La mejora de los informes de peritaje apunta a un alza de las indemnizaciones por los cárteles de automoción

Los litigios e indemnizaciones por el cártel de coches y camiones, por el que los juzgados aplican compensaciones a los clientes en la compra de vehículos hace algunos años, van a aumentar en los próximos meses. Las demandas de las plataformas de reclamaciones colectivas se están aceptando en los juzgados y van a ser muchas las alternativas para que los clientes agraviados puedan ir a los tribunales con costes bajos. Pero la gran novedad y que puede potenciar todavía más la actividad judicial es que los tribunales se muestran permeables a los informes periciales que calculan las indemnizaciones a los clientes, con cuantías a pagar más altas. 

El Tribunal Supremo dictaminó el pasado junio que los transportistas afectados por el cártel de camiones tenían derecho a ser indemnizados con el 5% del valor de adquisición del camión, salvo que pudieran acreditar otra valoración en base informes periciales consistentes. En general, ese 5% se extendía a las sentencias, pero dejando abierta la puerta en cada reclamación a una cuantía mayor. Fuentes de Fenadismer destacan que la Plataforma de Afectados por el Cartel de Camiones, mediante un informe pericial bien elaborado, ha logrado incrementar al 16% el importe a recibir en diferentes Audiencias Provinciales, pese a la dura oposición por parte de los fabricantes.

El pasado mes de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en la que condenaba a Scania al confirmar su participación en el referido cártel de camiones. Con esta sentencia se ha reabierto el periodo judicial para que todos los afectados que adquirieron un vehículo de dicha marca puedan exigir su correspondiente indemnización, siempre que lo hubieran adquirido entre los años 1997 y 2011. Algunos expertos consideran que esa sentencia puede reabrir reclamaciones a clientes de cualquier marca de camiones integrante del cártel, en concreto Daf, Daimler-Mercedes, Iveco, Man, Renault-Volvo. La importancia del informe del peritaje también es relevante en el caso del cártel de coches (para los automóviles comprados entre 2006 y 2013. 

Systema Capital, que ya protagonizó la primera operación de 'third party litigation funding' o fondo creado para afrontar batallas judiciales con el cártel de camiones en 2019, ya anunció una ambiciosa operación de financiación de la mayor plataforma de reclamación sobre el cartel de coches en España, con fondos de 15 millones de euros para defensa jurídica y la capacidad para defender en reclamación conjunta en torno a 100.000 afectados. La plataforma legal, bautizada como A&P y con el nombre comercial 'recuperatudinero.com', supone un paso más allá en la batalla contra el cártel de coches, ya que se propone atraer a empresas con flotas de vehículos y furgonetas. En Recuperatudinero.com ya había 30.000 inscritos a finales de febrero. Su baza es disponer de recursos importantes para sustentar todas las reclamaciones con informes periciales profesionales y solventes, de acuerdo con las pautas de la Guía de Cuantificación de Daños de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). 

Hasta 2026, las flotas de vehículos y furgonetas, las empresas de alquiler, gremios de taxistas, agentes comerciales, asociaciones empresariales, y compañías y autónomos de distintos sectores de actividad que requieren de flotas para su actividad tienen también la oportunidad de reclamar a las marcas con expectativas de ingresos importantes. Iván Comerma, socio de Systema Capital, explica que el informe pericial marco se va a elaborar con la información de los afectados que lleguen a la plataforma y que de ese informe depende el éxito de cualquier demanda: "Cuanto mayor sea la muestra analizada, más sólido es el resultado y más posibilidades tenemos de que el juez considere nuestra cifra reclamada en lugar de conceder cifras simbólicas, que es lo que hemos visto ha venido ocurriendo cuando los informes periciales no son sólidos". 

Para la patronal del transporte Fenadismer, se ha abierto el plazo para reclamar contra Scania por su participación en el cártel de fabricantes de camiones tras la sentencia europea. En julio de 2016 la Comisión Europea impuso una sanción histórica a los principales fabricantes europeos de vehículos industriales (Daf, Daimler-Mercedes, Iveco, Man, Renault-Volvo y posteriormente Scania) por la fijación concertada en los precios de venta de los camiones, así como por retrasar deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir sus emisiones. Se abrió la vía para interponer demandas para aquellos que hubieran adquirido vehículos de las referidas marcas entre los años 1997 y 2011, excepto en el caso de Scania debido a que recurrió judicialmente dicha resolución sancionadora negando su participación en el cártel.

Indemnizaciones

Durante todo este tiempo, se han ido emitiendo un importante número de sentencias por diferentes Juzgados de Primera Instancia y Audiencias Provinciales de toda España, con resultados contradictorios y en algunos casos desfavorables a los intereses de los reclamantes, hasta que el pasado mes de junio el Tribunal Supremo dictaminó el derecho de los transportistas a ser resarcidos por el daño ocasionado derivado del sobreprecio aplicado por los fabricantes de camiones, pero limitando dicha indemnización a un 5% del valor de adquisición del vehículo más los intereses legales, salvo que la reclamación fuera acompañada de un informe pericial consistente que permita acreditar y cuantificar otra valoración diferente.  

En el caso de los clientes profesionales, los fabricantes de camiones y coches han aplicado la estrategia de contradecir los peritajes para minimizar los pagos. Han invocado habitualmente la denominada teoría del 'passing on', según la cual el transportista o propietario del coche de una flota, por ejemplo, pudo reducir el daño ocasionado trasladando el hipotético incremento del precio abonado por el camión o coches a las tarifas que ofertaba a sus clientes e incluso posteriormente en la reventa, y además habiéndose podido beneficiar de una mayor reducción fiscal en la amortización debido al mayor coste de adquisición.

Los abogados de los clientes finales, sean profesionales o no, han visto en las flotas de vehículos o los autónomos una vía para reclamar indemnizaciones importantes (entre el 10% y el 20% de lo pagado) en momentos en los que las marcas se han recuperado del periodo de incertidumbre de la pandemia. 

El cártel de coches

El 23 de julio de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 171 millones de euros a 21 empresas de automoción y a dos empresas consultoras por prácticas anticompetitivas. El Tribunal Supremo las confirmó en 2021. Según la investigación de la CNMC, lo que hacían las marcas era intercambiar información confidencial entre ellos, los márgenes de descuento de los concesionarios se coordinaban y, como resultado, no había ofertas agresivas.