Vivienda

Promotores y constructores alertan de la fuga de inversiones por el tope al alquiler en Catalunya

La Apce avisa de que la limitación de precios en 140 municipios, entre ellos Barcelona, ya ha provocado la deslocalización de oferta de arrendamiento

¿En qué consiste el índice para limitar los alquileres de vivienda en zonas de precios elevados?

Archivo - Viviendas en construcción

Archivo - Viviendas en construcción / URV - Archivo

Agustí Sala

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Nueva alerta sobre la aplicación del tope a los alquileres que la Generalitat pretende aplicar en 140 municipios, entre ellos Barcelona, una vez que el ministerio de Vivienda publique en el boletín oficial del Estado el índice con horquillas de precios en las zonas declaradas tensionadas. La Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (Apce) ha advertido de que ya hay inversiones que iban a realizarse en Catalunya que han optado por Madrid o Málaga, entre otras zonas con "más seguridad jurídica".

Xavier Vilajoana, presidente de la Apce, asegura que durante el año y medio que el Govern aplicó su tope, que luego congeló el Tribunal Constitucional, "bajaron ligeramente los precios pero la oferta se redujo en un 15%". Después, además las rentas empezaron a aumentar porque "la caída de la oferta fue mayor que la bajada de precios", ha explicado. Según este colectivo profesional, donde se han aplicado limitaciones a los precios se ha producido reducción de oferta, deterioro del parque y desincentivos para quienes pueden contribuir a que haya más viviendas.

Vilajoana puso sobre la mesa una encuesta que hicieron a sus socios a finales del año pasado, entre los que hay incluso empresas públicas, y el 32% de los que contestaron admitieron que habían puesto a la venta viviendas que pretendían destinar a alquiler durante el último trimestre de 2023, tras la entrada en vigor de la ley de vivienda. El mismo estudio revelaba que el el 56% de promotoras habían desechado iniciar viviendas de alquiler y el 19% reconocían que habían optado por trasladar su inversión a otros territorios.

Y ha recordado que solo Catalunya ha manifestado que piensa aplicar los topes acordados por el ministerio a pesar de que defendía su modelo, basado en referencias fijas en vez de las horquillas que define Vivienda en función de las características del inmueble. Pese a ser contrario a cualquier limitación de precios ha afirmado que el sistema elegido por el Gobierno central al menos se basa en valores más actuales, al extraerse de la Agencia Tributaria, mientras que los que defendía la Generalitat procedían del depósito de fianzas, que son más atrasados.

Pequeños propietarios

El presidente de Apce afirma que más del 80% de los propietarios de viviendas que están el alquiler son pequeños propietarios y critica que se considere gran tenedor a quien tiene a partir de cinco viviendas, ya que muchas son inversiones de la entrada y gastos del 30% del precio en las que se están pagando hipotecas. Por ello ha advertido que la reacción más común de los dueños no será solo retirarlas del mercado sino ponerlas a la venta y, por tanto, reducir aún más la oferta de arrendamiento. Y pese a que el sistema no es obligatorio para los pequeños propietarios y que es para los nuevos contratos cuando entre en vigor el sistema de topes, ha recordado que el precio que se fije tiene que estar relacionado con el del anterior contrato.

Desde que se dio a conocer el sistema de índices que piensa publicar el ministerio de Vivienda y aplicar la Generalitat, la Apce ha recibido "un alud de llamadas" de propietarios que defienden la estabilidad y que piensan sacar del mercado oferta de alquiler para ponerla a la venta, lo que "aún va agravar más la escasez de alquileres".

Vilajoana critica también que las administraciones solo hablen de vivienda "cada tres o cuatro años", es decir, cuando hay elecciones, en vez de mantener políticas como las de Austria y otros países con un mercado en el que 10 de cada 100 inmuebles son de alquiler, frente a los 0,9 de España. A su vez ha denunciado que las administraciones solo destinan a estas políticas la décima parte en vivienda social, ayudas e incentivos que otros países de la Unión Europea y que solo ha aflorado suelo público con la entrada en vigor de los fondos 'Next Generation' para construir vivienda protegida. A juicio de los promotores y constructores catalanes, todas las decisiones que se han tomado hasta ahora "agravarán aún más la accesibilidad a la vivienda".