Ir a contenido

ACUERDO PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA CATALANA

Frente global en Catalunya contra la segregación escolar

Los alcaldes aplauden la iniciativa del Sindic pero reclaman financiación al Govern para lograr la equidad

Ribó sotiene que "la falta de igualdad es el único poblema grave real" de la educación en Catalunya

Carlos Márquez Daniel

Firma del plan contra la segregación escolar en el Parlament.

Firma del plan contra la segregación escolar en el Parlament. / SÍLVIA CORTADA

El árbol de la Educación se tuerce en función de la descompensación de sus ramas. Tampoco aguanta si la base no es firme, o si el clima es criminal. Todo el mundo coincide en que el éxito o fracaso de una sociedad empieza precisamente en las aulas. Pero a ese tronco le faltan medios para crecer fuerte y robusto. La segregación escolar, por ejemplo, es una de esas extremidades que lastra el sistema. Como lo es la falta de financiación, el fracaso y el abandono escolar, la falta de reciclaje del profesorado o los cambios en el modelo en función del color político. Todo, de hecho, está conectado. Catalunya se ha propuesto ahora poner el acento en el mejor reparto del alumnado en función de su condición socioeconómica. A propuesta del Síndic de Greuges, el Govern, los ayuntamientos y entidades implicadas en el ámbito educativo han firmado este lunes en el Parlament un ambicioso pacto contra la segregación escolar. El objetivo, “garantizar el derecho a una educación de calidad y a acceder a ella en condiciones de igualdad”. Los alcaldes, por su lado, lo tienen claro: no se puede vivir de buenas intenciones si no hay medios económicos que las respalden.  

A nadie se le escapa que esta propuesta llega en vísperas electorales, lo que puede causar cierta magnificación o desviación del discurso. En cualquier caso, esta iniciativa es el resultado de dos años de trabajo conjunto entre el equipo del Síndic, Rafael Ribó, y el Departament d’Educació, liderado por Josep Bargalló. Con ese deseo de crear sinergias entre todos los actores implicados en la enseñanza se han pactado una treintena de actuaciones que incluyen cerca de 190 medidas concretas. La idea, tal y como reza el documento, es implementarlas “tanto como se pueda”, a lo largo de esta legislatura. Con todo lo que eso significa en estos tiempos de fragilidad política. En cualquier caso, la robustez del plan parece capaz de trascender a cualquier crisis de gobierno o posible cambio de color político. Además, el concurso de los consistorios, que deberán adoptar y poner en práctica las tesis del proyecto en un plazo de tres años, ayudará a apuntalar los objetivos del acuerdo.

Falta dinero

El documento parte de una premisa que nadie discute: “Existe un amplio consenso en la comunidad educativa a la hora de destacar la infrafinanciación de la enseñanza”. “El sistema -reza el informe del Síndic- presenta  importantes déficits de inversión pública para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades”. Esa estrechez de las arcas públicas se traduce en servicios complementarios que acaban repercutiendo en la economía de las familias. El material escolar, las colonias, las excursiones, la tecnología…, una serie de conceptos que, lógicamente, afectan de manera más intensa a los núcleos más desfavorecidos. La conclusión es lógica y evidente: las escuelas con un entorno socioeconómico más favorable pueden sacar adelante proyectos educativos mucho más atractivos que los centros con una composición social más frágil. Esa, según el Síndic, “es una de las espirales de reproducción de la segregación escolar”.

Para resolver este fenómeno, el plan prevé avanzar en la gratuidad de la educación, “discriminando positivamente en la transferencia de recursos a los centros y las familias más desfavorecidas”. O lo que es lo mismo, más dinero para los que más lo necesitan. ¿Significa eso que las concertadas acomodadas recibirán menos recursos? Puede ser. En ese caso, esos colegios tendrían dos opciones. Mantienen su cuota y las familias pagan más para cubrir lo que ya no pone la Generalitat, o compensan la reducción de financiación bajando ellos el cobro a través, por ejemplo, de fundaciones. El proyecto también prevé establecer una proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centros de una misma zona a través de una normativa de admisión y mejora de la distribución de los estudiantes entre distintas escuelas. 

Cerrar escuelas sin solución

La primera medida que propone el pacto es un nuevo decreto de admisiones del alumnado, que irá acompañado de un mayor esfuerzo en materia de transparencia de datos. Más allá de las medidas ya anunciadas por la ‘conselleria’ (ya no darán puntos las enfermedades digestivas o crónicas ni tener hermanos en el centro o un padre exalumno) el pacto prevé una proporción máxima de estudiantes con necesidades educativas específicas por centro de una misma zona, una oficina electrónica de preinscripción, la protección de los centros de alta complejidad o la mayor persecución del fraude aumentando las exigencias de acreditación del criterio de proximidad con el colegio elegido. En el caso de que no se encuentre el modo de resolver la segregación escolar de un centro concreto, el pacto contempla la posibilidad de refundarlo o incluso cerrarlo "si se constata la imposibilidad de revertir esta situación de claro desequilibrio en la composición social de su entorno".

En la firma del pacto, Ribó ha sostenido que la segregación escolar "es el único problema grave que tiene la educación en Catalunya". "Es una falacia hablar de adoctrinamiento como problema porque es mentira", ha añadido. Ante la demanda generalizada de recursos económicos para sacar adelante el plan, el Síndic ha preferido apelar al "compromiso", recordando que son los municipios, de la mano de las entidades y el Govern, los encargados de detectar situaciones para actuar con rapidez. "Tiene que ser una voluntad política y también cívica", ha concretado, antes de invitar a que la educación se lleve el 6% del PIB catalán.

Sin obligaciones

El 'conseller' Bargalló, tras escuchar a cinco alcaldes que le han pedido más medios para poder combatir la segregación con garantías, ha subrayado que la política educativa no tiene sentido sin la implicación de los ayuntamientos y ha agradecido también la implicación de las escuelas concertadas. El responsable de Educació ha lanzado también un triple compromiso. Primero ha hecho referencia a un "cambio cultural de toda la sociedad": "El derecho a la elección del centro se debe centrar en el qué y no en con quién estudian nuestros hijos". En segundo lugar, ha recordado que la 'conselleria' ya tiene entre manos un cambio legislativo sobre las admisiones a las escuelas públicas y concertada. Y para terminar, se ha comprometido a responder a esa demanda de medios económicos para hacer frente a los retos del pacto. Con el deseo de que pasadas las elecciones generales, municipales y europeas el Parlament sea capaz de desatascar los presupuestos, ahora congelados, se ha comprometido a dotar las propuestas de su correspondiente cheque. El pacto echa a andar y se celebrarán reuniones semestrales para evaluar su efecto en el mundo real.

Nace, sin embargo, con un par de piedras en el zapato. Primero, que ni la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Catalunya (Fapac) ni el sindicato Ustec, mayoritario en el sector, apoyan la medida porque consideran que beneficia a la escuela concertada. Y segundo, como suele suceder con la cosa pública, que la firma de los políticos no obliga absolutamente a nada.