La B-23 y el cuarto cinturón: dos 'encomiendas' a la Generalitat con distinta suerte

El déficit palmario de infraestructuras en Catalunya, reconocido por el propio Estatut, sumado a los incumplimientos en los acuerdos presupuestarios de los gobiernos de todo color ha contado históricamente con numerosas ideas para tratar de solventarlo. Sin éxito. Ya sea porque la inversión nunca ha sido lo suficiente para revertir la situación ya sea porque a la hora de la verdad la ejecución ha alcanzado porcentajes irrisorios, la realidad es que el déficit inversor del Estado en carreteras y ferrocarril se perpetúa. Las encomiendas, de las que se comenzó a hablar en 2018, serán ahora una de las fórmulas a explorar, tal como avanzó EL PERIÓDICO este domingo.

Las 'encomiendas' traspasan la responsabilidad a la Generalitat. El Gobierno cede la ejecución de las obras al Ejecutivo catalán y lo hace con la partida económica correspondiente. O sea, se pacta la conveniencia de desdoblar una carretera, ampliar los enlaces de una autovía, actualizar un trazado o conectar dos estaciones, por ejemplo, y a continuación se transfiere el presupuesto para hacerlo. El Departament de Territori redacta el proyecto, Infraestructures.cat licita las obras y, desde Catalunya, se vela el cumplimiento. Al final, si se trata de la red viaria, se puede ceder la titularidad a la Generalitat o que se mantenga en manos del Ministerio de Transportes.

Subcomisión sin reuniones

En los últimos años, primero el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos y ahora el de Transportes de Raquel Sánchez, han ofrecido a Territori este sistema, con distinta suerte. El clamor por el déficit de infraestructuras, denunciado por los gobiernos y la sociedad civil por todas las vías posibles, forzó una reunión de la subcomisión bilateral de infraestructuras en octubre del 2018, un órgano que llevaba ni más ni menos que 11 años sin reunirse. El entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y el 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, exploraron esta opción sin resultado alguno: no se pusieron de acuerdo sobre qué era a cuenta de la disposición adicional tercera y qué no. La subcomisión de infraestructuras tampoco se ha vuelto a reunir.

Más recientemente, ya en la etapa de Jordi Puigneró, ha habido una de cal y otra de arena. Los artífices de los acuerdos, el secretario general de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, y el secretario de Infraestructuras del ministerio, Xavier Flores, que habían trabajado juntos durante casi una década. Font y Flores se hicieron la foto junto a la ministra Sánchez en julio: era la primera 'encomienda', las esperadas obras del carril bus de la B-23 de entrada por la Diagonal de Barcelona.

La B-40 no gusta al 'conseller'

Ahora mismo, el proyecto de los siete kilómetros de autopista tira adelante. La clave para que sea así es que hay un convenio firmado. "Quien tiene un convenio tiene un tesoro", decía un experimentado ingeniero de la Generalitat. Sin embargo, esto no se había logrado en junio, con otro de los proyectos eternos del ministerio en Catalunya, el cuarto cinturón. Aquel viernes 10, Puigneró y Font plantaron a la ministra en Terrassa (Vallès Occidental) en el último momento por orden de Presidència, a pesar de que el proyecto de la B-40, con ejecución de la Generalitat y dinero del ministerio, se iba a convertir en la segunda 'encomienda'. Ahora, con un 'conseller' de Territori, Juli Fernàndez, en contra de estas obras, está por ver qué futuro tiene.

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