CRISIS POLÍTICA EN EEUU

El juicio contra Trump llega al Senado

Trump, en un acto en la Casa Blanca

Trump, en un acto en la Casa Blanca / periodico

Ricardo Mir de Francia

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Todo está listo para que comience el tercer juicio político de la historia contra un presidente de Estados Unidos. En el último trámite parlamentario que restaba para cumplir con la coreografía que rige el proceso, la Cámara de Representantes ha aprobado este miércoles una resolución para enviar al Senado los cargos que se imputan a Donald Trump por sus controvertidas gestiones en Ucrania. Como se esperaba, la votación se ha resuelto en líneas casi completamente partidistas, lo que no ha impedido a los demócratas imponer su mayoría en la cámara para proceder con el juicio, que será presidido por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Los senadores ejercerán de jurado; los abogados de la Casa Blanca defenderán a Trump y siete diputados demócratas ejercerán de fiscales. El circo está servido.

“El pueblo estadounidense merece saber la verdad”, dijo Nancy Pelosi poco antes de la votación. “No hay nada personal, político o partidista en este proceso, es un acto patriótico”. Los siete fiscales nombrados por el liderazgo demócrata serán los encargados de llevar físicamente hasta el Senado la resolución con los cargos contra Trump antes de que acabe la jornada, un paseo por los pasillos del Capitolio de alto voltaje simbólico. Los primeros trámites del juicio podrían empezar esta misma semana, aunque posiblemente no será hasta la próxima cuando ambas partes empiecen a exponer sus alegaciones. Hasta ahí llega el consenso sobre el protocolo porque quedan todavía varios asuntos importantes por resolverse. Principalmente, respecto a los testigos y las pruebas que podrán presentarse.

Coacciones

Los demócratas quieren llamar a declarar a varios funcionarios implicados en las maniobras de coacción de Trump a Ucrania para forzar a sus autoridades a abrir una investigación contra su rival político Joe Biden, unas maniobras que incluyeron la congelación de la ayuda militar al país eslavo. También aspiran a que la Administración les entregue documentos, pero, de momento, se han topado con un muro. Tanto el presidente como sus correligionarios republicanos insisten en que el juicio es ilegítimo y están haciendo todo lo posible por bloquear cualquier ejercicio de transparencia. Y eso que Trump no solo está acusado de abuso de poder, sino también de obstrucción al Congreso.

“El presidente no ha hecho nada malo y espera ser completamente exonerado”, dijo la portavoz de la Casa Blanca. Los demócratas no tiran, sin embargo, la toalla. Varias revelaciones de los últimos días han puesto en evidencia que hay todavía muchos cabos por atar y material por desenterrar. Empezando por la documentación relativa a las gestiones del abogado personal de Trump, Rudolph Giuliani, en Ucrania. O esas informaciones que acusan a la inteligencia militar rusa, la misma que pilotó la campaña de injerencia en las elecciones estadounidenses del 2016, de haber hackeado recientemente los sistemas de Burisma, la compañía gasística ucraniana para la que trabajó Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente demócrata.  

A falta de conocer cómo se resolverá el embrollo, si habrá un juicio garantista o todo se reducirá a una farsa político-judicial, los demócratas nombraron a los siete diputados que liderarán la acusación. Todos ellos tienen experiencia como juristas o servidores de las fuerzas del orden. En el grupo hay un afroamericano (Hakeem Jeffries) y una mujer hispana (Sylvia García), así como viejos conocidos de este proceso, como Jerry Nadler y Adam Schiff, los dos legisladores que encabezaron la investigación inicial del ‘impeachment’.

Afloran nuevos documentos sobre las gestiones de Trump en Ucrania

El rechazo de la Casa Blanca a entregar documentos está dificultando la misión del Congreso para hacer un retrato completo de las presiones de Donald Trump a Ucrania, pero aun así siguen aflorando nuevas pruebas que refuerzan las tesis del abuso de poder del republicano. El martes se puso a disposición de los congresistas una nueva montaña de material potencialmente dañino, centrado en las gestiones del abogado personal de Trump, Rudolph Giuliani, y sus asociados en Ucrania. La documentación revela, entre otras cosas, cómo un fiscal ucraniano exigió la destitución de la embajadora estadounidense en Kiev como condición para entregar a los mensajeros de Giuliani material supuestamente incriminatorio sobre el candidato demócrata Joe Biden.