Bruselas endurece sus nuevas reglas fiscales: ajuste mínimo del 0,5% del PIB a países con un déficit superior al 3%

La Comisión Europea ha lanzado oficialmente la negociación de las nuevas reglas fiscales de la UE a partir de una propuesta legislativa que confirma reglas más flexibles, con planes fiscales plurianuales de reducción de deuda diseñados por los Estados miembros en negociación con Bruselas, antes de ser validados por el Ecofin (Consejo de ministros de economía y finanzas), y sanciones graduales en caso de desvíos. Tal y como exigía Alemania, el plan incluye algunos indicadores numéricos aunque Bruselas no va tan lejos como reclama Berlín. Aún así, los gobiernos tendrán que aplicar un ajuste presupuestario mínimo del 0,5% del PIB mientras el déficit sea superior al 3%; la proporción de la deuda pública tendrá que ser al final del período más baja que al inicio y tendrán que concentrar los ajustes en los primeros cuatro años en caso de períodos de ajuste fiscal ampliados.

En España, el déficit público se situó en el 4,8% del PIB en 2022. Las últimas previsiones del Gobierno estiman un déficit del 3,9% en 2023; del 3,3% en 2024 y del 2,9% en 2025, año en el que se prevé que entrarán en vigor las nuevas reglas fiscales (2024 se plantea como un año de transición). Esta senda podría ser revisada por el Gobierno esta misma semana, con ocasión de la obligada presentación a Bruselas de la Actualización del Programa de Convergencia antes del 30 de abril. En todo caso, el elevado nivel de deuda pública alcanzado (113%del PIB en 2022) situará a España, de un modo u otro, en el foco de las nuevas reglas.

El objetivo de las nuevas reglas que impulsa la Comisión Europea -tras un largo período de reflexión que comenzó antes de la pandemia del covid 19, quedó congelado durante la crisis sanitaria y se retomó finalmente el año pasado- es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública, garantizando una reducción de los ratios “realista, gradual y sostenida”, y promover un crecimiento sostenible e integrador mediante reformas e inversiones. La piedra angular se centra en una mayor responsabilización de los Estados miembros con planes a medio plazo que tendrán que incluir trayectorias de ajuste a cuatro años, aunque ampliables a siete si los gobiernos se comprometen con más reformas estructurales o inversiones. Estos planes serán evaluados por Bruselas y tendrán que ser aprobados después por el Consejo Europeo.

Los valores de referencia -el 3% y el 60% del PIB para el déficit y la deuda pública- se mantendrán sin cambios aunque la Comisión Europea publicará una “trayectoria técnica” específica para cada país que permita que la deuda se sitúe en una senda de reducción plausible o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit se mantenga por debajo del 3% del PIB a medio plazo. Bruselas también emitirá esta trayectoria a los países con un déficit y una deuda por debajo de los valores de referencia.

De entrada y a la espera de poder analizar la propuesta legislativa de la Comisión Europea en detalle, el Gobierno español ha subrayado que la iniciativa "recoge el cambio de paradigma que planteaban España y Holanda en abril del año pasado", basado en enfoques diferenciados por países e inspirado en el modelo de gobernanza de los Planes de Recuperación "con el fin de reforzar la sostenibilidad fiscal de forma favorable al crecimiento mediante compromisos e incentivos para inversiones y reformas".

Francia, por su parte, se ha mostrado prudente. Aunque considera que la propuesta va en la buena dirección, estiman que hay elementos “contrarios al espíritu de la reforma” al haber incorporado “reglas automáticas uniformes de reducción del déficit y la deuda” (como la relativa al 0,5% del PIB).

Presión de Berlín

La presión de Alemania y de otros países ‘frugales’ ha obligado a la Comisión Europea a introducir algunas medidas de salvaguarda adicionales. Así, los Estados miembros con déficits por encima del 3% tendrán que aplicar un ajuste presupuestario mínimo del 0,5% anual mientras superen el umbral; el aumento del techo de gasto deberá ser inferior al crecimiento a medio plazo y la tasa de deuda pública habrá de ser inferior al final del periodo y “mantenerse en esa senda descendente al menos 10 años sin nuevos ajustes”, explican fuentes del Ejecutivo comunitario. Además, aquellos países que se beneficien de un periodo de ajuste fiscal ampliado tendrán que asegurarse de que el esfuerzo fiscal no se desplaza a los años posteriores.

"Obviamente hemos examinado todas las sugerencias que se han hecho sobre salvaguardas y también hemos tratado de simular qué significan. Había algunas sugerencias -Berlín proponía una reducción anual de la deuda del 1%-, pero de implementar los números sugeridos hubiera llevado a ajustes fiscales demasiado altos y contraproducentes. Si se calcula un ajuste fiscal demasiado elevado el impacto será negativo en el crecimiento y se conseguirá el efecto contrario. No se lograría nada", justifican las mismas fuentes sobre el motivo de no ir tan lejos como reclaman países como Alemania. "Pensamos que es una propuesta buena y equilibrada pero cooperaremos con los Estados miembros para superar las diferentes posiciones", ha indicado en rueda de prensa el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni.

"Las propuestas de la Comisión Europea aún no satisfacen las exigencias de Alemania. Tenemos que garantizar una economía estable y superar las elevadas deudas y déficits de Europa. Eso es lo que el pueblo espera de nosotros y lo que es importante para un buen desarrollo económico. (...) Trabajamos de forma constructiva, pero nadie debe caer en el malentendido de que Alemania consentirá automáticamente las propuestas. Sólo aceptaremos normas que permitan un camino fiable hacia un endeudamiento menor y unas finanzas públicas estables", ha valorado desde Berlín el ministro de finanzas, Christian Lindner, evidenciando que la propuesta sigue sin ser suficiente.

Cláusula de escape

La reforma también incluye cláusulas de escape para permitir a los países desviarse de la senda marcada en circunstancias especiales, en caso de recesión económica grave en la UE o la Eurozona o de circunstancias excepcionales ajenas al control del Estado miembro con "repercusiones” en las finanzas públicas. De constatarse alguno de estos supuestos la Comisión Europea podrá hacer una propuesta aunque la activación y desactivación la decidirá el Consejo.

A cambio de flexibilidad el plan establece un régimen de ejecución más estricto para garantizar que los gobiernos cumplan los compromisos que asumen en sus planes fiscales y estructurales a medio plazo. Los Estados miembros tendrán que presentar informes anuales de situación para facilitar un seguimiento y una aplicación más eficaces y el elemento de referencia será el gasto anual neto. El desvío del objetivo implicará por defecto a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo. Además, si no cumplen con los compromisos en materia de reformas e inversiones, que justifique una prórroga del período de ajuste presupuesto, el período podrá acortarse.

Multas graduales

En cuanto a las posibles multas en caso de desvío de las reglas, la Comisión mantiene el umbral límite del 0,5% del PIB aunque introduce un nuevo sistema de sanciones semestrales con multas acumulables para garantizar una aplicación más "realista" dado que el sistema actual nunca ha llegado a aplicarse. En el caso de que un país se desvíe de la senda de ajuste fiscal pactada con la UE, la sanción inicial será del 0,05% del PIB. Esta cantidad irá en aumento cada seis meses -y abonada cada seis meses- hasta que el Estado miembro en cuestión adopte medidas correctivas efectivas.

La multa acumulada en todo caso no podrá superar el tope del 0,5%, el umbral previsto en las reglas actuales. "El tamaño de las sanciones financieras es tal que puede ser más desestabilizador para un país que ya se encuentra en una situación macroeconómica difícil. Por eso, reducir las sanciones las hace más realistas", ha justificado el vicepresidente Valdis Dombrovskis sobre el nuevo enfoque sancionador. "Nuestras propuestas permiten una rendición de cuentas más creíble como contrapartida a un marco de supervisión que da más flexibilidad a los estados miembros para diseñar sus trayectorias fiscales", ha indicado Gentiloni.

El objetivo es concluir el trabajo legislativo antes de finales de año, bajo presidencia española de la UE, de forma que los primeros planes se empiecen a discutir en el primer trimestre de 2024 aunque la negociación se augura complicada. "Es una buena noticia que sigamos dando pasos. La propuesta nos permite trabajar sobre una base más concreta y podemos seguir aspirando a finalizar los trabajos de aquí a finales de año" pero "tenemos que ver si el conjunto de las salvaguardas van en línea con lo que pedía el Ecofin (en la reunión de marzo", han explicado fuentes del Ministerio de economía español.