Las cuidadoras a domicilio cierran su primer día de huelga tras más de un año con los sueldos congelados

Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD) de Catalunya han ido a la huelga este martes para protestar contra el bloqueo de su convenio colectivo, lo que les provoca llevar más de un año con los sueldos congelados. Un sector que solo en la ciudad de Barcelona aglutina a más de 3.000 empleados, encallado desde hace meses en un conflicto laboral y en el que los sindicatos no descartan futuros paros.

Según datos facilitados desde los sindicatos convocantes -CCOO y CGT-, el seguimiento de la protesta ha sido de cerca del 30% del total de la plantilla; teniendo en cuenta que los servicios mínimos fijados por el Departament de Treball han sido del 50%. Fuentes consultadas por la patronal ACRA afirman no disponer de un recuento propio de la incidencia de las protestas.

El servicio de atención domiciliaria catalán lleva meses inmerso en un conflicto laboral latente que este martes ha tenido su primer fogonazo, con un paro parcial de cuatro horas. Parte de los sueldos en el gremio superan por muy poco el salario mínimo interprofesional (SMI) y otros se han quedado por debajo ya que desde 2022 no se revalorizan. En paralelo los productos de la cesta de la compra o los alquileres siguen subiendo y de ese caldo de cultivo se están sirviendo los sindicatos para presionar a las patronales en la negociación del nuevo convenio.

El 'boom' de la FP amenaza con agrandar la brecha salarial: ellas cobran un 30% menos que ellos

Las posturas están muy enrocadas desde hace meses y las relaciones entre las partes son complicadas. En octubre pasado las centrales montaron una protesta frente a la sede de ACRA -una de las entidades patronales del sector- mientras se celebraba una reunión para renovar el convenio. Y la reacción de los representantes empresariales fue suspender los contactos hasta esta próxima semana. Está previsto, según confirman desde ambas bancadas, que este jueves vuelva a producirse un nuevo encuentro -esta vez en terreno neutral- para tratar de acercar posturas.

Actualmente una trabajadora familiar tiene un sueldo de anual de 1.252 euros brutos al mes (14 pagas) y una auxiliar de limpieza 1.073 euros (14 pagas), mientras el SMI está en 1.134 euros (14 pagas). Lo que obliga a las empresas del sector a complementar el sueldo de estas últimas para no incurrir en una ilegalidad. Remuneraciones que desde las centrales tachan de insuficientes para la carga física y mental que requiere la profesión, dedicada a cuidar a las personas dependientes y más vulnerables en sus domicilios.

Contratos millonarios

Los servicios del SAD penden principalmente de los ayuntamientos o consejos comarcales, si bien los ejecutan empresas privadas o fundaciones que se presentan y ganan las licitaciones de los primeros. Llevándose cuantiosos presupuestos por ello. Entre los actores destacados del sector están cooperativas como Suara, uno de las protagonistas en la capital catalana y que solo allí maneja contratos de al menos 92,6 millones de euros. Pero en el sector también sacan beneficio empresas mercantiles como Accent Social, S.L.U, propiedad de Florentino Pérez y que en Catalunya, entre ayuntamientos como el de Lleida, Sant Just Desvern o Montgat, gestiona contratos de más de 17 millones de euros.

Los sindicatos reclaman mejoras salariales y en materia de conciliación -ya que la gran mayoría son mujeres con hijos o familiares a cargo-, ya que entienden que las grandes empresas del sector tienen margen para encajarlas dentro de sus presupuestos.