El TC revisará la ley de vivienda, al admitir a trámite los recursos del PP y del Parlament

El pleno del Tribunal Constitucional revisará la ley de vivienda aprobada por el Congreso justo antes de las últimas elecciones del 23 del julio, al haber admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Parlament y los gobiernos de Andalucía, Illes Balears y Madrid.

El Gobierno blinda el tope al alquiler para garantizar su aplicación

Los 11 magistrados que actualmente componen el pleno han admitido a trámite todos los recursos presentados contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que topaba la subida a los alquileres. Los recurrentes impugnaban, entre otros artículos de la norma, el 8 a, el 15.1, el 16, así como varios apartados de los artículos 18, 19 y 27 y tres disposiciones adicionales (la tercera, la transitoria primera y la final).

En las demandas de inconstitucionalidad de las comunidades autónomas se alega que la ley recurrida podría ser contraria al régimen de distribución de competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. El recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular también plantea la posible vulneración del derecho de propiedad, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la autonomía local. 

De todas las impugnaciones presentadas contra la ley de vivienda la que más sorprendió fue el interpuesto por el Parlament, con los votos de ERC, Junts y la Cup, porque los republicanos participaron activamente en la redacción de la ley en el Congreso, donde sin su apoyo no habría sido posible su promulgación.

Por eso, en el pleno de la Cámara catalana en la que se aprobó la presentación de la impugnación la portavoz de JxCat, Mònica Sales, afirmó que "la ley tiene artículos que van en contra del Estatut, que otorga competencias plenas al Govern en materia de vivienda" y echó en cara a ERC haberla apoyado. Los posconvergentes habían pedido un dictamen al Consell de Garanties, que refrendó la interposición del recurso.

Durante ese pleno la portavoz de Junts afeó a ERC haber "negociado, pactado y votado la ley estatal para después sumarse al recurso de inconstitucionalidad", pero acabó dándole la bienvenida el apoyo del grupo republicano y pidiendo a los diputados del PSC y de los Comuns “que prescindieran de las órdenes de las sedes centrales de sus partidos en Madrid” y defendieran la soberanía de la Generalitat.