Bruselas propone más flexibilidad para reducir la deuda pero con sanciones más efectivas

Hace veinte años que el italiano Romano Prodi, presidente hasta 2004 de la Comisión Europea, calificó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), el marco que reglas rige la gobernanza económica y fija los valores de referencia del déficit y la deuda pública (3% y 60% respectivamente) que los gobiernos deben respetar, de “estúpido, rígido e imperfecto”. Dos décadas después, tras una crisis económica y financiera, una pandemia y una crisis energética que ha disparado la inflación, la Unión Europea ha puesto en marcha la revisión con un sistema que permitirá a los países disponer de sendas de reducción de la deuda a medida y un régimen sancionador más eficaz. El objetivo: llegar a un consenso político para primavera, antes de que empiecen a prepararse los presupuestos de 2024.

“Las orientaciones pretenden garantizar que el marco sea más sencillo, transparente y eficaz, con una mayor implicación nacional y una mejor aplicación, permitiendo al mismo tiempo la realización de reformas e inversiones y la reducción de los elevados ratios de deuda pública de forma realista, gradual y sostenida”, ha resumido el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni. “Las reglas fiscales se centrarán en la reducción de la deuda allí donde sea elevada, sobre la base de planes de los Estados miembros. Una vez acordadados, la supervisión se basará en una simple regla de gasto” y “unas medidas de ejecución más estrictas garantizarán su cumplimiento”, ha añadido el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. 

Bruselas relajará las reglas sobre la deuda y el déficit pero con sanciones más automáticas y rápidas

Se trata, explican fuentes de Ejecutivo comunitario, de no imponer una “austeridad irrealista” como ocurrió en el pasado. “Lo vimos tras la crisis financiera, que había una necesidad de recortar gasto. La senda de inversiones se vio afectada y el daño económico fue enorme. Ahora queremos evitar esto y, por eso, planteamos una visión más realista de lo que se puede conseguir, con un ajuste más gradual pero una mayor probabilidad de que se realice”, explican sobre un sistema más equilibrado, adaptado a las circunstancias actuales y que tener en cuenta las masivas necesidades de la transición verde y digital.

Aunque se trata de un dossier sumamente explosivo, Bruselas confía en que los Veintisiete serán capaces de llegar a un consenso político antes de comenzar los preparativos presupuestarios de 2024 y la reactivación de la cláusula general de escape, suspendida a principios de 2020 por la pandemia, y que mantendrá las reglas fiscales congeladas hasta finales del próximo año. “Es una prioridad urgente ante el momento crítico en el que estamos”, ha insistido Gentiloni que ha anunciado propuestas legislativas y nuevas orientaciones durante el primer trimestre de 2023.

"Se trata de una buena base de trabajo", ha valorado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. "Es una propuesta equilibrada, inspirada en el papel hispano-holandés (non-paper presentado en marzo de 2022) y sus principios básicos de apropiación nacional, enfoque a medio plazo y diferenciación por país", ha reivindicado Calviño. El Gobierno español no descarta que el acuerdo definitivo sobre el nuevo texto legal europeo llegue bajo presidencia española de la UE, en el segundo semestre de 2023.

Cuadratura del círculo

Según la nueva arquitectura, los países de la UE tendrán que presentar planes de ajuste fiscal y estructural nacionales con un horizonte de cuatro años aunque prorrogables a siete años a cambio de compromisos en materia de reformas e inversiones que impulsen el crecimiento y la sostenibilidad. Con este nuevo sistema, los Estados miembros dispondrán de un mayor margen de maniobra y flexibilidad para fijar sus respectivas trayectorias. Un único indicador operativo -el techo de gasto neto anual, es decir, el gasto que está bajo el control de un gobierno- servirá de base para fijar la senda de ajuste fiscal y llevar a cabo la supervisión fiscal.

Aunque serán los gobiernos quienes diseñen sus planes, en coordinación con Bruselas, la Comisión Europea presentará antes una senda de ajuste fiscal de referencia a cuatro años para cada uno de ellos, para garantizar que la deuda de los países con problemas de endeudamiento importantes o medios se sitúe en una senda de descenso plausible y que el déficit se mantenga de forma creíble por debajo del valor de referencia del 3% del PIB. A continuación, serán los Estados miembros quienes tendrán que pulir y presentar los planes.  Podrán proponer periodos de ajuste más largos, ampliando la senda de ajuste fiscal tres años años más, hasta los 7 años, siempre que se comprometan con una serie de reformas e inversiones que apoyen la sostenibilidad de la deuda.

Como ocurrió con los planes de recuperación, Bruselas evaluará posteriormente la situación y si pasan el tamiz -si la deuda se mantiene en una senda descendente o se mantiene en niveles prudentes- el siguiente paso será el aprobado final del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), aunque la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento y los gobiernos tendrán que presentar informes anuales. “Si vemos que un país no está cumpliendo sus compromisos podremos solicitar un plan revisado con una senda más estricta y sanciones”, ha explicado Dombrovskis.

Sanciones más efectivas

A cambio, la nueva arquitectura incluirá un sistema sancionador más efectivo, con sanciones menos importantes que actualmente (del 0,2% del PIB) en términos cuantitativos (aunque no las cuantifican), pero más dañinas en términos de “reputación” para los países castigados. Además, se mantiene la condicionalidad macroeconómica para los fondos estructurales y para el Mecanismo de Recuperación y Resistencia de forma que esta financiación podría suspenderse cuando los Estados miembros no hayan tomado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo.

En todo caso, se mantiene el procedimiento por déficit excesivo -para los países que superen el 3% del PIB- porque según Bruselas, "ha funcionado", pero se elimina la obligación de reducir la deuda un veinteavo al año para los países que superen el umbral el 60%, porque "ha dejado de ser realista", y se sustituye por un sistema que se activará, en cambio, si los países se desvían de la senda de gasto acordada.

El nuevo sistema mantendrá la cláusula de escape para situaciones excepcionales en la Eurozona, donde no sea realista pedir que se respeten las reglas, aunque como novedad también se plantea incluir una individual para circunstancias circunstancias excepcionales que golpeen a un Estado miembro y que sean ajenas a su control. Para ello, sería necesario que la magnitud global de la perturbación superara un rango "normal" (por ejemplo, los costes de las catástrofes naturales deberían preverse dentro de unos márgenes). Su activación exigirá el consentimiento del Ecofin