El Parlamento Europeo propone mantener el límite a los ingresos de las eléctricas si hay crisis de precios

Esta es una de las enmiendas introducidas por el ponente español Nicolás González-Casares y su equipo tras más de 50 reuniones con empresas como Naturgy, Endesa, Iberdrola, o la Asociación de Comercializadores de Energía (ACIE), así como asociaciones de clientes o consumidores. A estos cambios seguirá la discusión de los distintos grupos políticos para la aprobación de una versión definitiva de la Eurocámara “en el mes de julio”. A partir de entonces comenzarán las conversaciones a nivel de estados miembros para alcanzar un texto final que el Gobierno español quiere impulsar durante la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del año.

El objetivo de limitar los ingresos de las eléctricas es destinar lo recaudado a medidas dirigidas a aliviar el impacto del ‘shock’ en los consumidores. "Es positivo que la CE introduzca medidas específicas para periodos de crisis como la posibilidad de introducir tarifas reguladas, incluso con precios por debajo de coste. Pero no resuelve cómo financiarlas, lo cual deja en inferioridad de condiciones a países con menos espacio fiscal y, por tanto, a sus ciudadanos", dice González-Casares. En su propuesta se establece un tope de 180 euros por megavatio-hora (MWh), el mismo que el acordado por los Veintisiete durante la crisis actual. Pero la redacción deja la puerta abierta a que los estados miembros establezcan sus propios criterios, como ahora, con límites van desde los 61 euros de Italia o los 67 euros de España a los 85 euros de Grecia o los 130 euros de Bélgica.

En una primera reacción por parte de las eléctricas, el secretario de general de la patronal europea (Eurelectric), Kristian Ruby, ha afirmado a EL PERIÓDICO tener "serias preocupaciones" sobre "la institucionalización" de una medida que, a su juicio, "ha fragmentado el mercado interno y ha generado ingresos significativamente menores de lo esperado".

España fue el primer país en poner en marcha un límite así. En septiembre de 2021, el Consejo de Ministros aprobó recortar de los ingresos de nucleares, hidráulicas y renovables por el alza de precios del gas. Pero las compañías eléctricas forzaron al Gobierno para suavizar esta medida al eximir de la penalización a quienes firmasen acuerdos de venta de energía por debajo de los 67 euros por MWh. El resultado ha sido que frente a los 2.600 millones que preveía recaudar el Gobierno español en un solo un trimestre, al final haya recaudado unos 370 millones en un año (2022). Pero, al mismo tiempo, una empresa como Endesa vio recortado su beneficio en 6.000 millones el año pasado por esta medida, según aseguró su consejero delegado, José Bogas, en la presentación de resultados anuales.

Por otra parte, el texto define "crisis de precios" como el momento en el que el precio medio de los mercados mayoristas se incremente "en dos veces la media de los últimos cinco años y se espere que continúe así tres meses”. En un cálculo grueso, esto ocurriría cuando el mercado mayorista se situase alrededor de los 80 euros por MWh. En abril, el precio medio de la luz en España fue de 73,73 euros por MWh.

Mercados de capacidad

Entre las novedades también se introduce considerar los mecanismos de capacidad como un elemento “estructural” de los mercados nacionales. Este tipo de mercados retribuyen a las centrales por la disponibilidad, en vez de la energía. Están pensados para aquellas centrales que tienen la posibilidad de decidir cuándo producen energía y cuándo no, como el bombeo hidroeléctrico, las baterías o los ciclos combinados. En la actualidad, se recogen en la legislación europea como una herramienta de último recurso, pero el Gobierno español quiere generalizar estos servicios, de forma que este nuevo redactado se acerca más a ese objetivo. Además, en el caso del almacenamiento se aboga por establecer un nivel mínimo europeo y por tener en cuenta los servicios de recarga (coche eléctrico) en la flexibilidad.

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También se propone crear una base de datos europea de contratos entre empresas de compraventa de energía (PPA) para fomentar la transparencia –en la actualidad este mercado está compuesto básicamente por acuerdos entre empresas verticalmente integradas--, así como estandarizar contratos para facilitar la entrada de pequeñas compañías. Esto último incluye la creación de una plataforma europea para el comercio de PPAs antes del 31 de diciembre de 2024. En el caso de las ayudas públicas a la generación (a través de CFDs) se mantiene a las nuevas renovables y nucleares, aunque se establecen "estrictos límites" cuando se trate de prolongar la vida útil para asegurar la "correspondencia y proporcionalidad" entre las nuevas inversiones y los ingresos garantizados. En la distribución de su recaudación se priorizará a los consumidores más vulnerables y las medidas de eficiencia y, en situaciones de crisis, se abre la posibilidad de dirigirlos a la industria electrointensiva.

Protección al consumidor

Por otra parte, se refuerza la protección del consumidor al prohibir los cortes a los consumidores vulnerables (medida ya vigente en España) y se deberá “asegurar que los hogares reciben suministro eléctrico suficiente para cubrir sus necesidades básicas”. “Los estados miembros deben complementar estos derechos con la adopción de medidas específicas para la temporada de verano e invierno para ayudar a los hogares a gestionar su consumo", se puede también leer en el texto. Además, se establece como obligación para los suministradores el “no modificar” las condiciones de los contratos durante la duración de los mismos, ni poder ponerles fin antes de tiempo.