¿Cómo afectará el acuerdo para la reforma del mercado eléctrico al precio de la luz?

El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado este jueves un acuerdo para reformar el mercado eléctrico. La reforma, nacida al calor de la crisis energética, surgió ante la urgencia de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, como el gas, sobre los precios de la electricidad. Estas son algunas de las claves, a la espera de conocer el texto definitivo que incluya todos los detalles.

El grueso de la reforma eléctrica de Bruselas está vigente en España sin haber evitado la crisis de precios

¿Cuándo se pone en marcha?

Este acuerdo pone punto y final a la negociación, iniciada en marzo tras la propuesta de la Comisión Europea. Pero faltan los formalismos. Es decir, que tanto los representantes del Parlamento Europeo como del Consejo voten en sus respectivos plenos su adopción. A partir de ahí la legislación deberá ser publicada en el boletín oficial de la UE para su entrada en vigor, que podría ser entre los meses de marzo y abril del año que viene. Si bien el texto adoptado requiere en prácticamente todos los casos la adopción de normas nacionales para ponerlos en marcha, con lo que su implantación real todavía tardará.

¿Bajarán los precios?

El intento de reforma surgió a partir de la crisis energética de los dos últimos años para tratar de desvincular el precio de los combustibles fósiles, como el gas, del precio de la electricidad. Pero su objetivo no es tanto bajar el precio, sino evitar la volatilidad y fomentar la entrada de renovables en los sistemas eléctricos. ¿Cómo? Al fomentar los contratos de venta de energía a largo plazo (a través de dos mecanismos: contratos a largo plazo o ppa, por sus siglas en inglés, y contratos por diferencias, que son unos esquemas en los que los Gobiernos aseguran a los productores un precio base, si el precio del mercado es más alto, tienen que devolver la diferencia, pero si es más bajo, se aseguran ese precio). Lo que se pretende es reducir el peso del mercado diario, para evitar los picos de precios; pero esto no es algo que ocurre de la mañana a la noche, sino que llevará años. Pues la propuesta final deja la decisión a los productores, y solo la incentiva a través de mecanismos como las garantías públicas para los PPA, de forma que si una de las partes se retira del acuerdo, el Estado cubre el riesgo (esto ya existe en España para la industria electrointensiva y apenas se usa). De esta forma, el acuerdo dista mucho de la postura española que quería obligar a determinadas tecnologías (hidráulicas y nucleares) a firmar 'contratos por diferencias' con un precio fijo regulado para acelerar ese proceso.

¿Se notará en la factura?

Más allá de ese intento por favorecer el mercado a plazo, que en cualquier caso tardará tiempo en poder materializarse con éxito; en el caso español al menos el impacto parece muy limitado porque muchas de las medidas ya están marcha. La única posibilidad de efecto directo en España es a través de la creación de los mercados de capacidad --que sirven para retribuir a las tecnologías simplemente por estar disponibles, como garantía de suministro-- y que son especialmente importantes para retribuir a los ciclos combinados, que ahora apenas se usan para generar energía sino más bien como respaldo de las renovables. Este tipo de mercados se pueden crear actualmente en los países, pero son concebidos como un mecanismo de último recurso --que España inició hace años sin éxito-- que fuentes del sector lo estiman en unos 10 años. El nuevo acuerdo, sin embargo, los incluye como "un elemento más estructural", lo que se prevé según algunas fuentes que suponga un acelerón a ese proceso. Pero el diablo está en los detalles y dependerá de cómo quede finalmente la redacción del texto.

¿No hay más cambios?

El acuerdo también incluye una mayor "protección de los consumidores" al hacerse eco de medidas planteadas por la Comisión Europea como la obligación para las compañías eléctricas a ofrecer tarifas a precio fijo o el derecho de los consumidores a compartir el excedente de energía con sus vecinos sin necesidad de crear comunidades energéticas, lo que podría fomentar el autoconsumo.

¿Evitará que vuelva a haber una crisis?

Además, refuerza la posición de los países (en el marco del Consejo) que serán quienes tengan la última palabra para declarar una crisis temporal de precios, pero siempre a propuesta de la Comisión Europea. Según ha explicado el ponente español Nicolás González Casares, esto dará seguridad a los inversores porque se evita que cada país pueda intervenir el mercado de forma individualizada. Además, se establece un umbral de 180 euros por megavatio-hora (MWh) en el mercado mayorista para declarar esa situación de crisis, según avanzó el socialista. "Seguirán siendo 180 euros independientemente de la inflación, si no en unos años estaríamos en una cifra mayor y sería mucho más difícil declarar una crisis de precios y poner medidas intervencionistas en el mercado para ayudar a los consumidores", ha explicado González Casares.

¿Alguna medida de rápido impacto?

En la postura que defendía el Consejo había una medida de efecto inmediato: aplicar el tope a los ingresos extraordinarios de los productores con costes marginales más bajos --hidráulica y nuclear, principalmente hasta el 30 de junio de 2024-. El Parlamento había ido más allá en su primera propuesta al plantear su inclusión en la legislación como medida estructural, para cuando se declare una situación de emergencia, pero en su propuesta final la eliminó. Y lo mismo ha ocurrido en la propuesta final entre ambos. "El 'cap' (tope en inglés) murió muy a mi pesar hace unos cuantos meses ya", reconocía González Casares, que ha reiterado que en las negociaciones "hay cosas que se quedan por el camino". "El Consejo tenía idea de extenderlo hasta junio del 2024, pero no está porque ha sido una cesión al Parlamento que tenía una clara mayoría que rechazaba esta posibilidad", ha añadido. En el caso de España, ese límite se redujo a 67 euros por megavatio-hora a la venta de energía de estas tecnologías y, en principio, está vigente hasta el final de este año, no en vano fue el primer país que lo puso en marcha, incluso antes que lo aprobara Europa. Ahora está por ver qué ocurre a partir de final de año. Las grandes compañías eléctricas europeas rechazaban de pleno mantener esta media de forma estructural y así lo han defendido durante todos estos meses. Esta medida ha servido para contener el precio de las tarifas en el mercado libre durante los peores meses de la crisis.

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