Los partidos catalanes priorizan mantener el empleo y la actividad en Celsa

El gigante siderúrgico Celsa, el tercer mayor productor de acero de Europa, vive un impás histórico. La justicia dio la razón a principios de septiembre a los acreedores de la familia Rubiralta y ordenó traspasarles la propiedad como pago de las deudas pendientes. Estos ya han anunciado incluso quien será el timonel que pilote la transición: Rafael Villaseca, exconsejero delegado de Naturgy y cara conocida entre el empresariado catalán. No obstante, la operación todavía está pendiente de fecha para hacerse efectiva. 

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Y es que, sin recurso posible ante otras instancias, los Rubiralta aguardan expectantes si el Gobierno decide invocar o no la ‘ley antiopas’ para frenar la adquisición por parte de los fondos extranjeros vencedores del litigio. Eso abriría un escenario incierto, ya que Celsa es el primer gran caso de aplicación de la nueva ley concursal, modificada el año pasado.

Los fondos se quedan con el 100% de la propiedad de la mayor empresa familiar catalana, una vez los Rubiralta han llegado a adeudar más de 2.500 millones de euros, más de lo que el juez consideró que valía toda Celsa, un grupo que emplea a unas 10.000 personas en España y que factura unos 6.000 millones de euros al año.

Tras la sentencia, las administraciones -que habían cerrado filas con los Rubiralta antes de la misma- reclaman mantener la integridad del grupo empresarial y los empleos. Algo a lo que los acreedores se han comprometido públicamente, si bien tanto los trabajadores como el resto de actores implicados desconfían. Y es algo que priorizan las distintas fuerzas y algunas, incluso, como Junts o los Comuns, reclaman al Ejecutivo que vete o condicione de alguna manera la operación.

Desde la Generalitat, el 'president' defendió en una entrevista con EL PERIÓDICO un "análisis juridico" especialmente de la normativa comunitaria para determinar si se puede variar o frenar la operación. A la vez que destacó como objetivo lograr que se mantengan los empleos y la actividad industrial, recordó que el Govern aportó a la empresa un aval de 45 millones en 2020 y 2021, pero "a partir de ahí es una empresa privada y las decisiones de la propiedad on las que son".

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El PSC, la primera fuerza de la oposición, afirma que no valoran decisiones judiciales. "Respetamos lo que decida la justicia", destacan. Y recuerdan que el Estado ya inyectó 500 millones de euros en Celsa, su imayor aportación a una empresa industrial y estratégica. Como en el caso del Govern y de todas las fuerzas politicas su petición, pese al cambio de propiedad, es que se mantenga el empleo y "el enraizamiento en territorio, es decir, Catalunya".

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Por su parte, Joan Carles Gallego, de En Comú Podem destaca su preocupación por tratarse de una decisión tomada solo desde "el punto de vista financiero, sin tener en cuenta aspectos sociales o territoriales". Y supone aplicar por primera vez los cambios que se produjeron el año pasado en la ley concursal, "que impide la participación de los trabajadores y de las adminisraciones en decisiones que deberían garantizar el futuro de la actividad económica de la empresa en cuestión". El Gobierno "debería hacer prevalecer que se trata de una empresa estratégica, líder en economía circular...". En conclusión defiende que, como los acreedores suponen más del 10% del capital, "el Ejecutivo podría vetar esta operación o exigir que haya un plan industruial y compromisos de ocupación y otros", informa Sara González.

En Junts, que destaca el rol estratégico del grupo, critican que esta primera aplicación de la reforma concursal del año pasado se llevó a cabo "sin tener en cuenta las consecuencias estratégicas". Por ello, en su día, recuerdan que presentaron muchas enmiendas durante la tramitación parlamentaria y que se abstuvieron en la votación de la ley. Y recuerdan que según el real decreto 571/2023 se requiere la autorización del consejo de ministros, al que reclaman que no le de el visto bueno si no "hay garantías firmes de que pueda continuar el proyecto social e industrial en Catalunya". En resumen reclaman una nueva reforma de la ley concursal para evitar que "un juez en única instancia pueda cambiar la propiedad de una empresa con un valor de miles de millones de euros", informa Fidel Masreal.

Ciutadans, por su parte, recuerda los problemas económicos en los que entró Celsa tras fallecer su fundador, Francisco Rubiralta, el padre del actual presidente. Y afirman que "lo que se ha dirimido judicialmente es una deuda considerada inasumible por el juez, por falta de capacidad financiera de la empresa". Por ello "parece lógico que el control lo tengan los acreedores, no la familia Rubiralta", informa Carlota Camps. El PP catalán se limita a decir que la decisión judicial responde "al cobro, por la vía judicial, de una deuda".

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