La impunidad reina en muchos casos de genocidio y crímenes de guerra

El panorama de los derechos humanos en el mundo no es nada alentador, si es que alguna vez en el pasado lo ha sido. Es frustante constatar como hay muchas más personas en la cárcel por defender los principios humanitarios que por violarlos. No ayuda al optimismo tampoco comprobar el poco apego que tienen a la Declaración Universal de la Derechos Humanos de las Naciones Unidas los presidente de las tres mayores potencias del planeta, Donald Trump, en Estados Unidos, Vladimir Putin, en Rusia, y Xi Xinping, en China, o la proliferación de los discursos xenófobos y racistas recuperados en Europa democrática por los partidos de extrema derecha, cada vez más exitosos electoralmente, como ha quedado de manifiesto recientemente en Finlandia.

"Los desafíos son, sin duda, enormes, pero no podemos dejarnos abatir por ellos", señala la canadiense Kimberly Prost, jueza del Corte Corte Penal Internacional de La Haya (CPI). Prost fue una de las ponentes en la Conferencia que reunió a principios de la semana en Doha, capital de Catar, a un centenar de expertos y organizaciones de derechos humanos, principalmente de Oriente Proximo, África y Asia, para debatir sobre cómo luchar contra la impunidad en los casos de genocio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La conferencia, organizada por las autoridades del pequeño reino del Golfo Pérsico, con la colaboración de la ONU y el Parlamento Europeo y a la que este periódico asistió como invitado, es la primera de este tipo que se celebra en esta región.

Los casos de las guerra en Siria y en Yemen o la crisis de los refugiados roginyás en Myanmar centraron gran parte de los discusiones, así como la situación en Irak o en Niger y Camerún, países africanos víctimas de las atrocidades de los yihadistas de Boko Haram. El máximo responsable de la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR, en sus siglas en inglés), Fadel Abdul Ghany, recordó como tras estallar la revuelta popular en Siria, en el 2011, en plena primavera árabe, ya se habló de crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Bashar el Asad pero que "tras ocho años de conflicto nadie ha hecho nada para proteger a la población" de los excesos cometidos por todas las partes implicadas. El uso de armas químicas también se mencionó así como la impunidad de la que disfrutan aquellos que ordenaron utilizarlas. Un crítica directa a los países más poderosos del planeta que actúan más por intereses geostratégicos que morales.

Obstáculos al Tribunal

La jueza Prost advirtió lo difícil que supone para el CPI llevar a cabo su trabajo, principalmente por los obstáculos impuestos por los países que no han ratificado el Estatuto de Roma, la carta fundacional del Tribunal, que fue creado en 1998 y que entró en funcionamiento en el 2002. Este es el caso de EEUU, Rusia o China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

El año pasado, John Bolton, Consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, amenazó con sancionar al CPI si insistía en investigar los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por soldados estadounidense en Afganistán, país miembro, junto a 121 más, entre ellos España, del tribunal de La Haya. "EEUU utilizará cualquier medio que sea necesario para proteger a nuestros ciudadanos y a nuestros aliados contra las acusaciones injustas de este tribunal ilegítimo", afirmó Bolton. La amenaza ha tenido éxito. El mes pasado, la CPI rechazó la solicitud de la Fiscalía para pasar del examen preliminar, iniciado en el 2006, a una investigación formal.

La estadounidense Brenda J. Hollis, que fue nombrada por la ONU fiscal especial para investigar los crímenes en Sierra Leona, apuntó que en la mayoría de los casos son los gobiernos los que impiden que "se pueda reunir las prueba suficientes para poder acusar a los culpables" y sentarlos frente a un tribunal, lo que genera una gran impotencia. "Debemos dotar a los países de la capacidad para investigar los casos, es su responsabilidad, con independencia de la investigación internacional, además de proteger y dar garantías a las víctimas para que pierdan el miedo y puedan testificar".

Incitar al odio

Más complejo es, si cabe, indemnizar a las victimas de las atrocidades y contribuir a su reparación moral. En especial a las mujeres, que "son las víctimas más expuestas, antes, durante y después del conflicto armado", remarcó la juez Prost. "Hay que crear los mecanismos para garantizar las indemnizaciones materiales, morales y psicológicas", añadió. "Las víctimas tienen derecho a una reparación, de no ser así sería lo mismo que asumir la impunidad", dijo, por su lado, Michel Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que participó a la cita de Doha a través de una declaración por videoconferencia. 

Los expertos también destacaron el papel nocivo que en algunos casos juegan las redes sociales, como en el caso de Myanmar, donde se utilizó Facebook como herramienta para incitar al odio contra la roginyás, y plantearon exigir la creación de un organismo que regule su uso. En la jornada de clausura, el colombiano Carlos Negret, presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, en sus siglas en inglés), resaltó la importancia de avanzar en el combate contra la impunidad. "Si en el mundo existe impunidad no hay justicia, y sin justicia no hay derechos humanos, y si no hay derechos humanos no pueden subsistir los sistemas democráticos".