Bruselas lanza la reforma para frenar la volatilidad y los picos de precios de la electricidad

La esperada reforma del mercado eléctrico europeo, con la que Bruselas aspira a acelerar el despliegue de las energías renovables, limitar los picos y la volatilidad de los precios del gas y su impacto en la factura de consumidores y empresas, ya está marcha. No será la revolución radical que países como Francia o España pedían y se acerca más a la revisión light que defienden los países nórdicos, Alemania y Holanda, pero según la Comisión Europea ayudará a proteger mejor a los consumidores y aumentará la previsibilidad y estabilidad de los costes energéticos para impulsar la competitividad de la industria europea incentivando los contratos a largo plazo. "Pedimos a los colegisladores que traten este expediente con prioridad", ha urgido durante la presentación la comisaria de energía, Kadri Simson.

Bruselas parte de la idea de que el mercado eléctrico actual es eficiente y está bien integrado y pone como ejemplo los 34.000 millones de euros de ahorro anual estimados por el regulador europeo (ACER). Por eso, mantiene el modelo de fijación de precios marginal -por el que la tecnología más cara determina el precio- porque la conclusión, tras la consulta lanzada en enero, es que "proporciona las señales de precios adecuadas” y las alternativas producen peores resultados. No obstante, es evidente que desde el verano de 2021 los precios han registrado unos picos sin precedentes. Un impacto agravado por la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, que disparó la factura energética todavía por la subida del precio del gas y que obliga a adoptar nuevas medidas.

La reforma, que ahora tendrá que ser negociada y acordada entre Parlamento Europeo y Consejo (Estados miembros) tiene un doble foco, tal y como avanzó la semana pasada El Periódico: consumidores e industria. En primer lugar, pretende garantizar una mayor protección de los hogares europeos con precios más estables basados en energías renovables y no fósiles. Para ello, establece el derecho de los consumidores a utilizar una amplia gama de contratos, a largo plazo con precios fijos pero también contratos de precios dinámicos, para aprovechar la variabilidad de los precios, y que los consumidores puedan beneficiarse de los momentos en los que la electricidad es más barata. 

Protección de consumidores vulnerables

Esta libertad contractual se traducirá, por ejemplo, en que un cliente podrá optar al mismo tiempo por un contrato fijo para su consumo ordinario y un contrato dinámico para cargar su coche eléctrico por la noche o utilizar una bomba de calor, cuando la electricidad sea más barata mientras que el suministrador tendrá que informar de forma clara de las ventajas y desventajas. El plan también obliga a los Estados miembros a establecer proveedores de último recurso para que ningún consumidor se quede sin electricidad en caso de que falle su proveedor e impide que los consumidores vulnerables o con bajos ingresos y con atrasos en sus facturas sean desconectados de la red. 

Otra novedad es que facilitará el acceso de los consumidores domésticos y de las pequeñas y medianas empresas a precios minoristas regulados en caso de crisis -será la Comisión Europea quien determine si se cumplen los criterios para declarar la existencia de una crisis- y que dará más poder a los consumidores al crear el derecho a compartir directamente la energía renovable (autoconsumo), sin necesidad de crear comunidades energéticas. Por ejemplo, los particulares podrán invertir en parques eólicos o solares y vender la electricidad solar sobrante de sus tejados a sus vecinos y no sólo a su proveedor. Esto, sostiene la Comisión, permitirá a todos los consumidores interesados, incluso a los que no poseen un tejado o no pueden permitirse invertir en paneles solares, beneficiarse directamente de la energía renovable e independizar sus facturas de electricidad del precio del gas.

Estabilidad para la industria

La solución diseñada por Bruselas no afectará a la formación de los precios en los mercados a corto plazo pero sí la forma de remunerar a los generadores inframarginales. Para dar estabilidad y certidumbre, propone facilitar el despliegue de contratos a largo plazo más estables, a través de acuerdos bilaterales de compra de energía (PPA) con proveedores de energías renovables o de bajas emisiones de carbono como la nuclear, un mercado al que actualmente solo tienen acceso las grandes empresas. Bruselas plantea extenderlo a empresas más pequeñas y que los gobiernos utilicen para cubrir los riesgos garantías estatales.

Además, para dar estabilidad a los ingresos de los productores de electricidad, todas las ayudas públicas a nuevas inversiones en generación de electricidad renovable y no fósil inframarginales (eólica, solar, geotermia, hidráulica y nuclear) tendrán que estructurarse en forma de contratos por diferencia (CfD) con un precio fijo -con un suelo y un techo- que estabilice el precio y una salvaguarda. Si el precio de mercado supera el techo, los beneficios adicionales de los productores serían recolectados y redistribuidos por los gobiernos entre los consumidores para rebajar su factura proporcionalmente a su consumo. Así, alega la Comisión, se garantiza que los productores no obtengan beneficios inesperados de unos precios de mercado excesivamente altos, al tiempo que el Gobierno garantiza siempre la seguridad de los ingresos.

Según explican fuentes comunitarias, si los precios caen por debajo del umbral mínimo habría una compensación para los generadores para que puedan cubrir sus costes. Esta posibilidad solo se aplicará a “nuevas inversiones” y no tendrá carácter retroactivo a la hidroeléctrica y la nuclear existente como pedía España porque enviaría una señal "negativa" a los inversores . A ojos del Gobierno español ambas opciones son insuficientes porque el corto plazo sigue teniendo demasiado peso en la configuración de precios en el caso de los contratos por diferencias mientras que los contratos bilaterales a largo plazo no son todo lo transparentes que deberían.

El plan también apuesta por impulsar la liquidez de los mercados de contratos a largo plazo que fijen precios futuros, denominados “contratos a plazo” para permitir a más proveedores y consumidores protegerse de precios excesivamente volátiles durante periodos más largos. Además, se incluyen nuevas obligaciones para facilitar la integración de las renovables en el sistema y mejorar la previsibilidad de la generación, con más transparencia para los operadores del sistema en lo que se refiere a la congestión de la red y plazos de negociación más cercanos al tiempo real.

Con este diseño, el Ejecutivo comunitario considera que habrá más transparencia y una competencia abierta y leal en los mercados mayoristas europeos de la energía. Para mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico, los Veintisiete tendrán que evaluar sus necesidades y tendrán la posibilidad de introducir nuevos regímenes de apoyo, especialmente para la respuesta a la demanda y el almacenamiento. España, sin embargo, considera que la propuesta no incluye un verdadero mercado de capacidad y almacenamiento.