La Autoridad Fiscal estima que el déficit no logrará bajar del 3% en los próximos años

En contra de lo anunciado por el Gobierno, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el déficit público no bajará del 3% del PIB en los próximos años sino que se situará en esa tasa en 2024 (en esto sí coincide con el Ejecutivo) y ahí se mantendrá en los próximos años sin lograr los objetivos oficiales comunicados en la Comisión Europea, que incluyen situar el déficit en el 2,7% del PIB en 2025 y en el 2,5% del PIB en 2026.

De este modo, el déficit se situará en 2026 cinco décimas por encima de los previsto por el Gobierno (3% frente a 2,5%). Así lo estima la Autoridad Fiscal en su Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) para el periodo 2023-2026 que el Gobierno remitió a Bruselas a Bruselas el pasado 28 de abril. La diferencia fundamental entre las previsiones del informe de la Airef publicado este jueves y las del Gobierno reside en unas previsiones de ingresos por IRPF y por cotizaciones sociales menos optimistas por parte de la Autoridad Fiscal que las efectuadas por el Ejecutivo.

Disciplina reforzada de Bruselas

Mantener un déficit público que no logre situarse por debajo del 3% del PIB que fija el Tratado de la Unión Europa es muy relevante. No solo determina que se dispare en la Comisión Europea el Procedimiento de Déficit Excesivo frente a los países que incumplan este límite. Además, la reforma de las reglas fiscales que ha sido propuesta por la Comisión Europea -para su entrada en vigor a partir de 2024- prevé la imposición de una disciplina reforzada para los países con un déficit superior al 3%, que quedarán obligados a acometer un ajuste mínimo anual equivalente al 0,5% del PIB (cercano a los 7.000 milloens cada año). Está previsto que las nuevas reglas fiscales sean efectivas de cara a la preparación de los Presupuestos de 2025.

Ajuste adicional de entre 4.000 y 6.200 millones por año

El documento del Gobierno "cumple formalemente el objetivo de situar el objetivo del déficit por debajo del 3% del PIB, tal como exige la Comisión Europea. También contempla una senda descendente de la deuda", ha concedido la presidente la Airef, Cristina Herrero, durante la presentación del informe preceptivo de la institución respecto al documento remitido por el Gobierno a Bruselas en abril. Sin embargo, el documento del Ejecutivo "no constituye el instrumento de planificación de medio plazo" que pide la Comisión Europea, ni garantiza la persistente reducción de la deuda en los diez años posteriores al marco temporal del Plan de Estabilidad (2023-2026) que exige Bruselas. Antes al contrario, según las estimaciones de la Airef, la inercia de las cuentas del Gobierno llevan a un repunte de la tasa de deuda a partir de 2030.

Según los cálculos de la Autoridad Fiscal, para lograr el propósito de reducción sostenida de la deuda que se deriva de la reforma de las reglas fiscales en marcha en la Comisión Europea, el Plan de Estabilidad del Gobierno debería incorporar un ajuste adicional de las cuentas públicas equivalente a 0,3 puntos de PIB cada año (unos 4.000 millones por año; 16.000 millones para el cuatrienio), añadido al ya incorporado en el propio documento del Ejecutivo (que ya incorpora un ajuste de unos 21.000 millones de euros en el conjunto de los cuatro años que abarca el Plan de Estabilidad, de 2023 a 2026).

Según ha explicado la presidenta de la Airef, esto implicaría que los gastos del conjunto de las administraciones deberían crecer un punto menos cada año: en lugar del promedio del 3,5% previsto por el Gobierno para el periodo de 2023 a 2026, el gasto debería subir un promedio del 2,4% cada año.

Estas son las cuentas de la Airef, tomando como punto de partida el propio documento del Gobierno. Es decir, según la Airef, para que el propio documento del Gobierno cumpliera con la exigencia de la Comisión Europea de introducir la deuda pública en una senda irrevocable de descenso, debería incorporar un ajuste adicional de 4.000 millones cada año.

Pero es que la Airef considera que las cuentas del Gobierno son demasiado optimistas y que, como el déficit no bajará del 3% del PIB en todo el periodo, en realidad el ajuste adicional necesario no es de 0,3 puntos anuales de PIB, sino de 0,46 puntos. Siendo así, el ajuste adicional preciso no sería de 4.000 millones al año sino que rondaría los 6.200 millones anuales y se acercaría a los 30.000 millones para el conjunto del periodo (añadidos a los 21.000 ya previstos por el Gobierno). "Las simulaciones de Airef muestran que un ajuste de 0,46 puntos de PIB al año durante cuatro años generaría una contención en torno a 30.000 millones de euros en la evolución del gasto primario (neto de medidas de ingresos) al final del periodo de ajuste", se afirma en el informe de la Autoridad Fiscal publicado este jueves.

Ajuste indoloro del Gobierno

En las cuentas del Gobierno, el ajuste de algo más de 21.000 millones que se deriva su Plan de Estabilidad se logra de forma indolora, por la doble vía de la eliminación total de las medidas antiinflación en 2024 y por un intenso aumento de la recaudación fiscal (sin necesidad de nuevas subidas de impuestos ni de recortar gastos). La Airef no comparte esta proyección, ya que proyecta un menor crecimiento de los ingresos y por eso estima que el déficit en 2026 será del 3% del PIB, en lugar del 2,5% que prevé el Gobierno.

Para Herrero, el documento remitido por el Gobierno a Bruselas constituye “una oportunidad perdida para hacer una planificacion y colocar la deuda en una senda descendente a la que se tendrá que enfrentar el próximo Gobierno que salga de las urnas y también el resto de administraciones territoriales", la mayoría de las cuáles también están sujetas al proceso electoral del 28 de mayo.

Antes del verano, la Comisión Europea debera emitir su dictamen sobre si los planes de estabilidad de cada uno de los países son suficientes para cumplir las orientaciones presupuestarias lanzadas por Bruselas en marzo. En caso contrario, emitirá recomendaciones por país enfocadas a su cumplimiento. En este proceso, tendrá en cuenta tanto la información remitida por el Gobierno como la que le hará llegar la Autoridad Fiscal.