Tensión política en el país
Prisión preventiva para la expresidenta de Bolivia
Jeanine Áñez permanecerá al menos cuatro meses en un penal de La Paz, una decisión que la oposición al movimiento de Evo Morales tilda de "completo abuso"
La Justicia boliviana dictó este domingo detención preventiva para la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por cuatro meses en un penal en La Paz, al igual que para los dos exministros de su gobierno también aprehendidos.
La jueza de instrucción en lo penal Regina Santa Cruz determinó la prisión preventiva de la exmandataria transitoria (2019-2020) en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
Mientras que los exministros interinos Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, permanecerán detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro durante el mismo tiempo.
La audiencia cautelar en contra de los tres comenzó con más de dos horas de retraso debido a una notificación que se debía realizar a la parte imputada con la ampliación de imputación por el riesgo procesal de fuga.
La audiencia, que duró más de nueve horas, se realizó de forma virtual. La expresidenta Áñez y sus exministros participaron en ella conectados a sus celulares desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz. "Es un completo abuso, es todo ilegal, son órdenes de arriba, todo está armado", lamentó a Efe Dalia Lima, la esposa de Rodrigo Guzmán.
Áñez manifestó que "el MAS (Movimiento al Socialismo, partido gubernamental) decide y el sistema judicial obedece", y que estará detenida para esperar el juicio por un "golpe que nunca ocurrió". "Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor", escribió Áñez en su cuenta de Twitter tras conocer la resolución de la audiencia.
En tanto, el exministro Coímbra también escribió en Twitter que sus familias son "acosadas y amenazadas" y sostuvo que "cualquier cosa que pasara con ellos" es responsabilidad del expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce. Además, se calificó como "preso político por el régimen del MAS" por orden de Morales y Arce.
Los tres están acusados de los delitos de "sedición, terrorismo y conspiración" en la crisis de 2019.
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