Los grupos del Parlamento Europeo pactan abortar el límite a los ingresos de las eléctricas

Los cuatro principales grupos del Parlamento Europeo —el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Partido Popular Europeo, Renew Europe y el Partido Verde Europeo— han llegado este miércoles a un acuerdo sobre las enmiendas de la reforma del mercado eléctrico que suaviza la propuesta planteada en un inicio por el eurodiputado Nicolás González Casares y su equipo. Así, del texto se cae la imposición de poner un límite a los ingresos de las eléctricas para situaciones de crisis, que era la medida que más han criticado las compañías eléctricas. Pero se mantiene otra que tampoco gusta a las empresas: la prohibición de recortar la luz a los consumidores vulnerables.

Eso sí, el acuerdo plantea que la Comisión Europea tendrá que realizar un informe antes de junio de 2024 acompañado de una propuesta legislativa que incluya medidas de "válvula de alivio temporal" a los precios por si estos se disparan. En caso de crisis energética, se propone obligar (antes era opcional) a la Comisión Europea a declararla, pero se endurecen los criterios. Si en su primera propuesta el Parlamento establecía como condición que el precio medio de los mercados mayoristas se incremente "en dos veces la media de los últimos cinco años y se espere que continúe así tres meses”. Ahora se establecen las dos condiciones que plantea la Comisión en su reforma, pero se elimina la tercera que apuntaba a que tenía que tener “un impacto negativo en la economía”.

Por tanto, se declararía una crisis si los precios en el mercado mayorista suben dos veces y media respecto a los cinco años previos y mantenerse en esa cota durante 6 meses a partir de un precio mínimo de 180 euros por megavatio-hora (MWh), y además los precios minoristas se incrementan en un 60% (70% dice la propuesta de la Comisión) con respecto a los dos años previos y cuando se espera que continúen de esa manera durante 3 meses (6 meses en la propuesta de la Comisión).

El pacto de este jueves es, por tanto, mucho más laxo y cercano a lo que planteaba la Comisión Europea en un inicio. El texto todavía debe ser votado el próximo 19 de julio en el Comité de Energía e Industria del Parlamento Europeo, pero no tiene que hacerse de forma plena. Al mismo tiempo, los Veintisiete tratarán de buscar un pacto para dar luz a su propio texto cuanto antes y, así, poder iniciar el trílogo —la negociación tripartita entre Parlamento, Consejo y Comisión Europea— para tratar de alcanzar un consenso antes de que acabe el año como quiere España, que ahora es la encargada de repartir los tiempos al ostentar la presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Mercados de capacidad

Como principal novedad, se incluye eliminar el carácter de último recurso de los mecanismos de capacidad --un pago por la capacidad de una tecnología, no por su generación-- y establece el mandato a la Comisión de presentar una evaluación sobre su introducción como un "elemento estructural" del diseño del mercado eléctrico. Eso se acercaría un poco más a la petición española de normalizar este tipo de mercados porque son fundamentales para las tecnologías de almacenamiento como baterías, bombeo y, sobre todo, para los ciclos combinados. Pero en la actualidad es muy difícil ponerlos en marcha si no es una situación de emergencia.

Entre las novedades también aparece la creación de un sistema europeo de subastas de energía renovable para "complementar" los esfuerzos de los Estados miembros en el objetivo de alcanzar el 45% de renovables en 2030. Las subastas irán destinadas a cubrir el objetivo de un 2,5% adicional al 42,5% vinculante en caso de que las contribuciones de los Estados miembros no alcancen el 45%.

Además, se añade que las autoridades reguladoras deben promover la utilización de inversiones anticipadas, alentando la aceleración del desarrollo de la red para satisfacer el despliegue acelerado de la generación renovable y la demanda eléctrica inteligente, como vehículos eléctricos y bombas de calor. Los distribuidores deben ofrecer la posibilidad de conexiones flexibles para hacer un uso más eficiente de la capacidad disponibles de las redes y evitar que proyectos de renovables o demanda eléctrica, como los cargadores de vehículos eléctricos tengan que esperar años por un punto de conexión.

Sin cambios en los CfD

Tanto en el caso de los Contratos por Diferencia (CfD) como de los PPA se mantienen sin grandes cambios sobre la propuesta de la Comisión Europea, pero sí se añade que los ingresos se deben dirigir a los consumidores vulnerables de manera prioritaria, a la transición energética, a compensar sus propios costes y, en situaciones de crisis, a la industria electrointensiva. Por otra parte, para los consumidores, además de prohibir el corte de luz a los vulnerables, se establece la definición de unos umbrales a partir de los cuales se podrá introducir un procedimiento de reducción de potencia y un mandato a los Estados miembros para adoptar medidas específicas para las temporadas de invierno y verano que permitan a los clientes domésticos gestionar su consumo y evitar facturas de elevadas.