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REGRESIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

El aborto estalla como guerra central política en EEUU

La intensificada cruzada conservadora, cuya meta es la ilegalización en el Supremo, energiza a las bases progresistas

La movilización contra las leyes más extremas plantea retos para la campaña del 2020 de Trump y los republicanos

Idoya Noain

La gobernadora de Albama, EEUU, Kay Ivey.  

La gobernadora de Albama, EEUU, Kay Ivey.   / EPA/Oficina del Gobernador de Al

Ha hecho falta que Alabama aprobara la ley más restrictiva contra el aborto en Estados Unidos para que el país y el mundo no puedan ya ignorar la cruzada que las fuerzas conservadoras llevan décadas librando para ilegalizarlo, intensificada desde la llegada de Donald Trump al poder. Ahora la lucha política y social por y contra el aborto ha estallado y se ha resituado como una de las guerras centrales en EEUU, prometiendo marcar las próximas elecciones del 2020. Ya lo está haciendo.

Esa cruzada conservadora no es nueva. Está en marcha desde que el Tribunal Supremo sancionó en 1973 el aborto con Roe v. Wade, una sentencia sostenida y matizada después por otras como Planned Parenthood v. Casey en 1992 sobre las que se construye la situación actual, con el aborto legal en los 50 estados. Pero si hasta ahora la estrategia conservadora había optado sobre todo por ir aprobando leyes que gradualmente han ido imponiendo sobre todo restricciones administrativas que han estado minando el acceso al aborto, ahora han decidido ir al centro de la guerra moral. Y constitucional.

Penas de hasta 99 años

Medidas extremas como la ley de Alabama (que no contempla excepciones por violación o incesto y plantea penas de cárcel de hasta 99 años para los médicos) u otras aprobadas recientemente en Georgia, Kentucky, Ohio, Misisipí y Misuri (que intentan vetar el aborto una vez que se ha detectado actividad eléctrica en las células embrionarias, llamada erróneamente por la simplificación “latidos del corazón”), no tienen opciones de entrar en vigor precisamente por su inconstitucionalidad. Este pasado viernes la Unión Americana de Libertades Civiles y Planned Parenthood presentaban demandas contra las de Alabama y Ohio. Pero los promotores de las normas no ocultan su meta real: llegar de nuevo al Supremo, definitivamente escorado del lado conservador con los dos jueces nombrados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, y confiar en que deshaga Roe y las sentencias posteriores sobre las que se basa la jurisprudencia.

Los expertos cuestionan cuándo y cómo el Supremo podría actuar. Muchos dudan de si los jueces conservadores del Supremo, incluso en mayoría, osarán abrir la caja de Pandora que representaría ignorar y desarticular precedentes. Y se plantea también que si llegan a decidir hacerlo antes de las próximas elecciones presidenciales, arriesgándose a dar un golpe brutal a la idea de separación de poderes, quizá lo hagan no por los retos legales ante las últimas leyes draconianas sino aceptando estudiar algún caso previo.

Reactivación de las protestas

En cualquier caso, han sido las últimas y más extremas leyes las que han logrado provocar en filas progresistas una respuesta de indignación y alarma política y social que no había sido tan masiva ni generalizada en los últimos años ante las normas menos llamativas. Y este martes, justo una semana después de que 25 hombres blancos en el Senado de Alabama dieran luz verde a la ley firmada al día siguiente por la gobernadora republicana Kay Ivey, miles de personas, sobre todo mujeres, salieron a las calles en más de 400 protestas organizadas en todo el país. Ha sido una movilización femenina con más que ecos de las varias que se han vivido en EEUU desde que la victoria de Trump desató los temores a una regresión en derechos de la mujer, una organización e implicación que fue una de las claves para los triunfos demócratas en las elecciones de noviembre. Como ha dicho Ilyse Hogue, presidenta de la organización proabortista NARAL, “es el mismo nivel de energía, posiblemente más”, que el visto en otros momentos de esta presidencia.

Por la manifestación de Washington pasaron candidatos demócratas que luchan por la nominación presidencial, varios de los cuales han puesto ya el acceso al aborto y la protección de la salud reproductiva en un lugar prominente de sus campañas. Kirsten Gillibrand, Elizabeth Warren, Cory Booker y Beto O’Rourke, por ejemplo, han anunciado propuestas específicas no solo para proteger los derechos de las mujeres sino también para ampliarlos. Y hay un consenso creciente entre los demócratas, incluyendo entre candidatos de estados con más peso de los votantes moderados, de la trascendencia de proteger un derecho que, como muestran los sondeos, defiende la mayoría de estadounidenses, incluso en estados gobernados por los republicanos.

Reto para Trump

La galvanización de las bases progresistas no es solo importante para determinar quién ocupará la Casa Blanca. Igual que sucedió en las últimas legislativas, podría permitir a los demócratas recuperar el control del Senado, donde se ratifican los nominados judiciales, y gobiernos estatales. Y ahí está uno de los mayores retos para los republicanos y para Trump, que además puede ver desplazados de la campaña otros temas sobre los que busca construir su reelección, como la economía.

Por ahora el presidente, que en el 2016 recibió el 80% del voto evangélico blanco en parte fundamental por su promesa de alterar la tendencia del Supremo con jueces contrarios al aborto, se ha dedicado a presumir de sus logros. Aunque puede haber decepcionado a algunos de los más radicales opositores al aborto con su recordatorio el sábado pasado en un tuit de que apoya las excepciones por incesto y violación, los está unificando también centrando su mensaje en el retrato de los demócratas como "extremistas" que apoyan el aborto en gestación avanzada (un mensaje que incluye también falsedades sobre apoyo al "infanticidio" y la "ejecución de bebés después de nacer").  Y puede presumir también de haber nombrado ya a 105 jueces federales y haber reinstaurado y reforzado la llamada “ley mordaza global” que deja sin fondos federales estadounidenses a ONGs de otros países que realicen abortos o hablen siquiera del procedimiento al abordar la salud reproductiva. 

Aborto en EEUU: legal pero no siempre accesible

La posibilidad de que el aborto sea ilegalizado planea sobre Estados Unidos y ha desatado una ola de movilización con escasos precedentes en los 46 años desde que el Tribunal Supremo lo avaló, pero la realidad es que ya muchas mujeres de un país donde, según datos del Instituto Guttmacheruna de cada cuatro menores de 45 años interrumpe su embarazo no tienen en la práctica capacidad de ejercitar ese derecho.

Años de legislación estatal han ido dificultando el acceso, especialmente mediante la imposición de requerimientos para los proveedores que han llevado al cierre de numerosas clínicas y centros de salud reproductiva. Por ejemplo en Alabama, epicentro del nuevo impulso a los intentos de veto más agresivo, solo cinco de ellos permanecen operativos. En los años 90 había más de 20. Al menos la mitad de las mujeres del estado viven en condados sin ninguna clínica. Y su situación no es ni siquiera la peor en el país: seis estados (Kentucky, Misisipí, Misuri, Virginia Occidental y las dos Dakotas) solo tienen una clínica.

Las principales damnificadas

Las principales perjudicadas por las décadas de políticas “hostiles o muy hostiles” que según la clasificación del Guttmacher dominan en 21 estados (con solo cuatro con respaldo fuerte o muy fuerte al derecho y otros 25 como territorios “neutros”) son las mujeres de zonas rurales y con escasos recursos económicos, precisamente las que menos pueden costearse los viajes o las estancias a las que obligan normas como realizar dos visitas antes de someterse a la intervención.

El 49% de las mujeres que buscan un aborto en EEUU, por ejemplo, viven por debajo del nivel federal de pobreza, un porcentaje que sube hasta el 75% cuando se contabiliza a quienes tienen bajos ingresos. Y desde que en 1977 se aprobó la Enmienda Hyde, que prohibió el uso de fondos federales para financiar abortos salvo en casos de violación, incesto o peligro para la madre, solo 15 estados han aprobado usar sus propias arcas para financiar las intervenciones según datos de la Kaiser Family Foundation.

La situación replica también las desigualdades raciales que se viven en el país y afecta desproporcionadamente a mujeres de minorías. Según datos del Instituto Guttmacher, abortan 27 de cada mil mujeres negras, 18 de cada mil hispanas 10 de cada mil blancas.