RIU se querella contra altos cargos de Transición Ecológica por prevaricación

Los dueños de ambos establecimientos entienden que se ha actuado de "mala fe" por parte de los querellados, de forma que se ha podido cometer un presunto delito de prevaricación al haber realizado una "persecución manifiesta y no acorde con los derechos consolidados y a las autorizaciones administrativas otorgadas".

Tras analizar los hechos y la documentación aportada por la cadena hotelera, el órgano judicial destaca que "concurren todos los elementos que, debidamente acreditados por los medios legalmente previstos, podrían integrar el delito que se denuncia". En base a esto, el juzgado ha admitido a trámite la querella por las actuaciones de los altos cargos señalados en relación a los expedientes de estos dos hoteles en Fuerteventura. El juzgado solicita ahora el expediente de autorización de obras de reforma del complejo RIU Oliva Beach así como los expedientes de concesión otorgados a ambos hoteles.

Esta acción por parte de RIU supone un nuevo capitulo en la batalla que libra el emblemático establecimiento desde hace años con el Ministerio para la Transición Ecológica. Costas lleva desde el año 2021 reacia a prorrogar la concesión que permite a los hoteles situarse en el emplazamiento en el que están, en contra de la opinión del Gobierno autonómico. Es más, el anterior Ejecutivo regional autorizó las obras para la renovación del Oliva Beach el pasado mes de mayo, lo que ha generado tensiones entre ambas administraciones. A pesar de que la renovación no implica un aumento de volumen, altura o superficie de las construcciones ya existentes en la zona porque no se puede alterar el dominio público sobre el que se asienta el establecimiento turístico.

Autorización suspendida

La cuestión ha llegado hasta el punto de que el martes pasado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió de forma cautelar la autorización que el Ejecutivo regional concedió a la cadena hotelera para la reformar en el hotel y los apartamentos. El Gobierno autonómico defiende que el permiso se concede después de que el primer día de este año –en virtud de lo que dicta el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 2018–, el Archipiélago obtuviera la competencias en materia de Costas. Por lo que los servicios jurídicos del Ejecutivo regional ya preparan una respuesta judicial que, en principio, pasa por presentar un recurso de reposición. Una respuesta que exigieron también partidos de la oposición como el PSOE.

Y no solo RIU denuncia la "persecución". Algunos partidos, como el PP en el Ayuntamiento de La Oliva también considerar que el Ministerio, con sus decisiones, está demostrando una actitud de persecución a los hoteles Oliva Beach y Tres Islas.

La autorización de la reforma no es el único asunto que genera tensión entre Madrid y Canarias. Desde el pasado mes de julio la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario, acordó personarse en el procedimiento iniciado por el Ministerio sobre la concesión de licencia al hotel y los apartamentos Oliva Beach. En este caso el Ejecutivo regional también busca defender lo suyo. Incorporará un escrito al procedimiento abierto entendiendo que las competencias transferidas a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral, otorgan a Canarias la competencia en materia de concesiones.

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En medio de todo el conflicto los hay que apoyan a uno y otro bando. Algunos colectivos ecologistas majoreros están con la tesis de Madrid, mientras que los casi 400 trabajadores del Oliva Beach han organizado varias movilizaciones ante la amenaza de verse en la calle. RIU está presente en Canarias desde 1985 y actualmente cuenta con 16 hoteles en el Archipiélago, cuatro de los cuales están ubicados en Fuerteventura.

Para acabar con estas disputas y tensiones entre las administraciones, el Gobierno canario se ha propuesto un claro objetivo: obtener la totalidad de la competencia de Costas. Ya que a día de hoy el Estado se reserva una serie de competencias que no son transferidas a la comunidad como la función de emitir un informe preceptivo en relación a la garantía tanto de la integridad física como del uso del dominio público marítimo-terrestre. Para seguir trabajando en este asunto hay prevista un reunión mañana en Madrid del equipo de la Consejería regional que dirige Pablo Rodríguez con el Ministerio.