Los Veintisiete logran un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico con la abstención de Hungría

Habemus acuerdo. Después de cuatro meses de negociaciones, los ministros de Energía de los veintisiete países de la Unión Europea han conseguido un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico que busca reducir la dependencia de los precios de la electricidad de los combustibles fósiles para evitar su volatilidad y acelerar el despliegue de las energías renovables. El pacto, que nada tiene que ver con las aspiraciones españolas, se ha conseguido por unanimidad, a excepción de la abstención de Hungría. Aunque los grandes protagonistas han sido Francia y Alemania, que eran el principal escollo de las negociaciones, y han sellado el acuerdo tras ver reflejadas sus aspiraciones.

"Hemos logrado un acuerdo inimaginable hace un par de años. Los consumidores podrán beneficiarse de precios de la energía mucho más estables, de una menor dependencia de los combustibles fósiles y de una mejor proteccion frente a futuras crisis. También aceleraremos el despliegue de las energías renovables", ha celebrado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera. Sobre la abstención de Hungría, ha aclarado que se debe a un tema relacionado con su "fiscalidad y su impacto en los precios", que nada tiene que ver con la filosofía del acuerdo.

El texto redactado este martes servirá ahora como mandato para las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, que comenzarán este mismo jueves, con el objetivo de afinar la forma final de una legislación que surgió al calor de la crisis energética de los últimos dos años.

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El principal enroque durante los últimos meses venía del eje franco-alemán, acerca del concepto introducido por la Comisión Europea sobre los llamados 'contratos por diferencias'. Este concepto alude a un modelo de contratos a largo plazo celebrados por el Gobierno para apoyar las inversiones en generación electrica, que complementan el precio de mercado cuando es bajo y piden al generador que devuelva una cantidad cuando el precio del mercado es superior a cierto límite, con el fin de evitar ganancias excesivas para los generadores. De esta forma, si los precios sean altos, los distintos Gobiernos reciben ingresos que luego pueden redistribuir. Un grupo de países liderados por Francia buscaba extender este esquema, planteado por la Comisión Europea para las nuevas instalaciones, a las instalaciones existentes para conseguir precios baratos para su energía nuclear. Pero Alemania y otros países querían limitar la cantidad de energía sujeta a ese mecanismo y además, defendían, que los ingresos que generen estos instrumentos se dirijan no solo a los consumidores, sino que también a las empresas.

"Es una victoria para la energía nuclear porque el acuerdo garantiza la neutralidad tecnológica total con respecto a todas las energías bajas en carbono, la nuclear y las renovables", ha celebrado la ministra de Transición energética francesa, Agnès Pannier-Runacher, una de las más críticas en los últimos meses. El pacto finalmente aprobado establece la figura de contratos por diferencias como fórmula de apoyo para "todas" las instalaciones (nuevas o existentes, en el caso de aumentar su capacidad o extender su vida útil), pero en el caso de las instalaciones antiguas se establecerán determinados requisitos que la Comisión Europea se encargará de vigilar bajo el criterio de "igualdad de condiciones de competencia entre Estados miembros", según han explicado la comisaria de Energía, Kadri Simson, y Teresa Ribera en rueda de prensa. El acuerdo incluye además la "flexibilidad" para redistribuir los ingresos generados entre los clientes finales, pero también para financiar la factura energética de las empresas.

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La propuesta, además, elimina el "caracter temporal" de los mecanismos de capacidad --que sirven para retribuir a las tecnologías por estar disponibles, como garantía de suministro-- y simplifica los procedimientos, según se explica en un comunicado del Consejo. Además, para contentar a Polonia, muy dependiente del carbón, la propuesta sellada añade una excepción hasta 2028 que afecta al límite a las emisiones de CO2 vinculadas al citado mecanismo de capacidad, según ha explicado Ribera.

Se crea también una nueva definición para la declaración de crisis temporal del precio de la electricidad cuando los precios promedio mayoristas "muy altos" duren al menos seis meses y se espere que los fuertes aumentos de precios minoristas continúen al menos durante tres meses. Bajo estas condiciones, los Gobiernos podrán adoptar medidas extraordinarias para mitigar el impacto de los elevados precios.

Además, el Consejo acordó que los Estados miembros puedan aplicar un límite a los ingresos excesivos de mercado de la electricidad producida por generadores con costes marginales más bajos, como las energías renovables y la energía nuclea (los llamados 'generadores inframarginales') hasta el 30 de junio de 2024, sujeto a las mismas condiciones que la emergencia.