El área metropolitana impulsa vivienda protegida ante la ola de inquilinos que dejan Barcelona

Cuando sube el alquiler en Barcelona se generan "importantes flujos de movilidad residencial desde la capital hacia L'Hospitalet". Así lo tiene comprobado una y mil veces el ayuntamiento de la segundad ciudad de Catalunya. Esa ley de vasos comunicantes inmobiliarios la conocen bien todos los alcaldes metropolitanos, desde L’Hospitalet o Terrassa, que se ven de repente ante la necesidad de disponer de más pisos a precios asequibles para poder acoger a las personas que emigran de Barcelona por los altos precios de la vivienda y a sus propios vecinos, víctimas cuando quieren independizarse de un alza de precios indeseada.

Desde L’Hospitalet remarcan que en 2019, cuando los precios del alquiler tocaron techo, casi 7.000 personas provenientes de Barcelona trasladaron su domicilio a la ciudad, lo que también lleva a que crezca el precio de los arrendamientos. La falta de un parque de viviendas público es una de las principales causas del alto precio del alquiler en las grandes urbes, dado que en muchos de municipios los domicilios públicos y/o protegidos apenas suponen entre el 1% y 2% del total.

Para revertir esta situación, grandes municipios del área de Barcelona están impulsando, entre otras medidas, promociones urbanísticas protegidas que contribuyan a bajar los precios. Aún así, desde L'Hospitalet aseguran que “es casi imposible alcanzar el 15% de solidaridad urbana (porcentaje de vivienda pública en relación al parque total) que establece la ley para que el sector público tenga influencia sobre el mercado, pero a nivel metropolitano sí que podemos hacerlo”.

En la misma línea se expresa Christian Carneado, sexto teniente de alcalde de Badalona, que dice que el objetivo es que Badalona pueda disponer de un parque de pisos públicos divididos en vivienda de emergencia social, vivienda de alquiler social y vivienda en régimen protegido. Para lograrlo, Carneado remarca que es necesaria la colaboración de todas las administraciones. Así, afirma que Badalona tiene la “determinación” de movilizar siete millones de euros de inversiones para construir vivienda pública.

Promociones a ambos lados de Barcelona

En estos momentos, en L’Hospitalet hay ocho promociones de viviendas en marcha, con 721 viviendas protegidas previstas. De estas, 21 serán dotacionales para jóvenes, 506 forman parte del Patrimonio Municipal de Suelo, y serán de protección de alquiler, y 194 serán de VPO. En la ciudad existen actualmente 3.422 viviendas con algún tipo de protección, 396 de las cuales se han realizado durante el último mandato.

De cara al próximo mandato el Ayuntamiento de Santa Coloma ha firmado un convenio con el Institut Metropolità de Promoció de Sòl (IMPSOL), mediante el cual cede parcelas para desarrollar actuaciones de vivienda pública. En este marco se desarrollarán dos promociones de vivienda protegida en Sant Pasqual, en El Fondo, con 90 viviendas, y en el Front Fluvial del Raval, con 168 más en régimen de alquiler.

Así, el total de viviendas públicas obtenidas durante el mandato actual será de 153 viviendas. La previsión es terminar el mandato 2023-27 con 378 nuevas viviendas públicas, lo que supondría que en dos mandatos la ciudad habría ganado 531 viviendas públicas y, con esta cifra, se alcanzaría el 1% de vivienda pública en el total de vivienda.

Vivienda protegida en el Vallès

Para la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, las dificultades para acceder a una vivienda suponen "uno de los problemas más graves de nuestra sociedad". "Sabadell es una de las ciudades de nuestro tamaño con mayor vivienda de alquiler de titularidad municipal, pero sabemos que la cifra es insuficiente. Por eso tenemos un plan muy ambicioso para construir 525 viviendas en los próximos años, que incrementarán en un 34% los pisos municipales de alquiler protegido”, remarca Farrés.

En cuanto a vivienda municipal, el ayuntamiento está construyendo dos promociones de alquiler protegido. Estas dos son las primeras de las ocho promociones que el Ayuntamiento iniciará, a través de Vimusa o SBD Lloguer Social, entre 2021 y 2023, y que contarán con un total de 528 pisos de alquiler protegido. Asimismo, en la Roureda se construirá un complejo para las personas mayores.  En total, de un parque de unas 80.000 viviendas en la ciudad, un 2% son de alquiler protegido público.

Lluïsa Melgares, teniente de Alcalde del área de Territorio de Terrassa, explica que las promociones más cercanas previstas se realizarán a través del derecho de superficie: dos con convenio público con la Generalitat (supondrán 206 viviendas) y dos con promotores privados (otras 262), y que en este mismo mandato han adquirido 253 pisos vía tanteo y retracto. En total, en Terrassa hay 2.824 pisos de titularidad pública, entre los que pertenecen al Ayuntamiento y a la Generalitat.

En Sant Cugat, uno de los municipios con los precios de alquiler más caro del estado, explican que tienen dos promociones en marcha y otras 13 propuestas de diferente volumen ya planificadas. Francesc Duch, teniente de alcalde de Vivienda, explica que uno de los principales problemas que se encuentran es la falta de suelo público para poder desarrollar proyectos de vivienda pública.

No obstante, en Sant Cugat también trabajan en la definición de lo que será el primer 'ecobarrio 'de la ciudad, donde el 50% de las viviendas serán VPO y tendrá un volumen aproximado de más de 1.900 viviendas en régimen VPO. En total, se prevé incrementar el parque de vivienda asequible de alquiler en 3.000 nuevos domicilios, los cuales tendrán diferentes grados de protección.

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