15 meses sin justicia

La investigación de la explosión del puerto de Beirut se suspende por segunda vez

  • El juez Tarek Bitar se ha visto obligado a detener el caso por la demanda de uno de los exministros acusados para destituirlo

  • Más de 15 meses después de la tragedia, no se han señalado culpables y se desconocen las causas de la deflagración

El puerto de Beirut un año después de la explosión.

El puerto de Beirut un año después de la explosión. / Nabil Mounzer / Efe

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Andrea López-Tomàs
Andrea López-Tomàs

Periodista y politóloga.

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La justicia tardará en llegar para los familiares de las víctimas de la explosión en Beirut. El juez a cargo de la investigación, Tarek Bitar, se ha visto obligado a suspenderla debido a las demandas impuestas en su contra por parte de dos exministros acusados. El país “no podría soportar la destitución de este segundo juez”, ha dicho el primer ministro Najib Mikati. Más de un año después de la deflagración que mató a más de 200 personas en la capital libanesa, la clase política no deja de poner trabas a una investigación que en febrero, ya sufrió el despido del juez Fadi Sawan.

Bitar había llamado a declarar a las altas esferas de la cúpula militar libanesa y a los exministros y ahora diputados, Ali Hasán Khalil de Finanzas y Ghazi Zeaiter de Fomento. La petición presentada por Khalil y Zeaiter provocó la destitución de su predecesor Sawan alegando que no podía ser imparcial ya que algunos cristales de su casa se rompieron durante la explosión. Ahora el juez ha detenido la investigación a la espera de un fallo del tribunal de casación después de que el exministro del Interior, Nuhaq Mashnuq, presentara una solicitud para reemplazarlo.

Según Mashnuq, Bitar se había extralimitado en su autoridad legal de enjuiciar a altos funcionarios. Días antes, quién fue ministro de Obras Públicas, Yusef Fenianos, solicitó su despido por las dudas sobre su imparcialidad. Bitar había emitido una orden de arresto contra Fenianos después de que no compareció para ser interrogado y citó al exprimer ministro Hasán Diab acusado de negligencia criminal. Ahora mismo, el exmandatario se encuentra en Estados Unidos. 

Obstrucciones a la justicia

“La clase política libanesa hará todo lo que esté en su poder para descarrilar, obstruir y socavar la investigación y escapar de la justicia” y así lo demuestran los últimos acontecimientos ocurridos, ha denunciado Aya Majzoub de Human Rights Watch. Casi catorce meses después de la explosión que arrasó con gran parte de la capital libanesa, los familiares de las más de 200 víctimas, los 6.000 heridos y las 300.000 personas que se quedaron sin hogar se sientan desamparadas por un sistema carcomido por la corrupción. 

Casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio mal almacenadas en el puerto provocaron la letal deflagración que aún a día de hoy, sigue cobrándose vidas. Durante la madrugada del martes, murió otro hombre que llevaba en coma desde el 4 de agosto del 2020. El Ministerio de Sanidad afirma que son 191 las víctimas mortales –ahora 192–, mientras que la cifra más aceptada por las organizaciones que llevan desde entonces trabajando sobre el terreno se sitúa entre las 215 y 220 personas fallecidas. 

Sin culpables

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Tras un año de investigación, no se ha señalado a ningún culpable y se desconocen las causas que provocaron la explosión del nitrato de amonio. Las autoridades libanesas del parlamento, el gobierno y las principales agencias de seguridad eran conocedoras de la presencia de la peligrosa sustancia en una zona sensible. Pero cualquier intento de señalarlas y hacerlas declarar por parte de la justicia ha sido perseguido y tachado de parcialidad política. 

Este último gesto de los diputados busca asegurarse la inmunidad de la que ahora mismo no gozan. Aunque después de un año se ha conseguido formar gobierno en el Líbano, el gabinete ha recibido la confianza del Parlamento pero aún no se ha llevado a cabo la sesión inaugural de la cámara. Tendrá lugar el próximo 19 de octubre. Por ello, analistas afirman que se trata de una maniobra de los exministros acusados para ganar tiempo, ya que los legisladores sospechosos en el caso actualmente no están protegidos por la inmunidad parlamentaria. 

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