Asalto a la democracia

Birmania cuenta otros cinco muertos tras la cuarentena de víctimas del domingo

Decretada la Ley Marcial para evitar los ataques a fábricas chinas

La policía reprime una manifestación pacífica en Birmania con gas lacrimógeno

La policía reprime una manifestación pacífica en Birmania con gas lacrimógeno / EFE

Adrián Foncillas

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Birmania sigue apilando cadáveres. Cinco hoy lunes, una cuarentena el domingo y un acumulado de 126, según la Asociación de Asistencia de Prisioneros Políticos. Salen casi a tres diarios desde que los militares hurtaron la democracia a principios de febrero y los indicios nutren el pesimismo. El ritmo es claramente creciente tras las primeras semanas de cierto tacto y ni los golpistas ni la población contemplan la rendición. 

Las víctimas del lunes han participado en protestas en ciudades del centro del país. El medio Myanmar Now ha informado de tres muertes en Myingyan y dos en Aunglan. “Una joven recibió un disparo en la cabeza y un chico recibió otro en la cara”, ha confirmado por teléfono un manifestante de 18 años a la agencia Reuters. La jornada seguía al segundo domingo sangriento. En el distrito industrial de Hlaingthaya, en Rangún, se contaron 22 muertos bajo los disparos de los militares. En otras ciudades como Mandalay y Bago se registraron 16, según la prensa independiente que sigue informando a pesar de la reciente revocación de sus licencias.  

 La mordaza a la prensa es otro de los métodos con los que los militares han intentado embridar las protestas. Tampoco ha servido el apagón telefónico nacional de las últimas horas ni las nocturnas caídas de internet. Y es improbable que funcione la Ley Marcial que entre ayer y hoy se ha extendido ya a cinco distritos de la capital. La ley confiere al mando del Ejército la autoridad administrativa y judicial plena y la competencia de enviar a los manifestantes hacia tribunales militares. 

Ataques a intereses chinos

Uno de los distritos afectados es Hlaingthaya, que alberga a buena parte de las fábricas regentadas por chinos. Muchas de ellas fueran atacadas el domingo y varios ciudadanos chinos resultaron heridos por la muchedumbre. En Birmania anida un resentimiento hacia Pekín que están pagando sus emigrantes a pesar de la falta de vínculos conocidos entre China y la asonada. Pekín, de hecho, mantuvo con el Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi una relación mucho más fluida y franca que con la junta militar durante el medio siglo anterior.

China no ha condenado el golpe, en aplicación de su incondicional principio diplomático de no interferencia en asunto internos, pero ha apoyado en la ONU la “contundente condena a la violencia sobre los manifestantes pacíficos”. La ola sinófoba inquieta a Pekín, que ayer pidió al Gobierno militar que “tome más medidas para detener todos los actos de violencia, castigue a los culpables de acuerdo con la ley y proteja las vidas y las propiedades de las compañías chinas y sus trabajadores".

Los representantes políticos que aún no han sido detenidos se esfuerzan en los últimos días por organizarse desde la clandestinidad. Han creado la Comisión de Representación del Parlamento Unido (CRPH), que se anuncia como un Gobierno civil legítimo, tilda a los golpistas de “organización terrorista” y busca el reconocimiento internacional. Mahn Win Khaing Than, representante de la Liga Nacional por la Democracia, pidió ayer a través de Facebook que el país, atomizado en etnias, se una frente al enemigo común. “Para formar una democracia federal, con todos los hermanos que han sufrido todo tipo de opresiones de la dictadura durante décadas, esta revolución es la oportunidad de que juntemos nuestros esfuerzos”, pidió Mahn. La junta ha ilegalizado la CRPH y advertido de que sus miembros serán acusados de traición. La CRPH surge como respuesta al descabezamiento del gobierno civil y la disolución del Parlamento. Su lideresa, Aung San Suu Kyi, y su presidente, Win Myint, asisten desde su arresto domiciliario a la catarata de cargos que les podría enviar a la cárcel durante años. 

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