LOS RETOS DE LA ENSEÑANZA

El 21% de los alumnos catalanes de 3 a 16 años son pobres

La Generalitat aprueba el decreto de admisión que otorga a la 'conselleria' la regulación y el reparto de plazas tanto en la pública como en la concertada para combatir la segregación

Niñas en la puerta de un colegio de Parets del Vallès

Niñas en la puerta de un colegio de Parets del Vallès / Ayuntamiento de Parets

  • La Generalitat pagará a la escuela concertada 998 euros por cada alumno sin recursos escolarizado y el Síndic pide mil millones más al año para la enseñanza

  • El Govern se marca un plazo de cinco años en los que prevé invertir 162 millones de euros que permitan incrementar la equidad educativa

  • Las escuelas públicas asociadas a un instituto garantizarán el acceso a ese centro sin necesidad de realizar preinscripción

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El 18 de marzo del 2019, el Síndic de Greuges reunió en el Parlament a todos los agentes implicados en la educación en Catalunya con el objetivo de fijar una agenda común contra la segregación escolar. O lo que es lo mismo, para evitar los colegios gueto que cumplen la heroica función de dar cabida y salida a los alumnos más vulnerables. De aquel encuentro surgió un pacto para garantizar la equidad en la enseñanza, un camino que se ha demostrado lento y de un complicado encaje de bolillos. Este martes se ha dado un paso más con la aprobación del decreto de admisión por parte del Govern.

El Departament d'Educació asume la organización y regulación de las plazas escolares, tanto en la pública como en la privada concertada, de manera que el problema, o mejor dicho, el reto, se reparta más y mejor, con lo que supone a nivel de financiación e implicación de los centros, que están muy atentos, sobre todo los concertados, ante la posibilidad de que el Govern les cierre líneas. Todo ello sucede ante una cifra cuanto menos alarmante: el número de alumnos vulnerables, aplicando los nuevos criterios de definición de estudiantes con necesidades educativas especiales de tipo socioeconómico, se multiplica por tres. Es decir, de 65.000 detectados con el baremo anterior (del 2007) se pasa ahora a 215.000, el 21% del total de alumnos catalanes incluidos en la etapa de enseñanza infantil y la obligatoria (poco más de un millón). O lo que es lo mismo, uno de cada cinco chavales de entre tres y 16 años es pobre.

Más dinero

El decreto va asociado a un calendario que prevé que pueda desplegarse al 100% en un plazo de cinco años, y a una financiación de 162 millones de euros que dependerá de la imprevisible aprobación anual de los presupuestos de la Generalitat en el Parlament. Lo que sucederá de manera inmediata, de cara a la preinscripción del curso 2021-2022, es la posibilidad de reducir las ratios de manera generalizada, de 25 a 22-23, especialmente en las escuelas que son receptoras habituales de estudiantes vulnerables. En este tipo de centros, además, no se habilitará la matrícula abierta, lo que evitará que alumnos que lleguen a mitad de curso terminen siempre en las mismas aulas.

Para este primer ejercicio, Educació destinará 21 millones a la escuela concertada (garantizando la escolarización gratuita a estos chavales) y 16 para la pública. Sobre el terreno, según las cifras facilitadas por la 'conselleria', esto significa que la Generalitat pagará a la concertada 998 euros anuales por cada alumno sin recursos que tenga matriculado. Las cantidades se han establecido en base al estudio sobre el coste de la plaza escolar elaborado por un grupo de expertos. Preguntado sobre la financiación, el Síndic Rafael Ribó ha asegurado que el plan requiere de una ampliación del 25% del presupuesto anual del Departament d'Educació, es decir, mil millones más para enseñanza cada año.

La escuela concertada puso el grito en el cielo ante la posibilidad de que el Govern controle sus plazas

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Hace un año, las patronales de la educación concertada y asociaciones de familias pusieron el grito en el cielo ante la voluntad del Govern de regular las plazas de las escuelas privadas subvencionadas. Alegaron que se atentaba contra la libertad de los padres de elegir el colegio más adecuado para sus hijos y advertían sobre la "infrafinanciación" de la concertada, que podría agravarse con el decreto de admisión. Fuentes de Educació aseguran que la libertad de elección se mantiene intacta, y que la aprobación definitiva del documento llega tras un año de negociación con todos los implicados. Sobre el control de las plazas, recuerdan que la propia ley del 2009 ya recoge esta premisa, aunque nunca ha llegado a desarrollarse. La nueva normativa también modifica las zonas educativas marcadas por cada municipio. Ahora se establecerán en función de los criterios de equidad y para evitar la segregación, un fenómeno que los estudios científicos asocian al fracaso y al abandono escolar.

Otra de las novedades, aunque esto es algo que entrará en vigor más adelante, es la vinculación absoluta entre escuela pública e instituto de referencia, de manera que los padres que deseen que siga sus estudios en ese centro tendrán plaza garantizada y no tendrán que realizar la preinscripción. Bastará con avisar a la escuela, lo que supondrá un importante alivio administrativo.