Fiscalidad
El Gobierno aprobará este lunes el nuevo impuesto municipal de plusvalías
El real decreto entrará en vigor de manera inmediata, la próxima semana
Hacienda quiere garantizar que los ayuntamientos no exigirán el impuesto si no ha habido ganancias reales
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
El Consejo de Ministros prevé aprobar en su reunión del próximo lunes, 8 de noviembre, un real decreto ley con el nuevo diseño del nuevo impuesto municipal sobre la plusvalía, que entrará en vigor de manera inmediata, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente a partir del próximo miércoles. Tal como adelantó EL PERIODICO la aprobación se producirá en el Consejo de Ministros de la próxima semana, que se celebrará en lunes, dado que el martes es festivo en Madrid.
El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) -que es su denominación exacta- se aplica cuando se vende un inmueble urbano. En ese momento, el propietario debe tributar por la diferencia entre el valor del suelo de ese inmueble cuando se adquirió y el que tiene en el momento de su venta. El impuesto está diseñado con una metodología que siempre da como resultado un aumento del valor del suelo, incluso en momentos en los valores se desplomaron, como sucedió en la crisis inmobiliaria. Este es el motivo por el que, en su última sentencia, el Tribunal Constitucional ha fallado contra la regulación del impuesto.
Según fuentes de Hacienda, la reforma que se aprobará este lunes garantizará que no se exigirá el impuesto si no se han producido ganancias reales en la venta de un inmueble. En el debate sobre el proyecto de Presupuestos del Estado para 2021, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó la aprobación de "un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales" con el objetivo de dar "tranquilidad y seguridad" a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, que reciben alrededor de 2.600 millones de este impuesto cada año para su financiación.
En su sentencia, el Constitucional aclara que no se podrán presentar reclamaciones después del 26 de octubre -que es cuando se publicó el fallo- por el posible impuesto pagado de más y que después de esa fecha solo se atenderán las reclamaciones ya en curso.
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