La UE llega a un acuerdo para reformar el mercado eléctrico

A dos semanas de que termine el año -y, con él, la presidencia rotatoria de España en el Consejo de la Unión Europea-, tras una maratoniana reunión de 10 horas, el Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para la reforma del mercado eléctrico. Un año y casi cuatro meses después de su anuncio por parte de la Comisión Europea, Europa pondrá en marcha nuevos mecanismos con los que espera reducir la dependencia de los precios de la electricidad de los combustibles fósiles para evitar su volatilidad y acelerar el despliegue de las energías renovables.

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"Con este acuerdo, Europa cuenta con un diseño de mercado eléctrico socialmente justo que protegerá mejor a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, con medidas que garantizarán precios asequibles para los ciudadanos y las empresas y acelerarán la transición energética", ha celebrado el ponente del Parlamento Europeo encargado de la negociación del acuerdo, el socialista español Nicolás González Casares, en su red social X (antes, Twitter). El texto debe ser ahora respaldado y adoptado formalmente por ambas instituciones. Su entrada en vigor se prevé para el mes de marzo o abril, según González Casares

El corazón de la reforma no es tanto bajar los precios, sino evitar los picos, al tratar de reducir el peso del mercado diario aumentando los contratos a plazo; aunque siempre de forma voluntaria, sin ninguna obligación. A falta de conocer los detalles del texto final, el acuerdo final no toca el sistema marginalista actual de fijación de precios por el que la tecnología más cara (el gas, ahora) seguirá tomándose como referencia. Sino que aboga por fomentar los mercados a plazo a través de dos instrumentos: los acuerdos de compra de energía (PPA), que se firman entre generador y consumidor, y los denominados 'contratos por diferencias'. Estos últimos han sido, precisamente, el principal escollo de las negociaciones de los últimos meses por la presión de Francia para incluir las nucleares existentes en el esquema. La versión final establece que se pueden utilizar en las "nuevas instalaciones de generación de energía basadas en energía eólica, solar, geotérmica, energía hidroeléctrica sin embalse y energía nuclear", según el comunicado del Consejo.

"El acuerdo alcanzado anoche por la Unión Europea es una excelente noticia. Está en sintonía con lo que planteamos en el Consejo de Energía del 17 de octubre, ofrece la posibilidad de precios estables y representativos de los costes del sistema eléctrico, con un nuevo derecho para cada uno de los 450 millones de europeos y para nuestra competitividad. Al mismo tiempo, nos brinda los medios para garantizar una financiación a largo plazo para la transformación de nuestro sistema eléctrico, con el fin de afrontar el desafío de triplicar las energías renovables y la energía nuclear afirmado en la COP28", ha celebrado la ministra de Energía francesa Agnès Pannier-Runacher.

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Los 'contratos por diferencias' o CFD, por sus siglas, son contratos entre el productor de energía y un Gobierno que sirven para apoyar las inversiones en generación eléctrica: cuando el precio de mercado resulta inferior al pactado en el contrato, el Gobierno lo ha de complementar, de modo que el productor no pierda; sin embargo, si el precio de mercado resulta superior a lo pactado en el contrato inicial, el generador ha de devolver una cantidad al Gobierno, con el fin de evitar ganancias excesivas para los generadores. De esta forma, si los precios son altos, los distintos Gobiernos reciben ingresos que luego pueden redistribuir. Para contentar a Alemania, el otro punto de fricción en las negociaciones de los últimos meses, el acuerdo final proporciona "flexibilidad" a la hora de redistribuir estos ingresos al poder destinarlos a clientes finales, domésticos o industria, pero también para "financiar los costes de los planes de apoyo directo a los precios o inversiones para reducir los costes de la electricidad para los clientes finales".

Además, el pacto otorga a los veintisiete países de la UE, reunidos en el Consejo, "el poder" de declarar una crisis, a propuesta de la Comisión, y establece los "criterios" para hacerlo, que estarán relacionados con el precio medio mayorista de la electricidad o con un fuerte aumento de los precios minoristas. El objetivo es que, en el caso de situaciones como la ocurrida hace dos años tras la presión de Moscú sobre el grifo del gas entre Rusia y Europa, existan unos criterios para saber cómo proceder y hacerlo de forma rápida. Así, también se acordó la posibilidad de "reducir aún más los precios de la electricidad para los clientes vulnerables y desfavorecidos".

Sin recorte a las eléctricas

El texto incluye también un guiño a las eléctricas, al no contener un límite a los ingresos extraordinarios (los conocidos como 'beneficios caídos del cielo') del mercado de la electricidad producida por generadores con costes marginales más bajos, como las energías renovables y la energía nuclear (los llamados 'generadores inframarginales') por la subida del precio del gas. El Consejo quería mantener esta medida "hasta el 30 de junio de 2024", mientras que el Parlamento planteó hacerla estructural en su propuesta inicial pero finalmente la eliminó. El texto final tampoco la recoge, según ha asegurado ("muy a su pesar", dijo) el ponente español encargado de las negociaciones por parte del Parlamento Europeo, Nicolás González Casares, en una rueda de prensa este jueves. Esta concesión a los grandes grupos de electricidad deja el interrogante sobre qué ocurrirá con esta medida en España a partir del 31 de diciembre, cuando decae este límite, que en este caso se sitúa en 67 euros por megavatio-hora.

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El punto de mayor interés para España del texto tiene que ver con los mecanismos de capacidad, después de que el resto de la reforma se haya quedado muy lejos de las propuestas originales del Ministerio para la Transición Ecológica. Estos mecanismos hacen referencia a ayudas a determinados generadores que proporcionan la garantía de suministro para el caso en que el resto de las tecnologías renovables no basten para abastecer la demanda.

Según el comunicado del Consejo, el pacto incluye "hacer de los mecanismos de capacidad un elemento más estructural del mercado de la electricidad", pero falta conocer de qué manera. Hasta ahora, este mecanismo necesitaba la autorización de la Comisión Europea como ayuda de Estado, lo que ralentizaba mucho un procedimiento --el Gobierno español y algunas fuentes apuntan a unos 10 años de duración-- que aparece como fundamental para retribuir a las centrales de ciclo combinado por estar disponibles para ser utilizadas. Este mecanismo se limita a tecnologías con un máximo de emisiones de CO2, aunque los legisladores europeos acordaron introducir una "excepción potencial y excepcional" para los mecanismos de capacidad ya autorizados, "cuando esté debidamente justificado", a petición de Polonia y su carbón.

"Este acuerdo es una gran noticia, ya que nos ayudará a reducir aún más la dependencia de la UE del gas ruso e impulsar la energía libre de combustibles fósiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", ha afirmado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Asimismo, ha indicado que, gracias al acuerdo, se podrán estabilizar los mercados a largo plazo, acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y libres de fósiles, ofrecer electricidad más asequible a los ciudadanos de la UE y mejorar la competitividad industrial. El impulso de esta reforma ha sido una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE que expira el 31 de diciembre de 2023.

El Consejo y el Parlamento también acordaron "reforzar" las medidas que deben implementar los estados miembros para "proteger a los clientes vulnerables y con problemas energéticos", incluyendo una definición de pobreza energética, así como la obligación de las compañías de ofrecer contratos a precios fijos a sus clientes. La asociación de consumidores europeos BEUC ha valorado positivamente la reforma porque garantiza la “protección contra la desconexión para los consumidores vulnerables y pobres en energía si no pueden hacer frente a facturas de electricidad exorbitantes, permitiéndoles mantener la luz en invierno".

La propuesta forma parte de una reforma más amplia del diseño del mercado de la electricidad de la UE, que también incluye un reglamento centrado en mejorar la protección contra la manipulación del mercado mediante una mejor supervisión y transparencia (REMIT), que los Veintisiete acordaron en junio.