Las cuidadoras contra Florentino Pérez & CO: Salarios congelados en un sector sostenido con contratos públicos millonarios

La sociedad catalana, al igual que el resto de sociedades occidentales, son comunidades cada vez más envejecidas. Hoy Catalunya la habitan casi el doble de octogenarios que la habitaban cuando empezó el siglo XXI. Y en 2050 habrá prácticamente el doble de octogenarios que hay ahora, según las últimas proyecciones publicadas por Idescat. 

Vidas más longevas y una menor natalidad están reconfigurando la pirámide poblacional, lo que planteará una serie de retos demográficos, como, por ejemplo y entre otros muchos, la sostenibilidad del sistema de pensiones. Más ancianos -muchos de ellos con mayor poder adquisitivo que sus antecesores- que irán agrandando un potencial nicho de negocio para las empresas. Los economistas han bautizado dicho nicho como la ‘silver economy’ o ‘economía plateada’, inspirados por el color de las canas. 

Solo el 3,5% de ancianos catalanes tiene un cuidador público en casa

En ese contexto de envejecimiento demográfico, los servicios de atención a domicilio –es decir, las personas que cuidan a dependientes o ancianos que necesitan ayudan en su día a día- prometen ir ganando mercado. Un mercado que actualmente se reparten en Catalunya entre grandes constructoras, que han visto en esa ‘silver economy’ una lucrativa vía para expandir su cuenta de resultados, y cooperativas de origen social. 

“Cada sociedad decide cómo cuida a sus mayores. En la nuestra, la reciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha provocado que estas hayan dejado de encargarse de ellos”, explica la catedrática de la UB Ció Patxot. Si bien esa externalización de los cuidados ha recaído en otras mujeres, profesionalizadas a través de los servicios municipales del SAD (Servicio de Atención Domiciliaria). Los ayuntamientos adjudican cada cierto tiempo contratos millonarios para ofrecer a unas 70.000 personas en Catalunya unas cuatro horas de atención semanal por usuario, según coinciden las distintas fuentes consultadas del sector. Si bien desde el sector también apuntan a que la mayoría de los cuidados los costean íntegramente las familias y que lo hacen mediante trabajadoras sin contrato laboral.

Volviendo a los contratos públicos, estos se los están llevando, entre otros, grandes cotizadas del Ibex como ACS -que en Catalunya actúa a través de Accent Social, S.L.U- o Sacyr -que opera a través de Sacyr Social S.L.-. La primera, propiedad de Florentino Pérez, se ha adjudicado en los últimos tres años contratos por valor estimado de 92,9 millones de euros y gestiona el SAD de municipios de toda Catalunya, según los datos disponibles extraídos de la plataforma de contratación del sector público. Desde capitales como Lleida, hasta ciudades metropolitanas como Castelldefels o Sant Adrià del Besos. La segunda corporación tiene un peso menor actualmente y en ese mismo periodo se ha adjudicado los servicios del Ayuntamiento de Viladecans, Esplugues de Llobregat o Terrassa, sumando entre los tres contratos por valor estimado de 15,8 millones de euros. 

El sector lo comparten esas grandes empresas multiservicios, que a un consistorio pueden asfaltarle una calle o gestionarle una residencia de ancianos, con algunas cooperativas sin ánimo de lucro o empresas mercantiles especializadas en el sector. 

La ciudad de Barcelona es un ejemplo de ello. Sus barrios están divididos en cuatro lotes, que en 2020 y hasta el año que viene se repartieron a partes iguales Servisar Servicios Sociales, una S.L. comercialmente conocida como Domusvi- y la cooperativa Suara Serveis. La primera, entre Barcelona y Badalona, gestiona contratos por valor de 115,7 millones de euros. La segunda opera el SAD de varios municipios y desde 2020 se ha adjudicado 215,6 millones de euros en contratos de este tipo. 

Convenio congelado

Al margen del cif, a los ancianos los duchan, escuchan y atienden trabajadoras que llevan dos años con los sueldos congelados. La cuantía que marca el último convenio negociado, cuyas tablas solo abarcan hasta 2022, fija un salario mensual de 1.252,39 euros brutos en el caso de una trabajadora familiar. El de las auxiliares de limpieza, de 1.073,69 euros, ya le ha pasado por delante el vigente salario mínimo interprofesional, en 1.134 euros. 

Sueldos percibidos por mujeres en su gran mayoría, con alta presencia de monomarentales y/o nacidas en el extranjero, según coinciden los sindicatos. Salarios bajos sumados a largas jornadas, no siempre de muchas horas, pero sí dilatadas en el tiempo, con pausas a mediodía e intensidad de servicios a primera hora –duchas y desayunos- y a última –cena y acostar-. Lo que dificulta la conciliación de las empleadas, ya que en vez de estar cuidando a sus familiares cobran por cuidar a los de otro.

El 'boom' de la FP amenaza con agrandar la brecha salarial: ellas cobran un 30% menos que ellos

“Nos están ofreciendo miseria y venimos de un sector precarizado desde hace años. Quien puede sale corriendo”, afirma Noelia Santiago, delegada de CCOO. Lesiones de espalda –"somos grúas humanas"- o del túnel carpiano por levantar a ancianos de la cama o el sillón; dolencias en las rodillas de agacharse en las bañeras; codo de tenista de apoyarse los usuarios… “No tenemos ni una enfermedad profesional reconocida. Junto a las ‘kellys’ [camareras de piso] somos el colectivo profesional más hecho polvo”, afirma la representante de CGT Montse García. Aunque no solo el cuerpo sufre, sino también la mente. “El SAD no solo atiende a ancianos, sino también a toxicómanos. Vemos de todo y escuchamos de todo. Tanto familiares como usuarios cargan todas las emociones en nosotras y eso desgasta”, añade.

"Es muy duro, quema mucho. La mayoría que puede, se va", insiste Maribel, empleada del SAD en la provincia de Lleida. A sus 64 años explica que se hace en un mes entre 600 y 1.200 kilómetros para atender domicilios en varios pueblos. Con el plus por kilometraje congelado desde hace dos años y la reciente subida de los carburantes, hay meses que desplazarse le sale a pagar. “El coche también lo pongo yo”, añade. 

Tras 15 reuniones, patronales y sindicatos apenas han logrado acercar posiciones. Fuentes de Acra, una de las organizaciones empresariales que se sienta a dicha mesa, reconoce que las posturas están “muy alejadas”. Una de las propuestas que más enerva a los sindicatos es la doble escala salarial que propone parte de las patronales. Estas abogan por una subida mínima, del orden de entre el 0,5 y el 1% anual, si las empresas no recibían o renovaban las adjudicaciones. Y si sí las renovaban u obtenían, entonces aplicar mayores incrementos. 

“Es algo que ya se ha firmado en otras comunidades autónomas”, defienden desde Suara. “Por responsabilidad nosotros ofrecemos un 11% entre 2023 y 2026”, dicen desde Acra. La división en la bancada patronal existe y en qué condiciones vuelva a sacar el Ayuntamiento de Barcelona su servicio el año que viene será clave. Los cuatro lotes de la última adjudicación sumaban 191,6 millones de euros. 

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