Los fondos acreedores inician los trámites para hacerse con Celsa

Comienza el proceso. Los fondos acreedores de Celsa han anunciado el inicio de los trámites para pedir la autorización de inversión por parte del Gobierno y convertise en propietarios de la siderúrgica de la familia Rubiralta. Este paso se produce tras la aprobación por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona del plan de reestructuración que presentaron los fondos acreedores del Grupo Celsa y después de que estos hayan acordado con el Gobierno las condiciones para hacerse con el control de la primera empresa familiar catalana, según Bloomberg. 

Entre estos requisitos estaría la venta de alrededor del 20% del capital a un grupo industrial español. La Generalitat vería con buenos ojos que este socio o uno de ellos fuera catalán y vinculado al negocio, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Los acreedores también aseguran que van a preservar la españolidad, los empleos y los centros de producción, otras de las condiciones del Ejecutivo. El Gobierno cuenta con tres meses para autorizar la operación, un plazo que puede reiniciar cada vez que solicite más información.

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Entre los fondos encabezados por Deutsche Bank están también Strategic Value Partners y Sculptor Capital Management. Sus representates afirman que aceptan los requisitos impuestos desde la administración en el marco de la ley antiopas, aprobada para evitar que capital extranjero se haga con el control de empresas estratégicas a precio de saldo. De esta forma, los fondos podrán transformar los 2.300 millones de deuda en acciones de la compañía.

Tanto el Gobierno como la Generalitat habían comunicado a las sociedades acreedoras la necesidad de asegurar, a través de compromisos firmes y vinculantes, el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y las capacidades productivas en el marco del carácter estratégico de esta industria con unos 10.000 empleados.

Consejo independiente

Igualmente, el Gobierno ha trasladado a los acreedores la necesidad de establecer un consejo de administración independiente y la incorporación de un socio industrial que fortalezca la gestión de la compañía. Los fondos han manifestado al Gobierno "su total compromiso con el objetivo de sanear y fortalecer la posición financiera de Celsa, con el de mantener su plantilla y sus capacidades productivas en España y con el resto de los objetivos señalados", según un comunicado. 

En los últimos días se han producido contactos con distintas industrias intersadas por participar en la gestión de este grupo siderúrgico, que es una de las condiciones impuestas también desde la administración, admiten fuentes conocedoras del proceso. Los mismos portavoces aseguran que aún no se podía concretar qué compañía o compañías entarían en el capital.

Los acreedores también se han mostrado dispuestos a trabajar con todos los implicados para garantizar el cumplimiento de los objetivos comunicados por el Gobierno, para lo que están fomentando "canales de comunicación transparentes, tanto con los distintos niveles de la Administración como con los representantes de los trabajadores". 

Los fondos ya están poniendo en marcha algunos de los compromisos adquiridos con el Gobierno, como son la propia solicitud de autorización de inversión en España, o el nombramiento de Rafael Villaseca, expresidente de Gas Natural, hoy Naturgy, como presidente de un consejo independiente. En cuanto al resto de compromisos, "se irán implantando a medida que avance el proceso", aseguran. 

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La sentencia judicial permite que los fondos acreedores se queden con el 100% de la propiedad de la mayor empresa familiar catalana, una vez los Rubiralta han llegado a adeudar más de 2.500 millones de euros, más de lo que el juez consideró que valía toda Celsa, un grupo que emplea a unas 10.000 personas en España y que factura unos 6.000 millones de euros al año.

El fallo del juzgado número 2 de lo mercantil de Barcelona supuso la primera vez que e aplicaba lo establecido en la reforma de la ley concursal el año pasado. Esta establece que el arbitro que dirime si una propiedad pasa a manos de sus acreedores, en caso de que su deuda sea superior a su valor real, es un juez de lo mercantil. Y el magistrado titular del juzgado número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato Lavín, se pronunció el pasado 4 de septiembre.

El mercado

Según su sentencia, "en una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica". Y, examinadas todas las pruebas, consideró que los Rubiralta debían más de lo que valía Celsa, así que procedió a traspasar la propiedad a los fondos a cambio de parte de dicha deuda (1.352 millones de euros).

A diferencia de otros procesos, en los que cabe recurso ante una decisión de un tribunal de primera instancia, en los de este tipo no y ni el TSJC ni el TC podrán pronunciarse. Eso no impide que los abogados de los Rubiralta esudiaran la sentencia al milímetro para tratar de elevar la causa a otra instancia, pero formalmente la sentencia era definitiva y solo la intervención del Gobierno podía suspenderla.

El juez afirmaba: "Este es, en muchos sentidos, un procedimiento ciertamente singular. [Por] la enorme trascendencia económica de los intereses en juego, lo novedoso del procedimiento de homologación, la enconada y dilatada disputa que las partes mantienen desde hace tiempo o los numerosos factores de otra índole que gravitan y condicionan el comportamiento y las estrategias adoptadas por cada uno de los intervinientes".

La clave del juicio era responder a la pregunta: ¿cuánto vale Celsa? Los informes elaborados por las auditoras contratadas por los Rubiralta la tasaron n entre 4.400 y 6.000 millones de euros, apoyándose en previsiones alcistas del mercado del acero y de la ventaja competitiva que la inversión realizada por la compañía para reducir las emisiones de CO2 consideraban les confería. No obstante, el juez consideró que dichas previsiones contaban con "insuperables debilidades" y ha fallado a favor de los fondos.