontal con la estrategia de las legaciones diplomáticas rusas en la UE, que han desplegado grandes esfuerzos, incluyendo el envío de circulares con amenazas veladas, para mantener la cohesión de las comunidades rusas en el extranjero y garantizar su apoyo a la invasión de Ucrania.

De nuevo, "delitos económicos"

Finalmente, en junio, Alchin fue detenido a petición de Interpol, acusado también de "delitos económicos", en concreto, de haber defraudado al fisco ruso una suma equivalente a 4,5 millones de euros. Tras pasar 12 días en prisión, fue puesto bajo arresto domiciliario mientras su demanda era examinada por diferentes tribunales. "Mi caso fue examinado por tres instancias judiciales; tanto en la primera ocasión como en la segunda, los jueces se negaron a entrar en el fondo del asunto, es decir, en si existía o no delito, y se limitaron a valorar que no existía peligro para el acusado en caso de extradición", rememora. Incluso llegaron a ignorar una misiva del Ministerio de Justicia búlgaro, aún controlado por el anterior Gobierno proeuropeo y reformista de Kirill Petkov, que recordaba a los jueces del caso que en abril pasado los titulares de Justicia de la UE acordaron suspender la cooperación judicial con Rusia y Bielorrusia.

Finalmente, en tercera instancia, el Tribunal de Apelaciones de Varna rechazó la demanda de extradición, después de aceptar un informe de la sección búlgara del Comité Helsinki explicitando que Rusia es un Estado de no derecho donde Alchin corría grandes riesgos. Pese a la decisión judicial, la espada de Damocles sigue pendiendo sobre la cabeza de este opositor. "He solicitado el estatus de refugiado; pero la agencia búlgara encargada del tema considera que en Rusia se respetan los derechos humanos, y apenas ha concedido asilo a rusos en los últimos años; incluso se lo acaba de negar a un miembro del movimiento de Alekséi Navalni; si me niegan este estatus, me pueden deportar".

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