Un año después de la reforma concursal, la mayoría de los casos siguen acabando en cierre: “La ley es buena, pero falta un cambio cultural”

Con la histórica sentencia sobre la propiedad de la siderúrgica Celsa todavía caliente, y con unas estadísticas que no parecen reflejar cambios significativos en el mercado concursal español, el debate se sirve solo. ¿La reforma concursal aprobada hace aproximadamente un año ha sido positiva o negativa? ¿Es útil? Así lo ha planteado este lunes el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) a cinco expertos relacionados de algún modo u otro con el sector, y la conclusión ha sido prácticamente unánime: “La ley es buena, lo que nos falta es implantar el cambio de paradigma que promete, nos hace falta un cambio de mentalidad real”, ha servido el abogado socio del área concursal de RCD Concursal, Cristian Valcárcel. “En este país falta un cambio cultural, que aumente el número de procedimientos sin que haya el reparo reputacional de instar un proceso concursal cuanto antes mejor”, ha coincidido el economista y socio de Roca Junyent, Josep Pujolràs.

Junto a ellos, han opinado de forma similar la magistrada titular del Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona, Yolanda Ríos; el presidente del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola; y el presidente de Pimec, Antoni Cañete. Todos ellos han perfilado una realidad en la que la Unión Europea (y, en concreto, España) ha diseñado un nuevo marco legal para intentar que una empresa viable no muera sí o sí tras solicitar un concurso de acreedores, una ley que a España llega con un “espíritu que va en buena dirección” y “una intención que es buena”, pero que de momento no está impidiendo que el 90% de los concursos terminen en liquidación.

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“A la práctica no está funcionando”, ha resumido Cañete. Él encuentra carencias, por ejemplo, en el terreno de la microempresa, que queda un poco desamparada en esta ley, pero el mensaje más recurrente ha sido que buena parte del problema está más fuera que dentro de la ley. “Nos hace falta un cambio cultural que es totalmente necesario”, ha sentenciado Pujolràs, remarcando dos cuestiones claves: que el instinto principal en España es habitualmente proteger el patrimonio personal y que los concursos se presentan tarde y mal, con empresas con muy poco oxígeno y capacidad para reaccionar. 

Además, Guardiola ha cuestionado que sea compatible la firma apuesta de Bruselas por reindustrializar Europa dando músculo a la gran empresa autóctona, con una ley que da mucho más poder a los fondos de inversión. Este tipo de empresas, por definición, tienen como principal objetivo maximizar su beneficio, cosa que normalmente se consigue deslocalizando o vendiendo ciertos activos a terceros, ha dicho el presidente del Cercle d'Economia.

Concursos sin masa

En este sentido, Celsa -y la sentencia que ha cedido su propiedad a los acreedores, y no a la familia fundadora-, se ha convertido en la gran protagonista. “La directiva dice claramente que en una situación de insolvencia actual o inminente, una empresa que no sea pyme puede llegar a ser absorbida por los acreedores”, ha contextualizada la magistrada Ríos, que ha defendido sin matices la sentencia del juez del caso y que lo único que ha dejado en el aire es si, quizás, en casos así, se tendría que acordar que este tipo de decisiones no recayeran en una sola persona. “Es una lástima perder una empresa estratégica catalana, pero un juez no se puede separar del camino que le marca la norma”, ha rematado.

Más allá de eso, y teniendo en cuenta que, como ha señalado Valcárcel, el caso de Celsa es más una excepción que norma, el resto de cuestiones que preocupan a este plantel de expertos son, de nuevo, el procedimiento para microempresas (“Está destinado al fracaso, como lo estuvo en su día la mediación concursal”, ha asegurado este mismo abogado) y el auge de los concursos sin masa, otro fenómeno muy vinculado a la reforma concursal.

“El legislador quiso ser garantista, pero ha sido demasiado sofisticado”, ha explicado el letrado. Antes, el juez tenía la opción de acudir a esta vía que rige a las compañías que no tienen activos suficientes para cubrir todas sus deudas (y que sale más a cuenta en términos de tiempo y dinero), ahora, en cambio, hay cuatro supósitos que obligan al magistrado a ir por este camino. “A veces te planteas que lo mejor es hacer una liquidación previa para poder ir al concurso sin masa”, ha reconocido Valcárcel. Detrás de él, de hecho, la juez Yolanda Ríos ha confirmado que ya se está encontrando casos de este tipo.