La Eurocámara aprueba su posición sobre la reforma del mercado eléctrico

El Parlamento Europeo ya está listo para negociar con los 27 gobiernos de la Unión Europea -todavía tienen que acordar su posición- la reforma del mercado eléctrico europeo. La comisión de industria de la Eurocámara ha aprobado este miércoles por 55 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones su posición de cara a la negociación final. Según el ponente del informe, el socialista español Nicolás González Casares, la reforma que plantean protegerá “a los más vulnerables y los derechos de los consumidores”. El acuerdo, avalado con el visto bueno de populares, socialdemócratas, liberales y verdes, no incluye el tope al límite de ingresos de las renovables defendido por España.

"He tratado de introducir un tope de ingresos. Creemos que es más predecible y daría más estabilidad al mercado" pero "no todos los grupos lo han visto así", ha explicado el socialista español que se ha visto obligado a ceder en este terreno. "Ceder no significa dejar de creer en la necesidad de un instrumento", ha añadido aludiendo a la petición a la Comisión Europea de que evalúe diferentes opciones para junio de 2024 y la posibilidad de introducir un "mecanismo de alivio temporal". Pese a este pequeño revés, se ha mostrado satisfecho con el resultado. “Pone las bases para actuar de emergencia ante crisis de precios como la vivida recientemente, prohíbe que se corte la luz a las personas más vulnerables, y avanza en nuevos derechos, como el derecho a compartir energía y a vender los excedentes a particulares o a empresas”, ha destacado.

“Nuestro línea era un planteamiento tecnológicamente neutro y basado en el mercado. Un límite a los ingresos procedentes de fuentes de energía con costes marginales más bajos, las llamadas tecnologías inframarginales (como renovables o nuclear), era una línea roja absoluta para el grupo del PPE, porque significaría abrir la puerta a una interferencia inaceptable en los mercados y sería perjudicial para la inversión, especialmente en las tan necesarias energías renovables”, ha explicado la conservadora portuguesa, María da Graça Carvalho. sobre los motivos para rechazar el tope.

El texto, que ahora servirá de base para la negociación con los gobiernos europeos, propone reforzar todavía más la protección de los consumidores frente a la volatilidad de los precios en línea con la propuesta lanzada por la Comisión Europea a mediados de marzo, promoviendo los contratos a largo plazo. Por ejemplo, los consumidores deberán tener derecho a contratos de precio fijo, contratos de precio dinámico, así como a más información clave sobre las opciones que suscriben, prohibiendo que los proveedores puedan cambiar unilateralmente las condiciones de un contrato. 

Sin cortes de suministro

El objetivo, sostiene el Parlamento Europeo, es garantizar que todos los consumidores, así como las pequeñas empresas, se beneficien de precios estables, asequibles y a largo plazo, y mitigar el impacto de las crisis repentinas de precios. Además, también abogan por que los Veintisiete puedan prohibir a los proveedores cortar el suministro eléctrico a los clientes vulnerables, incluso durante disputas entre proveedores y clientes, y que impidan a los proveedores exigir a estos clientes el uso de sistemas de prepago.

Al igual que la Comisión Europea, los eurodiputados también respaldan el uso de los llamados “contratos por diferencias” (CFD) -por los que las autoridades públicas compensan al productor de energía si los precios del mercado demasiado para fomentar las inversiones energéticas y sugiere dejar la puerta abierta a sistemas de apoyo equivalentes tras su aprobación por la Comisión. También subrayan la importancia de los acuerdos de compra de energía (PPA) para proporcionar a los consumidores precios estables y a los proveedores de energías renovables ingresos fiables. Para ello, la Comisión Europea tendrá que crear un mercado para los PPA antes de finales de 2024.

El siguiente gran escollo de la reforma, una de las grandes prioridades de la presidencia semestral rotatoria de la UE que ostenta España, es que los gobiernos definan una posición común tras el receso veraniego. Solo entonces los negociadores de ambas instituciones podrán ponerse manos a la obra para tratar de cerrar un acuerdo antes del final de la legislatura y a poder ser antes finales de año, tal y como se ha marcado como objetivo el Gobierno de Pedro Sánchez.  "Tiene que darnos el beneplácito el pleno del Parlamento Europeo. Esperamos que así sea y nos pongamosa negociar con el Consejo cuanto antes, en cuanto tengan su posicion. A partir de septiembre estamos disponibles para terminar la reforma cuanto antes, si es posible este año, pero antes de que remate esta legislatura", ha explicado González Casares que ha destacado la rapidez con la que la Eurocámara, en tan solo tres meses, ha cerrado un acuerdo.