La Generalitat denuncia a la Comisión Europea la deportación a Marruecos de un activista de Reus

La Generalitat ha denunciado a la Coordinadora contra el Racismo de la Comisión Europea la deportación a Marruecos de Mohamed Said Badaoui, el activista musulmán de Reus (Baix Camp) a quien la Policía Nacional acusa de ser un peligro para la seguridad nacional. A parte de expulsarle, la Audiencia Nacional le ha prohibido regresar a España en una década. El Govern considera que se trata de un caso de "racismo institucional" en el que Said "no se ha podido defender". El activista musulmán ha permanecido un mes encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca y se encuentra en Casablanca (Marruecos). La policía lo acusó de "difundir postulados radicales y proyihadistas" e "injerir en la política para desestabilizar el Estado español".

El activista ha contado con el apoyo de numerosas entidades sociales y en favor de los derechos humanos, que aseguran que no ha tenido un juicio justo ni suficientes garantías. ERC, CUP, Junts y Unidas Podemos-En Comú Podem denunciaron tras su detención que Mohamed Said es víctima de "represión política mediante la ley de extranjería". De ahí que instaran a la Generalitat de Catalunya a "activar todas las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas para velar por sus derechos". El Ayuntamiento de Reus o la Generalitat, a través de la consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, le mostraron su apoyo. Hoy el Govern dá un paso más y lo eleva a las instancias europeas.

La Conselleria de Feminismes i Igualtat considera que este caso es de extrema gravedad: Said hace más de 30 años que reside en España, es activista por los derechos civiles y políticos de la comunidad musulmana, le denegaron su petición a tener la nacionalidad española y finalmente le han expulsado aplicando la ley de extrangería y sin poderse defender. Said fue arrestado el 19 de octubre y durante este tiempo ha permanecido en el CIE de Barcelona. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) dictó su expulsión el 14 de septiembre, y el pasado 20 de octubre denegó suspender la orden, tal y como pedía su abogado. La Policía perfila a Said como "uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo", responsable del "aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso".

Deportación de madrugada

"La Policía Nacional apareció ayer por la noche y nos llevaron a Madrid sin darnos motivos ni tiempo para movernos", ha dicho Said esta tarde en un video en las redes sociales. Se encuentra en Casablanca (Marruecos) y dice que el trato de las autoridades marroquís ha sido excelente. En el video explica que fue deportado junto a otro miembro de la comunidad islámica, Amarouch Azbir, cuyos expedientes se han tramitado en paralelo y por los mismos motivos. "Llegamos a Madrid a las cinco de la madrugada y allí nos esperaba un avión para los dos solos", cuenta. Tilda de "injusta" su deportación y avisa que habrá novedades en los próximos días.

'No' a las medidas cautelarísimas

La Audiencia Nacional desestimó, el pasado 14 de semptiembre, las medidas cautelarísimas solicitadas por Said contra la resolución dictada el pasado 14 de septiembre por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior. En dicha resolución se acordó su expulsión del territorio nacional y les prohibía volver en 10 años. Los magistrados han aceptado su deportación teniendo en cuenta una denuncia de la Comisaría General de Información donde se avisa de "su radicalismo ideológico", mencionando específicamente el "adoctrinamiento" en su comunidad mediante la difusión de "postulados proyihadistas".

La Policía le define como "uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo, que predica, con una influencia tal que, desde su llegada, se ha producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso". Además, alerta de que tendría "vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo". Unas acusaciones que Said ha negado por completo, afirmando que son falsas.

La resolución, según expone la agencia Europa Press, dicta que Said se ha dedicado "durante años" a las actividades de "proselitismo y reclutamiento, especialmente con los colectivos más vulnerables y manipulables, prestando especial atención a los menores, en concreto a los menores no acompañados, principalmente de origen marroquí, adoctrinándoles en el salafismo más radical". También se habría dedicado a fomentar "el victimismo y la occidentalofobia". La decisión de la Audiencia Nacional afecta también a Amarouch Azbir, arrestado por los mismos motivos de ser un peligro para la seguridad nacional.

Vulneración de derechos humanos

La posición de los jueces y la Policía choca de bruces con el apoyo y la solidaridad que ha recibido Said estos últimos meses. Desde algunos partidos políticos (ERC, ECP, Junts o la CUP) hasta decenas de organizaciones de la sociedad civil o de su misma localidad. "Se ha consumado una grave vulneración de derechos humanos: han deportado a Mohamed Said sin un juicio justo, sin garantías, después de llevar 30 años viviendo aquí. La islamofobia de Estado genera un marco de aplicación excepcional del derecho", ha lamentado el Centre per la Defensa dels Drets Humans IRIDIA. Es una de tantas muestras de apoyo, que también han hecho públicas varias entidades y movimientos sociales. Hace unos meses, el pleno del Ayuntamiento de Reus manifestava su claro apoyo a este activista definiéndole como una persona clave en la "creación de puentes" en el municipio y actor relevante para la "cohesión social". También agradeció su trabajo, y se imploró paralizar la causa contra él la 'consellera' Tània Verge, que hoy guarda escrupuloso silencio.

Las entidades de defensa de las personas musulmanas y migrantes lamentan que éste no es un caso excepcional, y señalan que se encuentran con casos como estos a diario. El miedo se extiende por muchos colectivos, achacan los migrantes, que dicen estar detectando como muchas personas prefieren no implicarse ni participar en los movimientos sociales o en las entidades por miedo a recibir represalias de éste tipo.