La agencia que controla los precios de los alimentos tendrá más capacidad inspectora

El grupo socialista en el Congreso de los Diputados ha aprovechado la tramitación de la ley contra el desperdicio alimentario, que estaba ya en marcha desde el pasado febrero, para introducir, dentro del periodo de enmiendas, una propuesta para remodelar y reforzar la actual Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un organismo que debe velar por los precios de los productos en toda la cadena, desde el campo hasta el consumidor, y que ha sido muy criticado por los agricultores porque se queda corto en su cometido.

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"Nuestra propuesta pasa porque esta agencia se dote de más recursos humanos y técnicos y también de más presupuesto, que tenga rango de dirección general y que, por tanto, tenga mayor capacidad inspectora", explica a este diario el diputado Sergio Matos, portavoz del PSOE en la comisión de Agricultura. "La previsión es que el texto empiece a debatirse en ponencia en torno al mes de julio para llevarlo a votación en el pleno del Congreso en el último trimestre de este año", prosigue Matos. De hecho, la ley contra el despilfarro de alimentos prevé, en su articulado, que la entrada en vigor se produzca en enero de 2025.

La ley contra el despilfarro alimentario pide multas de hasta medio millón de euros para las empresas que desperdicien

El portavoz socialista de Agricultura en el Congreso recuerda que el refuerzo de este organismo forma parte del paquete de 43 medidas que el ministro Luis Planas ofreció al sector primario el pasado abril para tratar de aportar soluciones a la crisis por la que pasa el campo español. "La agencia es una herramienta útil y todos los actores de la cadena alimentaria, desde agricultores y ganaderos hasta el comercio están de acuerdo en que debe funcionar bien", subraya el diputado canario, que advierte, no obstante, en la dificultad que supone poner de acuerdo a sectores tan diversos.

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Diez años de actividad

El año pasado, la AICA impuso 382 sanciones (un 40,4% más que en 2022) a un total de 149 empresas infractoras, buena parte de ellas al sector mayorista por no respetar los plazos de pago comprometidos con los productores, según el último informe de su consejo asesor. Desde su creación en agosto de 2013, la entidad ha puesto 3.708 multas por un importe de algo más de 15,7 millones de euros, de los que ya ha cobrado algo más de 13 millones.

La agencia que controla el precio de los alimentos impuso 382 sanciones a 149 empresas en 2023

Del total de 382 sanciones, casi la mitad (un 48%) correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista. También fueron objeto de multas la ausencia de contratos o la falta, en los que sí se han realizado, de elementos mínimos como el precio del producto motivo de transacción. Las modificaciones unilaterales no pactadas por contrato y la destrucción de valor en la cadena alimentaria también aparecen en la lista de los principales motivos de penalización. Por sectores, según el informe de balance del ejercicio pasado, los que registraron más infracciones con sanción fueron el de frutas y hortalizas, que registró 165 multas, seguido del vitivinícola (96), el de aceite de oliva (40), el del bovino (37), el de la aceituna de mesa (19) y el lácteo (17).

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