La batalla entre Trump y Twitter reabre el debate: ¿deben regularse las redes sociales?

En medio de un pandemia que ya ha causado más de 100.000 muertos en Estados Unidos, su presidente, Donald Trump, ha optado por desviar la atención con un nuevo ataque contra Twitter. Una estrategia que en España también ha replicado Vox. La pugna exacerba un debate público ya existente: ¿Deben regularse los contenidos de las redes sociales o dejar la barra libre a la propagación de bulos y mensajes de odio?

Por primera vez, la plataforma social decidió el pasado 27 de mayo etiquetar dos tuits del magnate avisando que uno podía contener “información potencialmente engañosa” por lanzar acusaciones de fraude en el voto por correo y que otro, donde amenazaba con abrir fuego contra las protestas raciales que crecen en el país, por “glorificar la violencia”. Aunque Trump ya había violado anteriormente las políticas de Twitter al compartir mensajes supremacistas blancos, la red no suspende su cuenta al entender que todo lo que dice es “de interés periodístico”. Este martes el presidente replicó una falsa teoría que culpaba a un activista de 75 años brutalmente agredido por la policía de ser un "provocador antifascista", pero Twitter no le sancionó argumentando que era sólo una "especulación", pues el tuit incluía un interrogante.

La decisión de Twitter de contextualizar sus comentarios enfureció al presidente, que amenazó impulsando una orden ejecutiva para eliminar la sección 230 de la ley de telecomunicaciones de EEUU que establece que (a excepción de casos de vulneración de la propietat intelectual, crímenes federales y explotación de menores) esas plataformas no son responsables de su contenido ni del que eliminan basándose en sus propias políticas internas, uno de los pilares de Internet que les ha permitido convertirse en gigantes. Todo eso, denunciando un complot para cercenar su opinión. “Es el victimismo del privilegiado. Atacan a las redes que les han dado el éxito que tienen”, señala Miquel Ramos, periodista experto en movimientos de extrema derecha.

Más allá de la paradoja que supone esta acción los republicanos, supuestos defensores a ultranza de la no injerencia gubernamental en la empresa privada, cargaron contra la plataforma. La amenaza “hace mucho ruido, pero tiene poco recorrido para cambiar la ley”, explica Joan Barata, investigador del Cyber Policy Center de la Universidad de Stanford. Los demócratas llevan años pidiendo lo mismo, pero con otro objetivo: más moderación del contenido. Este jueves, el presidenciable Joe Biden ha cargado contra Facebook pidiendo su regulación antes de las elecciones "para proteger la democracia".

Un debate complejo

El debate presenta una dialéctica compleja: Si se obliga a esas plataformas a regular su contenido se acepta que la gestión de la libertad de expresión recaiga en manos privadas, con los problemas para la democracia que ello supone. Pero si no se regulan, estas siguen operando en base a un algoritmo sesgado que da alas al contenido más atractivo, el más polémico, algo también crítico para los sistemas democráticos.

Aunque son vistas como foros de debate público, Facebook y Twitter son redes privadas. Ellas eligen sus políticas y para acceder a su dominio debes aceptar sus normas. “Borrar contenido no supone una vulneración de derechos”, remarca Barata, experto internacional en libertad de expresión y regulación de medios.

Con mayor o menor precisión, Facebook y Twitter eliminan contenido terrorista, violencia y pornografía infantil, pero solo la segunda prohíbe la difusión de anuncios políticos. Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, ha defendido sus acciones y “mostrar la información en disputa para que las personas puedan juzgar por sí mismas”. Mark Zuckerberg, el padre de Facebook, ha rechazado ese rol asegurando no querer ser el “árbitro de la verdad”.

Algoritmo sesgado

Sin embargo, el algoritmo de Facebook ya actúa como árbitro. Más allá del sesgo político, el gigante tiene un sesgo tecnológico: sus algoritmos favorecen el contenido escandaloso, pues se comparte más y atrapa más a la audiencia, algo que da alas a las conspiraciones de la extrema derecha. El pasado martes, el Wall Street Journal destapaba mensajes internos de Facebook que revelan el conocimiento de la compañía de un modelo de negocio que “explota la división” social. Su implicación en el escándalo de Cambridge Analytica, que impulsó la campaña de Trump en 2016, acentúan en pleno año electoral las voces que piden una regulación.

Barata, que ha trabajado en organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, cree que responsabilizar a las plataformas de eliminar noticias falsas es un error pues “les da una posición de poder que no deben tener”. Alemania aprobó en 2017 una ley que presionaba a Facebook para controlar contenido cuestionable. El resultado fue que, por temor a las sanciones, las redes terminaban bloqueando con brocha gorda, censurando por el camino cuentas satíricas o desnudos artísticos.

El profesor aboga por una regulación sistémica. “Se puede obligar a las plataformas a informar con claridad de sus políticas y a tener mecanismos para denunciar el contenido que se publica o para que se den explicaciones cuando algo se borra”, señala. Eso es, no delegar todo el peso a las plataformas pero exigirles transparencia en las normas internas y garantizar mecanismos para que los usuarios puedan denunciar restricciones injustificadas. En Europa, la directiva de comercio electrónico tampoco responsabiliza a las redes de su contenido, aunque la tendencia nos lleva a una mayor intervención.

Infodemia en tiempos neofascistas

La irrupción de la pandemia hace poco más de dos meses ha dado vía libre a una ola de bulos y desinformación que ya se ha apodado como infodemia. Ante la normal lentitud de los procesos científicos para conocer detalladamente el virus y encontrar una vacuna se ha abierto un periodo de incertidumbre y dudas vista por algunos como una oportunidad para explotar el caos. La pugna entre Estados Unidos y China por culpar al otro de haber creado el covid-19 como una arma biológica son un claro ejemplo de ello. Un estudio de la Universitat Politècnica de València señala que en los últimos días se ha disparado la agresividad en Twitter en España, uno de los países donde más se utiliza la plataforma como medio de información.

El impacto de la peor crisis sanitaria de la historia reciente ha coincidido con el auge de los neofascismos. Una tormenta perfecta. Como ya pasó con la llegada de refugiados a Europa, la extrema derecha parlamentaria se ha convertido en el altavoz para popularizar teorías de la conspiración que adapta a sus circunstancias nacionales. Sea en celebraciones evangélicas en Sao Paulo, en protestas de neonazis con fusiles en Michigan o en atascos rojigualdos en el paseo de la Castellana de Madrid, el dogma criminaliza la ciencia, los medios de comunicación, el feminismo y la izquierda.

El pasado enero, España ya vivió ese debate cuando Twitter bloqueó la cuenta de Vox por “incitar al odio” al vincular un programa de educación sexual en Navarra con la pederastia. El partido ultra, que mimetiza la estrategia de la ‘alt-right’, terminó eliminando el mensaje pero se vendió como víctima de un complot para silenciarlos. En lugar de comentar la aprobación del ingreso mínimo vital al que se oponen, Vox optó por apoyar a Trump. “No hablan de su programa económico porque es totalmente contrario a las necesidades sociales”, explica Ramos. “La bandera tapa todo ese neoliberalismo salvaje”.

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