El Gobierno saca a relucir el escudo anti-opas para evitar la marcha de Ferrovial de España

La decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos no ha gustado al Gobierno que busca la manera de ponerle freno. Si primero fue la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien puso en duda los motivos a los que alude la compañía de Rafael Del Pino para justificar su marcha, ahora es la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha sacado a relucir el escudo anti-opas como una posible forma de evitar la fuga.

En una entrevista en la Cadena Ser Galicia, Ribera ha calificado la decisión de Ferrovial como "un acto político" de su presidente, Rafael del Pino, y ha confirmado que el Ejecutivo sigue "analizando" la manera de evitar la marcha a través del "marco del marco de vigilancia con respecto a las inversiones en España en sectores estratégicos". Esto es el escudo anti-opas aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el inicio de la pandemia del coronavirus (marzo de 2020) y prorrogado en varias ocasiones, la última a finales de diciembre de 2022 por un periodo de dos años más para evitar la compra de grandes empresas españolas a precio de saldo por firmas extranjeras.

“Habrá que ver si las actividades de Ferrovial, que en mucho casos vinculadas a sectores estratégicos, entran dentro de esa posible valoración del Gobierno sobre si se requiere una autorización explícita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario”, ha advertido Ribera. 

El escudo anti-opas es una especia de 'acción de oro' según la cual el Gobierno debe autorizar (o no) cualquier operación de inversión extranjera de más de 500 millones o que supongan más del 10% del capital de la empresa española perteneciente a sectores estratégicos, entre los cuales se incluyen infraestructuras críticas como la energía, el transporte, el agua o la sanidad. En un primer momento esta norma afectaba solo a inversores extracomunitarios, mientras que el 17 de noviembre de ese mismo año, añadió esta restricción a inversores de países de la Unión Europea y la Asociación de Libre Comercio siempre que estén controlados por entidades de fuera del 'club' comunitario.

Es esta última condición del escudo anti-opas la que a priori no cumple la operación entre Ferrovial y su filial holandesa (Ferrovial Internacional SE), por lo cual parece difícil que el Gobierno pueda aplicarla en este caso. Así, si bien las actividades que realiza la constructora se incluyen en el ámbito de esta norma, la marcha a Países Bajos se realiza a través de una sociedad holandesa que la absorbe, pero que tiene como único accionista a la matriz española.

Por su parte, la vicepresidenta Nadia Calviño se ha referido este lunes a que a la espera de su conclusión final, los “análisis técnicos” que están elaborando “en distintos ministerios y en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)” arrojan “serias dudas” sobre la consistencia de los argumentos que ha aducido Ferrovial para justificar el traslado de su sede social a Ámsterdam, que tienen que ver como motivos financieros, de acceso a la bolsa de Nueva York y de seguridad jurídica.