decisión polémica
Misuri está a un paso de ser el primer estado de EEUU en quedarse sin clínica para abortar
El Tribunal Supremo posterga una vez más abordar cuestiones fundamentales sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
Idoya Noain
Corresponsal en EEUU
Corresponsal en Estados Unidos desde 2001.
Idoya Noain
La amenaza bajo la que vive el derecho al aborto en Estados Unidos, legal en todo el país pero cada vez más inaccesible para muchas mujeres, se ha hecho evidente este martes en Misuri, que podría convertirse a partir del sábado en el primer estado sin ninguna clínica donde acceder a una interrupción del embarazo legal y segura. El Departamento de Salud estatal ha informado a Planned Parenthood, la organización que gestiona la única de las clínicas donde 1,1 millones de mujeres en edad fértil en el estado pueden optar al aborto, de que no le renovará la licencia anual para dar servicios abortivos en el centro. El grupo ha anunciado una demanda inmediata y hay convocadas protestas para el jueves en San Luis.
En Misuri, donde en el 2008 había cinco clínicas que han tenido que ir cerrando por no poder cumplir condiciones administrativas y restricciones impuestas por el estado, solo queda abierta la de Planned Parenthood (otros cinco estados solo tienen también una clínica).
Esta había accedido a varias exigencias del departamento de Salud, pero pierde la licencia al haberse negado a otras, como realizar un examen pélvico a mujeres que van a realizar su aborto con pastillas, no con un procedimiento quirúrgico, o garantizar entrevistas de las autoridades con cinco médicos que operan en su centro pero no trabajan para la organización y a los que se quiere interrogar sobre supuestas "prácticas deficientes".
Pausa en el Supremo
El Tribunal Supremo, mientras, ha dado también este martes señales de no tener prisa por considerar ningún caso judicial que le obligue ir al tema central del debate sobre el aborto, legalizado en 1973 con la sentencia Roe v. Wade. En una decisión sobre una ley de Indiana, aprobada cuando gobernaba el estado el actual vicepresidente, Mike Pence, el Alto Tribunal ha decidido reinstaurar una parte de esa legislación que obliga a deshacerse de los restos fetales como de otros restos humanos, mediante entierro o incineración. Los magistrados han reafirmado que esa decisión no implica ningún cambio en el derecho de las mujeres a tener un aborto. Además, han rechazado decidir sobre otra parte de la ley que prohibía abortos si se buscaban por motivos de raza, sexo o discapacidades del feto. Aunque de momento y una vez más evitan abordar cuestiones fundamentales sobre el aborto, el juez conservador Clarence Thomas ha escrito: “No las podemos evitar por siempre“.
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