La industria española del cerdo encaja las primeras señales de frenada tras años de crecimiento eufórico

Por primera vez en diez años, la industria porcina ha dejado de crecer en España. La tormenta perfecta que han generado el incremento de costes, la caída de las exportaciones de China y un problema sanitario concreto que ha afectado a la natalidad del cerdo dentro de las granjas ha hecho que en 2022 se produzca, de acuerdo con datos que maneja Deloitte, un 2% menos que el año previo y que desciendan un 6% las exportaciones. “Después de un proceso de crecimiento a partir del cual hemos alcanzado cotas muy relevantes, se dan los primeros síntomas de agotamiento de este modelo de crecimiento, y esto nos va a condicionar”, confirma el director general de la división de porcino de Vall Companys, Albert Morera, sentado este martes junto a directivos de Campofrío, Grupo Jorge, y Anprogapor.

Los cuatro han protagonizado uno de los seis debates de la 26ª edición del IESE Food & Bevearge, un encuentro que ha reunido a buena parte de la industria alimentaria en Barcelona y en el que ha quedado claro, por un lado, que una de las grandes preocupaciones actuales de la industria es el exceso de regulación, y, por otro, que el porcino sigue siendo, pese a todo, uno de los principales motores de esta economía.

Tal como ha repasado el responsable de Deloitte encargado de moderar la mesa redonda, Miguel Sabater, el sector cárnico supone una cuarta parte de todo lo que factura la industria de la alimentación y las bebidas, y un 60% de todo esto es carne de cerdo. Además, España es el mercado que más produce y exporta en Europa, y el segundo, a nivel mundial.

La cuestión es que se empiezan a amontonar los desafíos. Morera, de Vall Companys, ha hablado de los requerimientos medioambientales, del consumo de recursos y del exceso de regulación. Sergio Samper, consejero delegado del Grupo Jorge, de proteger el espacio de la proteína animal frente al auge de la proteína vegetal o de la subida de precios de cara al consumidor que ha propiciado la inflación. Y Miguel Ángel Higuera, director general de la asociación Anprogapor, de la falta de relevo generacional en el campo y de bienestar animal o, como él prefiere llamarlo, “requisitos de producción”.

“Cada vez tenemos más dificultades para construir granjas y reformar las existentes, y la normativa de bienestar animal viene orientada a incremento de superficie o a la retirada de jaulas”, ha explicado este directivo, que ha denunciado que muchos ganaderos no pueden hacer frente a esta obligación por cuestiones económicas y que un estudio les indica que este tipo de regulaciones podrían traducirse en una reducción de la producción europea de un 25%, lo que nos convertiría en una potencia netamente importadora. “Ojo, porque si perdemos soberanía alimentaria pasamos de alimentar al mundo a competir por alimentarnos”, ha advertido Higuera.

Fusiones y concentración

Sin quererlo, la discusión en torno a la industria ha servido como ejemplo práctico de lo que cuatro representantes de AECOC, FIAB, la CEOE, ASEDAS y Ecoembes habían puesto sobre la mesa minutos antes: que el exceso de regulación está coartando a la industria alimentaria en general y que se anticipa (y se desea, en realidad) una mayor concentración del sector

España –ha apuntado el director general de FIAB y presidente de la comisión de Economía Circular de la CEOE, Mauricio Quevedo, respecto a esto último- es la cuarta economía más potente en esta industria pero no hay ninguna empresa nacional entre las 50 de mayor dimensión en la Unión Europea. “Si queremos ser potencia como industria hay que ganar dimensión y eso es muy relevante”, ha concordado Josep Maria Bonmatí, director general de AECOC, frente a un Ignacio García, director general de ASEDAS, que ha destacado precisamente la pluralidad y variedad del sector de la distribución como uno de los grandes valores del mercado español.

En lo que ha habido consenso absoluto es en la demanda de más confianza y autonomía por parte del Gobierno, en vez de tanta presión regulatoria. En el debate han salido el impuesto al plástico, la ley de la cadena agroalimentaria y regulaciones en torno al desperdicio alimentario y al comercio electrónico. "En muchos casos se piensa que las empresas no están verdaderamente comprometidas con estas causas", han lamentado estos portavoces, que han pedido, en resumidas cuentas, leyes que les marquen un objetivo, pero no la forma de llegar a ellos. "Parece que si no vas por la vía de la prohibición y la fiscalidad no se solucionan los problemas", han concluido.