Escrivá sube su propuesta de cuota máxima de autónomos a 565 euros

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha remitido a las organizaciones de autónomos el texto preliminar de reforma que confía en tener aprobado en el Consejo de Ministros antes de que acabe el año. Hay movimientos en las tablas de cotización, subiendo la cuota máxima ligeramente respecto a su última propuesta y situándola en 565 euros. Y la más baja desciende también ligeramente, hasta los 245 euros mensuales, según confirman fuentes del diálogo social. La nueva oferta también rebaja levemente las cuotas a los tramos intermedios, contiene algunas bonificación a los tramos más bajos en cuanto a contingencias comunes y mantiene una nueva tarifa plana de 70 euros durante dos años para los que prevean ingresar menos que el salario mínimo al inicio de su actividad como autónomos.

En el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se recoge novedades en relación a las prestaciones y protección del colectivo. Una de estas es la posibilidad de los autónomos que acaben de tener o adoptar un hijo de bonificarse la cuota (dejar de pagarla y que la asuma el Estado) mientras estén de permiso de paternidad o maternidad. También se reformula el cese de actividad o 'paro de autónomos' para crear un formato que sea compatible con la actividad y de posibilidad de cobrar el 50% de la base reguladora durante unos meses.

El ministro José Luís Escrivá pretende tener cerrado cuanto antes la reforma del sistema de cotización de autónomos, pues tiene comprometido con Bruselas que esta estará antes del 30 de junio. Este lunes los negociadores del Ministerio le han entregado un texto de 76 páginas a ATA, Upta y Uatae y les han vuelto a citar para este viernes, con el fin de culminar las conversaciones. En el documento de 76 páginas que les remitió el sábado pasado y han comentado este lunes no figura por escrito el detalle de las cuotas, pues sus cuantías definitivas serán objeto de negociación a lo largo de esta semana.

"Ya es momento de tomar decisiones. Si este sistema nace con el apoyo del 100% de las partes implicadas sería lo ideal, pero sino el Gobierno tiene que tomar decisiones", ha afirmado el presidente de Upta, Eduardo Abad. Y es que el Gobierno no tiene ahora mismo a la patronal y sus organizaciones afines dentro del acuerdo. "Es una propuesta inasumible. Es cierto que baja las cotizaciones para 1,3 millones de autónomos, [...] pero [el resto] necesitan que el Gobierno les quite costes, no se los sume", ha declarado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Bonificación para ingresos bajos

Las cuotas para las rentas más altas son el escollo que separa a ATA y CEOE del acuerdo y las condiciones para las rentas más altas no acaba de gustar del todo a Upta y Uatae. Para estas, la última propuesta incorpora una bonificación de las cuotas para aquellos autónomos que ingresen por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) durante dos años seguidos. "Todavía se puede seguir haciendo un mayor esfuerzo en los tramos inferiores. Con la propuesta que hay sobre sobre la mesa, alguien del tramo bajo que gane 400 euros al mes paga de cuota más del 60%, mientras que en el tramo alto el esfuerzo no llega al 15% de sus ingresos", afirman desde Uatae.

Si bien esa novedad gusta a las organizaciones pro sindicatos, parte del redactado del cese de actividad de autónomos no les acaba de convencer. Preocupa que el porcentaje de disminución de ingresos o la necesidad de reducir la jornada a todos los trabajadores a cargo sea del 75% o más, pues ello limita el acceso, ya que un erte solamente permite disminuir la jornada un 70%. Es decir, aplicando solo un erte no sería suficiente para acceder a esta ayuda. Y concede pocas garantías para los autónomos sin empleados, para los que reclaman reformular el concepto de causas económicas.

Hasta ahora el cese de actividad no ha funcionado por sus elevados requisitos. Como muestra: solo lo han cobrado 66.502 personas, entre 2013 -cuando se puso en marcha- y 2020, de las 3,3 millones que componen el colectivo, según datos públicos de la Seguridad Social.

La negociación durante los últimos meses ha obligado al Gobierno a ir modulando su propuesta. El último documento perfila una reforma 'light' a tres años, cuando inicialmente el Ejecutivo buscaba amarrar un consenso de mayores cambios y de entrada progresiva hasta el 2031. Ahora ese esquema se traslada a una reforma a tres años que incluye un compromiso por escrito para una segunda fase a partir del 2026 de la que no hay más tinta escrita.

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